El Supremo cuestiona el decreto del Gobierno que deja en sus manos decidir sobre las restricciones tras el estado de alarma

El gabinete técnico de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo ha emitido un primer informe de urgencia sobre el decreto-ley aprobado esta semana por el Gobierno que deposita en el Alto Tribunal la última palabra sobre las restricciones sanitarias que adopten las comunidades autónomas tras el estado de alarma. El documento, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso elDiario.es, alerta sobre los “numerosos interrogantes” y los “problemas prácticos” del recurso exprés aprobado por el Gobierno. 

Pero no sólo eso. Aunque no hace análisis a fondo, alude al “problema de constitucionalidad” que puede suponer al situar a los tribunales “como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas, al modo de competencias administrativas compartidas”. Y también apunta, por otro lado, a una “posible insuficiencia” de este tipo de norma —un decreto ley— para regular cuestiones que afectan a derechos fundamentales. No obstante, no entra a hacer un análisis más detallado de estos posibles problemas legales y afirma que “ambas cuestiones requieren de un estudio profundo que ahora no puede abordarse”. 

Sí se pronuncia, sin embargo, sobre el principal motivo esgrimido por el Gobierno para promover esta reforma: la unificación de criterios en los tribunales ante el goteo de decisiones judiciales no siempre homogéneas sobre estas medidas. Según la exposición de motivos del real decreto, la introducción del recurso de casación pretende “uniformar doctrina” ante las “posturas divergentes” de los tribunales autonómicos. Los letrados del Supremo, sin embargo, no lo tienen tan claro y advierten de que “eso puede no ocurrir”, pues “bien puede suceder que la Sala llegue a la conclusión de que el recurso de casación concretamente examinado está incurso en causa de inadmisión”. 

Por Elena Herrera.