Las ONG creen que la nueva circular sobre los CIE reconoce el uso indiscriminado del confinamiento
El domingo pasado, 27 de julio, la Policía Nacional emitió una circular para regular los protocolos que conducen a las personas inmigrantes a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Por sorpresa, según las asociaciones implicadas con este colectivo que ha consultado eldiario.es, especificaba las actuaciones por el que la policía solicita el uso de estas instalaciones –que privan de libertad a ciudadanos sin delitos para su expulsión de España–. “No aporta nada nuevo y reconoce que los centros se vienen utilizando de manera indiscriminada”, según estas ONG.
La Dirección General de la Policía ha incluido en este documento que “las peticiones dirigidas a la autoridad judicial reflejen realmente la situación personal, social y familiar del ciudadano extranjero, así como la viabilidad de que pueda llegarse a efecto la medida de repatriación”.
Según Juan Rubio, abogado de la asociación Sin Papeles, “lo que le dice la circular a la policía es que se cumpla la ley, realmente no hacía falta un documento para eso, ¿no?”. El Ministerio del Interior cuenta ahora que se indagará sobre “si la persona tiene domicilio en España, si tiene hijos a su cargo o las circunstancias que su expulsión tendría sobre su familia”. Esto le sirve a Rubiño para argumentar que “es un indicio de cómo se está actuando hasta ahora en las comisarías, que no se estaba cumpliendo la legalidad”.
La responsable del área jurídica de la Red Acoge, Inés Díez, ha explicado a este diario que el texto policial debería servir para “que se aplique la lógica y no se decrete el ingreso en los CIE de manera indiscriminada”. Díez pide que “se haga un estudio más pormenorizado de cada persona y, también, de los países de origen de esas personas a las que se pretender devolver”. Y pone el acento en que es crucial una racionalización del sistema “que ahora el propio Ministerio del Interior reconoce que es ineficaz y al que se dedica bastantes recursos económicos”.
A la responsable de Red Acoge le asaltan dudas sobre “el procedimiento que van a utilizar, qué información van a utilizar, si se consultará con las familias de los inmigrantes o sólo con los expedientes policiales”. A este respecto, un portavoz de la Policía ha subrayado a eldiario.es que “el instructor del expediente que recabe la información es policial pero luego es un juez quien adopta la medida definitiva”.
La misma Dirección General admite que el objetivo de esta medida es “asegurar la expulsión o devolución” de los inmigrantes en situación irregular. Es decir, pretenden conseguir que quien entre en un centro termine fuera de España. Actualmente, la tasa de expulsión de las personas que pasan por los CIE, según el Defensor del Pueblo, está en el 40%, 6.000 personas el año pasado. El abogado Rubiño se cuestiona si “pretende que sean más efectivos o que estén más llenos”. Según su interpretación, “los ingresos deberían ser una medida excepcional porque implica la privación de libertad sin delito”.
La Policía ha calculado que los centros de internamiento peninsulares están de media “a un 48% de su capacidad”. De ahí que se pida a los agentes que estudien “la viabilidad de la posibilidad real” de que quienes sean confinados en un centro terminen expulsados. “La práctica habitual que nosotros hemos detectado”, repite Rubiño, “es que casi automáticamente, si hay plaza libre se solicita el ingreso en el CIE”.
Lo que no incluye el análisis de los dirigentes policiales es la situación de los Centros de Internamiento Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, en muchas ocasiones la base desde donde se traslada a la península para aliviar la saturación de esas dos ciudades.
Con todo, la Red Acoge recuerda que no es permisible que “una persona pase un montón de días privado de libertad y termine otra vez en la calle después de tanto tiempo de sufrimiento”. De hecho, algunas asociaciones como Ferrocarril Clandestino, se colocan directamente en contra de la misma existencia de los CIE.
“Un intento de maquillaje”
Irene Ruano trabaja para la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y, tras leer el texto, analiza que “nos parece un intento de maquillaje, sobre todo al poner el acento sobre la ocupación de los centros, que no deja de ser una cuestión logística, en lugar de en el problema de base que es de derechos humanos”.
A Ruano le llama la atención que el objetivo del protocolo policial sea conseguir más deportaciones “por lo que se puede interpretar que se hará un uso segregado de los CIE para conseguir reunir aquellas nacionalidades para las que esté próximo un vuelo de extraditados”. Además, abunda en la idea de que “para cumplir con los supuestos legales de internamiento no hace falta ninguna nueva circular sino una voluntad por parte de la Policía que no ha existido”. Para esta activista, el texto policial “es un reconocimiento de que se ha utilizado el internamiento de manera aleatoria y fuera de los supuestos legales”.
