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Comercializadoras públicas: más allá de la lógica del mercado

Los ayuntamientos de Barcelona, Pamplona y Palma han impulsado en estos años la constitución de empresas comercializadoras de electricidad de carácter público

¿Cuál puede ser la utilidad de crear una comercializadora pública? ¿Cómo puede ayudar este instrumento a impulsar un cambio de modelo energético?

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La comercialización es un sector liberalizado del mercado eléctrico y, de los cuatro que lo componen (generación, transporte y distribución, y comercialización), el que más se ha abierto a la competencia. En un modelo pertinazmente centralizado, basado en grandes plantas de generación como el español, liberalizar ampliamente la generación hasta alcanzar escalas populares entraña grandes dificultades. En este modelo, el transporte y la distribución son sectores regulados que, con el pretexto de dar un servicio en régimen de monopolio natural, son gestionados por unas pocas manos. Mientras esta situación no cambie, la comercialización es el punto más accesible del sistema eléctrico, es el punto de partida pragmático desde donde comenzar a ser parte del sector y empezar a hacer las cosas de otra manera.

Más allá de la lógica de mercado: servicio público de un bien común

Una actividad de marcado carácter mercantil como la comercialización de electricidad, ¿tiene sentido que sea un servicio público? En un contexto en el que nuestro horizonte como sociedad debería ser la reducción del consumo energético, dedicarse a comercializar electricidad, ¿no es un contrasentido?

La creación de una comercializadora responde sin duda a otros motivos. Su razón de ser es aumentar la participación pública en un sector económico fundamental para el desarrollo de las personas; ganarle terreno al oligopolio eléctrico. Su objetivo es convertirse en una herramienta útil para acelerar el cambio de modelo energético desde las ciudades, un proceso cada día más urgente. Y hacerlo desde una lógica de servicio público de un bien común.

Mejor gestión energética de los edificios y organismos públicos

De entrada, una comercializadora pública, o un operador eléctrico público, permite obviamente la compra directa de electricidad para todos los suministros públicos. Esto tiene como consecuencia directa el abaratamiento de costes para el consistorio. Permite además conocer de primera mano los datos de precio del mercado y los datos de consumos, eliminando intermediarios y comisiones.

Acompañamiento del ciudadano en el cambio de cultura energética

Pero no solo los organismos y centros públicos se pueden beneficiar de estas mejoras. La comercializadora se abre a la ciudadanía para convertirse además en un instrumento de sensibilización ciudadana, en un agente facilitador del impulso de las energías renovables en la ciudad y en una verdadera palanca del cambio de modelo energético. La comercializadora pública puede centrar su actividad en el desarrollo de servicios que acompañen a la población en el cambio de cultura energética hacia un menor consumo, hacia la demanda de un origen renovable de su electricidad y hacia su capacitación para ser a la vez que consumidores, productores de energía renovable, limpia y local.

Convertir a agentes públicos en actores del Sistema eléctrico no solo quiere decir que vayan a comprar y vender energía eléctrica. El actor público debe ofertar otros servicios: auditorías energéticas, gestión de los consumos, representación en el mercado para la auto-producción renovable, facilitación de programas para acceder a los datos del usuario en tiempo real son algunas de las propuestas que encontrarían cabida y sentido transformador en una comercializadora pública. Ser un actor público implica también ir más allá de la parte técnica: formación, sensibilización, participación propositiva en aspectos legales, proyectos innovadores, siempre dentro de una perspectiva de innovación social deberían formar parte del ADN de una comercializadora u operador energético público.

Facilitador de la financiación de instalaciones renovables en comunidades locales de energía

Un papel catalizador que puede jugar una comercializadora pública en este contexto de transición a renovables es el de asegurar precios a largo plazo para dar estabilidad tanto a productores como consumidores y reducir la dependencia de los impactos del mercado o volatilidades de precios.

Una herramienta a explorar pueden ser los contratos bilaterales de compra-venta a largo plazo (entre 10 y 20 años) en el que la comercializadora pública puede ser una de las partes. En la otra parte podríamos encontrar ciudadanía individual o en forma de grupos de ciudadanos que se unen para ser copropietarios de una instalación renovable. De esta forma, los generadores, por ejemplo, las comunidades locales de energía, pueden conseguir financiación para sus proyectos. Los clientes reciben un precio fijo y ventajoso respecto a las condiciones del mercado.

Aunque, como Xarxa per la sobirania energètica, nuestra mirada hacia estos mecanismos, conocidos como power purchase agreement (PPA), es crítica, pensamos que son un medio instrumental coyunturalmente válido, únicamente a causa de la emergencia de aumentar drásticamente la generación renovable en nuestro entorno.

Vía abierta para la agregación de demanda pública

Otra figura nueva en el mercado actual de electricidad que se está gestando en la Unión Europea es la del agregador de demanda. Esta figura podría ser útil en un sistema de generación distribuida de pequeñas instalaciones de autoconsumo renovable que vierten la electricidad generada a la red. Una figura que podría ser también pública, tomando parte del campo de juego al oligopolio, mientras se trabaja desde las instituciones y los movimientos ciudadanos por la recuperación de las redes eléctricas de distribución, verdadero caballo de batalla del sector eléctrico en España.

Estamos en un momento de cambios en el Sector Eléctrico: nuevas tecnologías de la información, acceso a los datos de producción y consumo, nuevos servicios energéticos, generación distribuida y gestión de la demanda ofrecen un momento ideal a nuevos agentes para situarse en primera línea del sector y romper las barreras de las grandes empresas energéticas. Contando con la ciudadanía como participante del cambio y no como mero consumidor.

Tres casos en marcha

Barcelona Energia: Consejo Asesor de Participación

En 2018, como ya explicamos en un artículo previo en este blog, impulsamos un proceso de participación ciudadana para definir un espacio de gobierno público comunitario para Barcelona Energia (BE), la comercializadora pública de la ciudad de Barcelona. Casi un año después, BE ya comercializa electricidad a la ciudadanía y ha empezado a trabajar en la creación de organismos de participación ciudadana: el Consejo Asesor de Participación (o asamblea de usuarias) y la Comisión Permanente, que se regirán por un reglamento sometido a debate público.

El paso es importante porque introduce una dimensión de soberanía energética que hasta ahora no aparecía en otras empresas públicas. Es tímido porque creemos que es fundamental dotar a estos espacios de un carácter vinculante, de manera que lo que se decida en estos órganos de participación no dependa de la buena voluntad y grado de compromiso del gobierno municipal de turno. Creemos además que se han de añadir otras capas de participación, más allá de las usuarias de la comercializadora. Los movimientos sociales, ambientales y vecinales hemos sido invitados a participar con voz pero sin voto. Echamos en falta, sin embargo, la participación de la ciudadanía en general a través de otros mecanismos como consultas públicas en los temas que puedan tener afectaciones globales.

Por otro lado, más allá del debate en torno a la potencial democratización de la comercializadora pública, su proceso de creación no ha estado exento de tensiones. Su vinculación a TERSA, una empresa que, entre otras actividades, genera electricidad mediante una planta de incineración de residuos sigue siendo un aspecto conflictivo. Desde movimientos vecinales y ambientales se exige un plan de cierre para la incineradora y la desvinculación de Barcelona Energía de TERSA y su Consejo de Administración. En un debate organizado por el Movimiento por la Justicia Climática el pasado 17 de mayo, con motivo de las elecciones municipales de este domingo, Barcelona en Comú, ERC, CUP y JxCat adquirían el compromiso con el cierre de la planta. Estaremos atentos para que este compromiso sea una realidad.

Operadora Energética Municipal de Pamplona, Sociedad Mercantil Municipal.

El operador energético municipal de Pamplona, aprobado en 2018, actualmente está analizando de forma pormenorizada todos los consumos energéticos del Ayuntamiento y de forma precisa los eléctricos para definir las necesidades de compra en el mercado eléctrico. Están también desarrollando la estrategia energética de la compañía: demanda, producción actual y capacidad de producción municipal a corto y medio plazo, así como definiendo posibles proyectos de producción.

Al mismo tiempo, de forma transversal, se está trabajando con diferentes departamentos del ayuntamiento, identificando entornos de colaboración y ayudando en el diagnóstico energético de la ciudad que está liderando el Servicio de Energía Verde del Ayuntamiento. Además, se están desarrollando herramientas para poder implementar los servicios energéticos que se han descrito más arriba.

EMAYA: Comercialitzadora municipal de Palma de Mallorca

El pasado 28 de marzo, se aprobó en el pleno municipal del Ayuntamiento de Palma la creación de una comercializadora municipal de energía mediante la empresa pública ya existente EMAYA: El objetivo principal de EMAYA como nueva comercializadora es la reducción de la factura energética municipal (vía edificios públicos, gas recuperado para la flota de autobuses y gestión de la autoproducción) y la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de energía solar y biogás. También se está planteando el desarrollo de servicios energéticos como los descritos anteriormente.

En cuanto a gobernanza, EMAYA es actualmente una empresa municipal dedicada al ciclo del agua y a la gestión de residuos gobernada por un Consejo de Administración donde hay representantes de los partidos políticos municipales. No está previsto ningún tipo de participación ciudadana.

Barcelona, Navarra, Palma abren camino. La idea es contagiosa y cada vez más municipios se plantean crear una comercializadora eléctrica municipal. Lugo ha iniciado los trámites y también se estudia la posibilidad en Córdoba y Zaragoza. Ciudades grandes, pero, también, pequeños pueblos como Isaba han dado el paso y se unen para hacer gestiones con otras pequeñas comercializadoras municipales como las de Sallent de Gállego, Panticosa.....

El potencial transformador de estas iniciativas depende también de nosotros. Os animamos a llenar de puntos este mapa.

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