El “acuerdo del siglo”, ni es un acuerdo, ni puede llamarse plan de paz. Este documento de 181 páginas, desvelado finalmente por Trump la semana pasada, no solo desvirtúa el significado de la palabra acuerdo, ya que en ningún momento ha estado involucrada la parte palestina, sino que plantea un “estado soberano” sin los poderes propios de un estado. Israel controlaría toda la seguridad, las aguas territoriales, el espacio aéreo y los cruces internacionales de ese futuro estado palestino que además estaría desmilitarizado y al que no se le permitiría formar alianzas con otros países.
En la práctica, el plan permite que Israel consolide su soberanía sobre la Cisjordania ocupada, que se anexione vastas extensiones de fértiles tierras palestinas y relega el estado palestino al 70% de la actual Cisjordania y la franja de Gaza. Además, el acuerdo fija que Jerusalén, incluida Jerusalén Este, sería la capital “soberana e indivisible” del Estado de Israel y marca el límite de la ciudad de Jerusalén en función del Muro construido en 2002 por Israel y cuyo trazado fue denominado ilegal por la Corte Penal Internacional.
El plan de Trump no respeta el derecho internacional, ya que promueve la anexión ilegal de Cisjordania violando las resoluciones internacionales que consideran ilegales los asentamientos y piden su eliminación. Supone, por lo tanto, un retroceso en la búsqueda de una solución pacífica y dialogada. Pretende ofrecer la paz a través de la cesión del territorio y sin llegar a un acuerdo dialogado que ponga fin a décadas de conflicto.
El rechazo por parte de los organismos internacionales ha sido unánime. El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado que seguirán comprometidos a apoyar a los palestinos e israelíes para resolver el conflicto sobre la base de las resoluciones de Naciones Unidas, el derecho internacional y los acuerdos bilaterales, y la realización de la visión de dos Estados, Israel y Palestina, que conviven en paz y seguridad dentro de fronteras reconocidas, sobre la base de las líneas anteriores a 1967.
Las preocupaciones esenciales de los palestinos y palestinas no se abordan en el texto, por lo que, si Israel implementa finalmente el acuerdo de forma unilateral, se cerrarán las puertas a cualquier oportunidad de normalizar las relaciones entre israelíes y palestinos, pudiendo traer más violencia a una región ya de por sí convulsa.
El fin del estatus de refugiado para 5,6 millones de personas
El plan reconoce una de las situaciones más candentes del conflicto Palestino-Israelí: la existencia de 5,6 millones de refugiados y refugiadas de Palestina, pero no contempla su derecho al retorno y deja en manos de Israel la capacidad de decidir cuántos refugiados y refugiadas de Palestina podrían residir en el nuevo estado palestino.
Tras dos años en los que el gobierno de Estados Unidos, con Trump a la cabeza, ha cuestionado la legitimidad del estatus de refugiado y ha retirado su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, UNRWA, no es de extrañar que el plan recoja en sus líneas el fin del estatus de refugiado y proponga la desaparición de la Agencia bajo el pretexto de que las “responsabilidades se transferirían a los gobiernos pertinentes”.
El texto también tergiversa el mandato de la Agencia y responsabiliza de “exacerbar la crisis de los refugiados” a su definición multigeneracional sobre quién constituye un refugiado de Palestina. Nada más lejos de la realidad. UNRWA concede a los descendientes de los refugiados el estatus de acuerdo con el principio de unidad familiar, consagrado en la Convención de Refugiados de 1951 que establece que el estatus se transfiere a través de generaciones hasta que se encuentra una solución a su situación. El problema es que han pasado 72 años sin que la Comunidad Internacional haya propuesto una solución para los refugiados de Palestina y es ahí donde se encuentra la causa que ha exacerbado la crisis de los refugiados.
El estatus de refugiado y refugiada se basa en el derecho internacional y en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, que garantizan y protegen el estatus y las demandas de la población refugiada de Palestina. Ningún estado miembro de forma unilateral puede negar o cambiar el mandato de Naciones Unidas.
En este sentido, desde UNRWA tenemos claro que vamos a seguir junto a la población refugiada de Palestina. La Agencia no tiene intención de finalizar sus actividades ni de ceder sus funciones a ningún tercero y continuará brindando servicios a los refugiados y refugiadas de Palestina, también en Jerusalén Este, de acuerdo con nuestro mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas que incluye a Jerusalén Este como parte de nuestra zona de operaciones.
UNRWA es una organización humanitaria y no tiene el mandato de dar una solución a los refugiados y refugiadas ni de participar en las conversaciones de paz, solo de asistir y proteger mientras estén bajo esa condición. Sin embargo, su mandato es crítico para proteger los derechos de la población refugiada de Palestina. Unos derechos que según el derecho internacional no han cambiado.
La población refugiada de Palestina lleva sufriendo durante más de siete décadas, el conflicto, la ocupación, la violencia y la polarización. Sus derechos no pueden ser negociados de forma unilateral, es una responsabilidad colectiva ofrecerles una solución justa y definitiva. Mientras, UNRWA continuará a su lado protegiendo sus derechos.
2