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La justicia: la gran ausente en el debate electoral

Es notorio que el tema de la organización, funcionamiento o mejora del servicio público de la justicia no sale en ninguno los mensajes que escuchamos o leemos a diario en los medios informativos

Según datos de los estudiosos del tema, España se gasta 80 euros por persona en temas relacionados de Justicia; muy lejos de otros países como Alemania

Estatua dorada que representa a la justicia, en Brujas (Bélgica)

Estatua dorada que representa a la justicia, en Brujas (Bélgica)

Cuando llegan los periodos electorales, todos los partidos proclaman a los cuatro vientos cientos de medidas que piensan poner en marcha si los ciudadanos les confían las riendas del poder. Pienso que los profesionales de la información política las habrán leído, pero es evidente que tal cúmulo de buenos o malos propósitos no caben en los espacios informativos; por lo que necesariamente tienen que centrarse en aquellas cuestiones que consideran más relevantes o en la fanfarria, pretendidamente patriótica, que sustituye el mensaje por la brocha gorda.

Confieso que no he leído en su integridad todas ellas, pero es notorio que el tema de la organización, funcionamiento o mejora del servicio público de la justicia no sale en ninguno los mensajes que escuchamos o leemos a diario en los medios informativos. Los símbolos de lo que algunos llaman su patria, los mensajes catastrofistas sobre la supervivencia de nuestro país ante el peligro separatista o la invasión inmigratoria, incluso la defensa de nuestro costumbrismo, como los toros o la caza, son el único apoyo que algunos encuentran para confrontarse con sus adversarios políticos. Ocasionalmente, se abren espacios para hablar de "las cosas que interesan a la gente" como el paro, las pensiones, la sanidad, la educación, ofreciendo la fórmula milagrosas de potenciar su mejora, bajando impuestos.

La postura de los partidos políticos ante el Poder Judicial presenta síntomas alarmantes de bipolaridad que, como se sabe, es un trastorno de la personalidad. Por un lado, son conscientes de que es imposible controlar a los más de 5.000 jueces y juezas que en este momento constituyen el cuerpo judicial, por lo que han decidido centrar sus esfuerzos en dominar lo que consideran que es un órgano decisivo, como el Consejo General del Poder Judicial. Esta tarea, que se repite desde el año 1985, adquirió en tiempos recientes unas cotas de cinismo y  desvergüenza difíciles de superar. Hemos contemplado, estupefactos e indignados, el cambalache entre el Partido Socialista y el Partido Popular para conseguir un acuerdo en el que los considerados progresistas tendrían once vocales frente a los nueve identificados con el Partido Popular. Este partido, en un alarde de ingenuidad difícil de explicar a los que conocemos los entresijos del funcionamiento del sistema, confiaba en que la "auctoritas" del juez Manuel Marchena, Presidente "in pectore", les ayudaría a conformar mayorías favorables a los intereses de su partido y a controlar la Sala del "process" desde detrás (sic).

Alguien con un cierto sentido de la realidad les hizo salir de su error de cálculo y les alertó sobre la posibilidad de que los recursos dialécticos del juez Marchena no fuesen suficientes para torcer la mayoría que habían otorgado generosamente a los sectores progresistas. Alertados ante esta eventualidad, decidieron dinamitar el acuerdo haciendo público, de manera insólita en los anales de la democracia, un mensaje del portavoz del Partido Popular en el Senado, conocido militante del Opus Dei y obligado por tanto a respetar la moral católica, destinado a tranquilizar a alguno de sus alarmados correligionarios. Su contenido era demoledor para la ya escasa confianza que los españoles han depositado en el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Pocas democracias, seguramente solo la española, son capaces de soportar y digerir impertérritas, actos tan indignos o comportamientos tan insoportables para la decencia y salubridad democrática. Está muy extendida entre la clase política española la utilización de una expresión que más parece un estribillo; todos a una proclaman: "respeto y acato las resoluciones judiciales". Las resoluciones judiciales deben ser cumplidas cuando son firmes,  pero algunas de ellas no solamente no merecen respeto sino que, en otro país con una mínima sensibilidad democrática, darían lugar a la exclusión del cuerpo judicial de personajes que elaboran decisiones, inevitablemente devastadoras para la credibilidad de la independencia, ecuanimidad y razonabilidad de las decisiones judiciales.

Una de las reacciones más indignas de los que se dicen demócratas respetuosos con el Estado de Derecho y la división de poderes, la hemos visto recientemente al escuchar la respuesta del Partido Popular ante la sentencia del caso Gürtell que le condena como partícipe a título lucrativo. Con el desparpajo y la prepotencia que les proporciona la cobertura mediática de gran parte de los medios y de los tertulianos, arremetieron contra el juez José Ricardo de Prada, una de las personas que enorgullecen a nuestro sistema judicial por su prestigio internacional, reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas al nombrarle juez del Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex Yugoslavia. Ha sido objeto de un ataque indigno, relacionándolo con posiciones proclives al terrorismo. Ignoran la perplejidad y el desprecio de los medios judiciales internacionales ante la catadura moral e intelectual de los aleves sicofantes, (para los que no han estudiado las lenguas clásicas, así se denominaba en la antigua Grecia y Roma a los calumniadores profesionales debidamente remunerados).

Los índices de calidad democrática de un país se miden, entre otros factores, por el grado de credibilidad y confianza que los ciudadanos tienen en el Poder Judicial. Según las encuestas oficiales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), parece ser que la valoración de este servicio público está bajo mínimos o, en todo caso, ocupa puestos muy bajos en la escala de los organismos e instituciones que merecen una mayor confianza de los ciudadanos.

No he escuchado a ningún partido con posibilidades de ocupar escaños en las sedes legislativas Congreso y Senado pronunciarse sobre la situación actual de los organismos que encarnan el Poder Judicial, realizar un análisis crítico, favorable o desfavorable, y, en su caso, pronunciarse sobre la necesidad de dotar al Poder Judicial, incluido el Consejo General del Poder Judicial, de una mejor infraestructura y de incrementar los medios materiales y la dotación económica de los miembros de la judicatura. Nuestros estándares de funcionamiento ocupan los últimos lugares de los 28 países que, de momento, integran la Unión Europea.

Una justicia eficaz es una justicia cara y exige una dotación presupuestaria suficiente para conseguir de manera efectiva el sometimiento a la ley de todas las instituciones del Estado, controlar que las corporaciones financieras, las potentes sociedades que controlan el mercado energético o las relaciones laborales de quienes buscan trabajo y los empresarios que ofertan empleos se comporten con arreglo a las previsiones constitucionales. En la mayoría de los casos, los ciudadanos simplemente buscan solución a problemas personales de gran trascendencia para sus intereses, como la estabilidad de sus matrimonios, las relaciones afectivas con sus hijos el derecho a una vivienda digna, o el reconocimiento de sus derechos económicos y multitud de conflictos que surgen en la vida diaria.

Comenzando por el Tribunal Supremo, a los que conocemos su organización y funcionamiento de sus homólogos en los países de nuestra misma cultura jurídica, (Italia y Francia) nos llama la atención la actual estructura y composición personal de las diferentes Salas de nuestro más Alto Tribunal. Es evidente que en función de los litigios previsibles en una sociedad del número de habitantes y de la complejidad económica y empresarial de la nuestra, para resolver en última y definitiva instancia los conflictos previsibles, es necesario un número de Magistrados superior al que componen actualmente nuestro Tribunal Supremo.

La creación de los Tribunales Superiores de Justicia en cada una de las Autonomías es una muestra de una cierta federalización de la justicia ya que tienen competencias exclusivas en algunas materias derivadas de la existencia de legislaciones propias de cada autonomía, sobre todo en el ámbito del derecho civil o en aquellas otras materias que reconoce la Constitución a la capacidad legislativa de los Parlamentos autonómicos.

El núcleo de la función jurisdiccional radica fundamentalmente en las Audiencias Provinciales que mantienen la estructura centralista que ha presidido desde el siglo pasado nuestra organización judicial y en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción, anclados en el sistema de partidos judiciales tradicionales, concordante con nuestra organización administrativa. En estos últimos órganos radica fundamentalmente el mayor porcentaje de conflictos y controversias que se somete a la decisión jurisdiccional. Para conseguir una respuesta eficaz, se necesita un número de jueces en función del número de habitantes de cada país. Es necesario reconocer que estamos alcanzando cotas parecidas a las de otros países, pero todavía tenemos que incrementar el número para completar una organización funcional y en condiciones de dar respuesta en tiempo razonable a los litigios que suscita la vida diaria.

Según los datos que se manejan por los estudiosos del tema, España se gasta 80 euros por persona en temas relacionados con la Justicia; muy lejos de otros países como Alemania (150 euros/persona) o Luxemburgo (200 euros/persona). No somos de los países que menos invertimos en el Poder Judicial, pero tampoco de los que más. La introducción de las nuevas tecnologías e incluso el manejo de la inteligencia artificial, anunciada por el Consejo General del Poder Judicial, no puede ser un pretexto para reducir el factor humano, imprescindible para conseguir que el valor superior de la justicia sea real y efectivo.

Para conseguir estos objetivos juega una baza importante el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Sobre su composición y facultades se abren con frecuencia debates que quedan siempre al margen de las campañas electorales. Parece que a los políticos sólo les interesa el Consejo como organismo encargado de nombrar a los Magistrados de la cúpula judicial, encarnada en el Tribunal Supremo, no sólo porque en el ámbito penal son los encargados de juzgarles, sino también porque muchas decisiones que afectan al ámbito de la economía o de las finanzas se juegan entre los intereses generales de los ciudadanos y las pretensiones de las grandes corporaciones.

Podíamos seguir desgranando las enormes posibilidades que proporciona un sistema judicial potente, suficientemente dotado y racionalmente organizado, para la estabilidad del orden constitucional. Comprendo las dificultades para entablar un debate televisivo sobre este tema en plena campaña electoral pero no entiendo el silencio clamoroso de los partidos que concurren a la convocatoria que nos llama a las urnas el próximo 28 de Abril.

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