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ANÁLISIS

¿Cómo conseguirán los países pobres acceder a la vacuna contra el coronavirus?

Una científica brasileña trabaja en el laboratorio de Inmunología del Instituto del Corazón (Incor) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo.

Achal Prabhala / Kate Elder

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Las vacunas contra la COVID-19 llegarán pronto. Se están invirtiendo miles de millones de euros y hay más de 100 proyectos activos, de los cuales al menos 13 ya están siendo probados en humanos ¿Pero cómo harán las personas más pobres del planeta para tener acceso a estas vacunas? De la respuesta a esta pregunta depende el futuro de más de la mitad de la población del mundo.

Es una cuestión fundamental en estos tiempos. En el pasado, cuando este problema no fue resuelto adecuadamente, el resultado fueron millones de muertes innecesarias. Y aún así, muchas personas creen que la respuesta es muy simple. Si les preguntamos a las grandes corporaciones farmacéuticas cómo harán para asegurar el acceso a las vacunas contra la COVID-19, responden: “Gavi”. Si les preguntamos a los Gobiernos de países ricos qué están haciendo para garantizar un acceso igualitario en todo el planeta, ellos también responden: “Gavi”.

Gavi (Alianza Global para la Vacunación) agrupa a organizaciones públicas y privadas desde hace 20 años y parte de la premisa de que una fusión entre los mercados y la filantropía puede suministrar vacunas al mundo entero. Las cifras son impactantes: cada año, Gavi distribuye 500 millones de vacunas contra 17 enfermedades diferentes. La cantidad de dinero que recibe Gavi también es impactante. A principios de este mes, en la Cumbre Mundial de las Vacunas, Gavi rompió récords recaudando más de 7.800 millones de euros.

El principal contribuyente es el Gobierno británico, que se ha comprometido a donar casi 365 millones de euros por año durante los próximos cinco años. Otro importante donante es la Fundación Gates, junto con otros gobiernos de países ricos. En la cumbre, Gavi lanzó su iniciativa más reciente: un fondo para futuras vacunas contra la COVID-19, llamado Centro Covax. Dicho fondo invita a los países a invertir en un amplia cartera de potenciales vacunas, compartir el riesgo y adquirir acceso privilegiado a los eventuales productos.

Gavi ha anunciado especialmente una unidad dentro del Centro Covax llamada Compromiso Covax para el Progreso del Mercado (AMC, por sus siglas en inglés) que se encargará de la cuestión del acceso a las vacunas. El primer acuerdo –un contrato de 669 millones de euros con AstraZeneca por 300 millones de dosis de la potencial vacuna producida por la Universidad de Oxford– fue proclamado como un compromiso de la industria para cubrir las necesidades de los países más pobres del mundo. Pero el precio fue alto, ya que solo se obtuvo un pequeño descuento respecto del precio que pagó el Gobierno de Estados Unidos.

El problema es que no hay muchos detalles sobre este acuerdo porque el contrato no se ha hecho público, a pesar de que implica dinero público. Por ejemplo, no sabemos si AstraZeneca se quedará con el dinero en caso de que la vacuna no funcione. Ni siquiera sabemos con seguridad si todas las vacunas compradas se destinarán a países pobres. Hemos consultado a AstraZeneca sobre estas cuestiones, pero no hemos recibido una respuesta a tiempo antes de la publicación de este artículo.

En la cumbre, Gavi prestó poca atención a algunas decisiones que se han tomado dentro del Centro Covax con el objetivo de que el fondo fuera más atractivo para los países ricos. Por ejemplo, existe un consenso general respecto de que las personas más vulnerables del planeta deberían recibir las vacunas primero y de una forma justa e igualitaria. El próximo Marco de Distribución Global de la Organización Mundial de la Salud establecerá justamente cómo se puede garantizar eso.

Sin embargo, un informe realizado para reunión de la junta directiva de Gavi que ha estado circulando en manos de los integrantes –incluyendo las organizaciones de la sociedad civil– propone que los países ricos puedan hacer caso omiso del Marco de Distribución de la OMS y que solo lo acaten los países pobres. Según ese documento, parece que Gavi distribuiría en los países ricos vacunas suficientes para cubrir a un porcentaje fijo de la población, el cual sería establecido por “organismos consultivos nacionales”. En cambio, los países pobres solamente recibirían vacunas para los grupos de personas más vulnerables, y eso después de demostrar con pruebas de cuántas personas se trata.

A los países ricos se les “alienta (pero no se les obliga)” a donar vacunas si tienen más de las que necesitan, pero no queda claro cuándo los países pobres recibirán esas vacunas donadas: ¿será al mismo tiempo que los países ricos o solo después de que estos hayan usado todas las vacunas que necesitan y decidan cuántas les sobran?

La posibilidad de un sistema con doble criterio pone sobre la mesa el problema fundamental por el que precisamente se fundó Gavi: el acceso igualitario a las vacunas. Gavi ha contribuido de muchas maneras a generar el problema que ahora intenta resolver. Tres décadas distribuyendo medicamentos y vacunas a personas pobres han dejado claro el problema y la solución: monopolios de vacunas en manos de la industria farmacéutica impuestos gracias a patentes que cuando se suspenden hacen bajar los precios y aumenta el suministro.

Tanto los países ricos como las organizaciones que conforman Gavi tienen la culpa: Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea han invertido miles de millones en investigaciones sobre vacunas y casi todo ese dinero acaba en manos de corporaciones farmacéuticas privadas sin que nada impida que luego monopolicen las vacunas que producen.

Además, todos estos países se han asegurado el almacenamiento de futuras vacunas gracias a acuerdos directos con los fabricantes, otra vez sin ninguna condición que garantice acceso a ellas. Al no objetar los aspectos más perversos de la industria farmacéutica –como los monopolios que impiden el acceso a sus productos–, Gavi trabaja en sintonía con los países que la financian. En el mejor de los casos, Gavi no ha sabido luchar por el control de las vacunas que financia. En el peor, Gavi cree que los monopolios farmacéuticos que han impedido una distribución justa son necesarios para lograr justamente esa distribución.

Y los precios exhorbitantes son solo una parte del problema que suponen los monopolios. En esta pandemia, el crecimiento de la oferta es una cuestión importante. Tenemos la posibilidad de fabricar suficientes vacunas para todo el mundo si ponemos en marcha toda la capacidad productiva del planeta. Pero eso solo puede llevarse a cabo si las vacunas tienen patentes libres. Es desconcertante la incapacidad de Gavi para reflexionar sobre este problema o para utilizar su influencia para llegar a una solución.

Las corporaciones farmacéuticas aseguran que no buscan ganar dinero con la pandemia y que venderán las vacunas a precio de coste. Sin embargo, estas corporaciones ya han aumentado en miles de millones de euros su capitalización de mercado y se niegan a renunciar a los monopolios que les proporcionan estos beneficios desproporcionados.

Los líderes de los países ricos (excepto Estados Unidos) han hablado correctamente del acceso igualitario a las vacunas, pero al mismo tiempo están cerrando diferentes acuerdos para hacerse con muchas más vacunas de las que necesitarán jamás. No pueden decir una cosa y hacer la contraria y tampoco debería hacerlo Gavi. Seth Berkley, consejero delegado de Gavi, no puede afirmar que quiere que “el mundo se una sin barreras” y, a la vez no luchar contra el nacionalismo de los países ricos y la codicia de la industria farmacéutica.

Gavi podría cambiar las reglas del juego y convertir la vacuna contra el coronavirus en un bien común global. Podría exigirles mucho más a las corporaciones farmacéuticas que financia y podría hacer que todo el ecosistema de las vacunas se integre en un mecanismo cooperativo, colaborativo y antimonopolios, como el Fondo de Acceso a la Tecnología sobre la COVID-19 de la OMS. Esas serían medidas correctas y, al tomarlas, Gavi por fin estaría cumpliendo la promesa que le hizo al mundo hace 20 años.

Achal Prabhala es coordinador del proyecto AccessIBSA, que lucha por el acceso a medicamentos en India, Brasil y Sudáfrica. Kate Elder es una experimentada consultora sobre vacunas que trabaja en la campaña de acceso a las vacunas de Médicos Sin Fronteras.

Traducido por Lucía Balducci

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