Illa evita dar nombres y detalles sobre la evaluación para pasar a la fase 1: será “una revisión cualitativa” con él como máximo responsable

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido este jueves de que el avance de las comunidades autónomas hacia la fase 1 de desescalada dependerá de un examen global de cada situación más que de la comprobación de determinados umbrales. “Será una revisión cualitativa exhaustiva”, ha dicho Illa en la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

El ministro ha acudido al Parlamento en medio del proceso de evaluación conjunto con las autoridades autonómicas que tiene en vilo a la población, pendiente de si podrá ya disfrutar de la siguiente etapa en la estrategia de desconfinamiento. Aunque Illa aclaró que ningún dato concreto puede por sí solo anticipar la decisión de Sanidad sobre cada territorio sino que se trata de una valoración general, el suspense no puede durar mucho: el proceso debería estar culminado “el viernes por la tarde o el sábado”, según comentaba un poco antes el director del Centro de Emergencias, Fernando Simón.

La evaluación terminará con una decisión que corresponde al Ministerio de Sanidad. Salvador Illa ha explicado que, a la hora de realizar el análisis, hay “indicadores menores e indicadores mayores, según los ha llamado el doctor Simón pero, cinco indicadores menores buenos pueden corregir un indicador mayor”.

Illa ha mantenido reuniones con todas las comunidades y ciudades autónomas, como exige la orden ministerial que regula la cogobernanza del proceso de transición. La última, ya por la noche, ha sido Castilla y León, que estaba agendada para las 21.00. También se ha reunido con el consejero de Sanidad madrileño, aunque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el epicentro de la epidemia, no envió a tiempo su informe al Ministerio, sumido en una grave crisis interna. En Sanidad se aguardó durante toda la jornada la documentación de la Comunidad de Madrid, cuya solicitud fue decidida in extremis el miércoles por la tarde (con el plazo ya vencido). Todavía sin haberse enviado, sorprendió la noticia de que la directora general de Salud Pública del Gobierno de Ayuso, Yolanda Fuentes, dimitía de su cargo tras haberse mostrado contraria, según confirman fuentes de la Comunidad de Madrid, a la decisión de solicitar un cambio de fase.

El refuerzo de Atención Primaria y el rastreo

Lo que sí ha aparecido como dato crucial para asegurar que se puede avanzar en el desconfinamiento ha sido la capacidad de cada territorio para controlar la enfermedad en las fases de desescalada. “Es muy importante que la comunidades autónomas pongan en marcha sus mecanismos de rastreo, y muchas lo están haciendo”, ha afirmado en referencia al seguimiento de los contactos de cada nuevo contagio que se confirme. Y ha añadido que “hay que reforzar la Atención Primaria porque es donde se pueden detectar los casos precoz y efectivamente”.

En este sentido, la estrategia de detección para las fases de transición pide que a cada caso sospechoso se le haga un test de PCR en 24 horas. Illa ha llegado a afirmar que “ningún caso sospechoso se quedará sin prueba”. Al parecer, las comunidades con las que ya se ha comenzado a revisar sus planes han aceptado la importancia de mejorar la asistencia primaria, según ha subrayado el ministro tras reunirse con la mayoría de ellas.

Por los grupos de la oposición revoloteaba una idea acerca de este proceso de evaluación ahora en marcha: quieren conocer los nombres concretos de las personas que hacen los análisis técnicos. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, iba más allá: ha asegurado que “es una obligación legal”, al aferrarse a la ley de Salud Pública. En realidad, ese texto pide que se conozca el proceso de selección y nombre de los asesores externos. Fuentes del Gobierno insisten en que se trata de funcionarios y que, por tanto, no pueden revelar sus nombres. Salvador Illa ha zanjado que los responsables de lo que se decida serán los que ostentan el cargo: él mismo.