Test de antígenos en plena calle iluminados por los faros de un coche

El equipo del SUMMA que acudió a hacer test de Covid, el pasado lunes, bajo los focos de un coche

Sentada en un poyete, en la calle, junto a la entrada de las urgencias del ambulatorio de La Paz de Rivas, un equipo del SUMMA le hace la prueba rápida de la COVID-19 a L.P., una menor a la que previamente el 112 ha derivado hasta allí ante los síntomas que describe su madre, Ana, para saber si su hija estaba contagiada. A los pocos minutos le dan los resultados de la prueba del test de antígenos: negativa. Es lunes, fiesta de Todos los Santos, y el panorama impacta a todo el que acude a la cola. Los sanitarios atienden en la calle a los vecinos, que aguardan pacientemente dentro de sus coches, mientras el centro permanece cerrado. Al caer la noche se improvisa una solución para seguir atendiendo a la gente: alguien enciende los faros de su vehículo para que el personal sanitario de la Comunidad de Madrid pueda seguir realizando pruebas. Son tres y todos reconocen que no son las mejores condiciones para atender a los pacientes. El barracón donde antes trabajaban está cerrado. Ni la Consejería de Sanidad de Madrid, ni el Ayuntamiento, ni el propio SUMMA, por distintas razones, han podido aclarar a eldiario.es quién envió ese equipo y por qué estuvieron trabajando en esas condiciones.

Al día siguiente, laborable, la situación en el ambulatorio es la habitual. Son las 6:30 de la tarde y llueve mucho pero eso no impide que haya colas para entrar a consulta o para ponerse la vacuna de la gripe, como ocurre en cualquier ambulatorio de Madrid o de otra provincia española. "No sabemos nada ni estamos autorizados para hablar con la prensa. Contacte con la dirección por la mañana", responden prácticamente todos los trabajadores consultados por eldiario.es. Algunos a lo más que se atreven es a comentar que están ya acostumbrados a trabajar en precariedad mientras indican que lo que más les preocupa es "la desatención que hay al paciente crónico. No se les hacen pruebas porque las enfermeras no tienen su agenda habitual. No hay programas de salud".

La gerente del ambulatorio contestó a eldiario.es por correo electrónico –contactar por teléfono fue imposible– que "no tenía constancia de que se hayan hecho pruebas en el centro en el fin de semana", remitiendo al periodista al SUMMA: "Tiene otra Gerencia y no tiene relación con nosotros".

En el Ayuntamiento, desde la concejalía de Salud, afirman que hacer esas pruebas no es competencia municipal, y, a su vez, apuntan a la Comunidad de Madrid, que es de quien depende el SUMMA. Pese a ello, tras realizar algunas consulta, la explicación que trasladan a esta redacción es que fuentes del SUMMA les indican que aunque los Servicios Urgencias de Atención Primaria (SUAP) están cerrados, "la unidad de atención domiciliaria (UAD) y el Vehículo de intervención rápida (VIR) se mantienen para hacer los avisos". De este modo, "cuando una persona llama al 112 diciendo que tiene sintomatología compatible con COVID-19, si ésta es leve, se indica al paciente que acuda a la puerta del SUAP para realizar el test de antígenos sin bajarse del coche. Y si la sintomatología es grave, es el personal sanitario el que acude al domicilio del paciente o lugar en que se encuentre".

La Consejería de Sanidad de Madrid, por su parte, asegura que desconoce estos hechos y muestra su extrañeza. Desde el departamento de Comunicación indican que no les consta que un equipo del SUMMA estuviera en el ambulatorio de La Paz de Rivas realizando esas pruebas el pasado lunes. Pero lo que nadie explica es por qué estaban los sanitarios en la calle, sin luz, y en esas condiciones tan penosas.

Además de los vecinos, un grupo de activistas de la Plataforma por la Sanidad Pública de Rivas también fue testigo de aquella escena. Uno de sus portavoces asegura que "por cosas como esa nos manifestamos todos los lunes en las puertas de los tres ambulatorios que tiene el municipio".

Carmen Esbrí, portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, colectivo conocido como La Marea Blanca, lamenta que "la gestión de la crisis de la COVID-19 en Madrid es cada día más caótica" culpabilizando de ello a la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, y a su vicepresidente, Ignacio Aguado: "Es un gobierno incapaz que además oculta información a los ciudadanos; no dan los datos ni estamos tan bien como quieren hacer creer, entre otras cosas porque no tienen ningún interés en poner en marcha lo que debieron haber puesto en el mes de mayo: contratación de personal sanitario de todos los niveles para fortalecer los centros de Atención Primaria muy castigados y presurizados; también en hospitales".

"No han contratado la cantidad de rastreadores para una comunidad con más de 6,7 millones de habitantes; que deberían estar en unos 1.800. De todo lo prometido para superar las fases sucesivas no ha habido. Es más, están muy precarizados los centros de Atención Primaria y cerrados los SUAP, que son los centros de Urgencias de Atención Primaria. Dicen que no hay profesionales, pero no dicen que se los han ido cargando ellos, tanto por los despidos, como por los contagios al no haber tenido medidas suficientes de seguridad, también por bajas por estrés y depresión", añade.

Esbrí denuncia que "no les importa gastar casi 100 millones de euros en un hospital como el de Valdebebas para dar negocio a constructoras o pagar 900.000 euros por 20 plazas en un hospital privado perteneciente a una congregación católica por una duración de 2 meses, mientras casi no se hacen PCR, las pruebas más fiables, para todo el proceso de control del Sars-Cov2, sino que se usan sin orden ni concierto, a veces en forma de cribado masivo con pruebas de antígenos, llamadas test rápidos, que requieren un procedimiento muy riguroso y que da muchos falsos negativos además de que no parece que queden recogidos en Salud para seguimiento y rastreo del movimiento del virus". "Gobiernan con el caos como modus operandi para camuflar la verdadera situación y seguir con caprichos muy peligrosos porque mueren personas y sufren muchas otras", concluye. 

Rivas es un municipio del este de Madrid de más de 85.000 habitantes. El Ayuntamiento está gobernado por Izquierda Unida, y su alcalde, Pedro del Cura, que lleva desde 2014 en el cargo, también se une a las quejas de los vecinos. Según explica a elDiario.es, hace más de dos años, ante el crecimiento de la población, el Pleno del Ayuntamiento aprobó ceder a la Comunidad de Madrid una parcela de más de 7.000 metros cuadrados para que albergue el cuarto centro sanitario en el barrio de La Luna. Dos años después, los ripenses siguen esperando. "Nos hemos dirigido a la Consejería de Sanidad varias veces para colaborar con ellos, ofreciéndoles espacios municipales para la campaña de la gripe y que la gente no se acumule en la calle, al sol o con la lluvia, y ahora lo último es con los test en la puerta, casi en el suelo trabajando y dando citas a un mes. Es la foto de la precariedad".

A su juicio, no obstante, eso es "solo el botón de muestra de cómo está la atención primaria en Madrid. En el caso de Rivas es más sangrante porque tenemos los centros de salud con más presión de población de toda la Comunidad. La Consejería nos ha planteado que nosotros construyamos ese cuarto centro de Salud de Especialidades y que luego nos lo pagarán ellos, pero ni siquiera se ponen ya al teléfono. Así que ahora los vecinos se tiene que ir a Arganda. La situación es tercermundista", lamenta. "Tenemos un barracón de obra que supuestamente son las urgencias mientras se niegan a que colabore el Ayuntamiento".

El alcalde asegura que la última reunión que tuvo con responsables autonómicos fue con la anterior directora general de Atención Primaria, que dimitió: "Entre las dimisiones y que no cogen el teléfono es imposible tener una interlocución. Además, ahora todo está centrado en el nuevo hospital de Ayuso. Yo estoy atemorizado de que cuando lo abran se lleven personal de atención primaria, y eso agravaría aún la situación de los demás centros", advierte Del Cura.

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