Una epidemia descontrolada podría llevar a una medicina de catástrofe: el dilema ético del personal sanitario

La Comunidad de Madrid está tomando medidas excepcionales para atender a los casos graves afectados por el COVID-19, cuyo número se ha incrementado considerablemente en los últimos días. Para evitar el colapso de los hospitales, especialmente de las unidades de cuidados intensivos (UCIs), se han suspendido o pospuesto cirugías, pruebas diagnósticas, consultas externas “no preferentes” e ingresos programados. Además, se han habilitado zonas especiales en los hospitales para ampliar el ámbito de actuación de las UCIs, se ha contratado a centenares de profesionales sanitarios, cancelado las vacaciones del actual personal y adquirido elementos de protección y dispositivos de soporte respiratorio. Por otro lado, el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid ya gestiona los recursos sanitarios de los hospitales privados para que actúen en esta epidemia y convertirá algunos hoteles en hospitales improvisados para los pacientes menos graves que necesiten atención médica.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias y políticas están llevando a cabo múltiples acciones para evitar la concentración de personas e insisten con fuerza en la importancia de limitar las interacciones sociales y tomar medidas higiénicas. El objetivo principal durante las próximas semanas será limitar la velocidad de los contagios para que la epidemia no desborde los sistemas sanitarios. Aunque el COVID-19 sea una enfermedad leve en más del 80% de los casos, los estudios nos muestran que en torno al 20% de los enfermos desarrolla un síndrome de dificultad respiratoria aguda y en torno al 12% necesita ventilación mecánica. Estos pacientes pueden llegar a estar ingresados hasta un máximo de 3-4 semanas. Todas estas características del COVID-19, unidas a una epidemia descontrolada, son la tormenta perfecta para el colapso de los hospitales.

Precisamente por ello, España está intentando evitar caer en la misma situación que Italia, donde el coronavirus se ha difundido ampliamente y los hospitales están desbordados. En estos momentos, Italia cuenta con más de 17.000 casos confirmados (se estima que la cifra real es muy superior) y más de 1.200 muertos. Aunque China anunció hace unos días que iba a enviar a Italia mil respiradores y millones de mascarillas, el país europeo está pasando un momento crítico para atender a los pacientes más afectados por el coronavirus. La presión asistencial es tan fuerte, sobre todo en las UCIs, que es imposible atender a todo el mundo en algunos hospitales e ingresar a todos aquellos que lo necesitan. No hay camas ni ventiladores mecánicos para todos y los profesionales sanitarios se ven obligados a decidir a quién ingresar.

Priorizar la asistencia en función del bien común

El 6 de marzo, la Sociedad Italiana de Anestesia, Analgesia, Reanimación y Terapia Intensiva (SIAARTI) publicó unas recomendaciones para orientar a los profesionales sanitarios sobre cómo atender a los pacientes en una situación de elevada sobrecarga. En este documento se compara la situación con una “medicina de catástrofe”, en la que hay que decidir cómo y a quién atender en un escenario de recursos sanitarios limitados. Profesionales sanitarios como Christian Salaroli, anestesista, describen la situación “como la guerra”, donde la supervivencia “se decide por la edad y por las condiciones de salud”.

Una medicina de catástrofe, con recursos sanitarios insuficientes, no se centra en el beneficio de un solo enfermo, sino en el beneficio colectivo de todos ellos. Se prioriza la asistencia basándose en el bien común del conjunto de los pacientes. En ese sentido, el 10 de marzo, el Departamento de Bioética Clínica del Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro difundió entre sus trabajadores un documento sobre las consideraciones éticas en el manejo de los pacientes que podrían requerir asistencia en las UCIs. En dicho escrito destaca lo siguiente: “Es prudente prever la necesidad de administrar responsablemente en todo momento los recursos en aras de la mayor justicia distributiva y el mayor bien para el mayor número de personas. [...] Dada la situación que actualmente padecemos, consideramos que es prudente y adecuado dirigir los mayores esfuerzos terapéuticos a los pacientes que, tras evaluación de los criterios clínicos de gravedad y pronósticos previamente seleccionados, se considere que tienen mayor posibilidad de supervivencia y conseguida esta en menor plazo de tiempo con su ingreso en UCIs”.

Se estima que España está en la misma situación en la que estaba Italia hace 7-10 días. Las diferentes acciones que se están tomando (tanto a nivel individual como político) para frenar la epidemia determinarán en las próximas semanas que sigamos o no la misma evolución que dicho país europeo.

Aunque circulan audios por las redes sociales sobre hospitales con las UCIs colapsadas en Madrid y pacientes graves que se quedan fuera, estas informaciones no son ciertas. El pasado viernes a la tarde el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, declaró que había 205 pacientes graves ingresados en las UCIs (tres días antes la cifra era de 102) y que contaban con 335 camas libres. Se pretende instalar 1.000 nuevas camas de UCIs en los próximos días para garantizar el cuidado de los pacientes más graves.

En estos momentos, la epidemia no ha sobrepasado a los servicios sanitarios. Aun así, se trata de evitar, a toda costa, que el previsible aumento de casos graves en los próximos días lleve a una medicina de catástrofe como en Italia. El Gobierno ha previsto que se alcancen los 10.000 casos en España la próxima semana. Esto llevaría a que alrededor de 1.000 pacientes necesiten UCIs.

Se dispone, ahora mismo, de camas suficientes (4.400 camas dentro del país) para atender a esta cifra de pacientes. Sin embargo, la concentración de pacientes graves en zonas como Madrid obliga a extremar todas las precauciones para que todas aquellas personas que necesiten ingresar en el hospital puedan hacerlo. La responsabilidad individual y colectiva de la población española y las autoridades es clave para que las personas más vulnerables puedan ser atendidas con todas las garantías en las próximas semanas.