Podemos intenta minimizar el impacto de su condena en Andalucía por vulnerar derechos laborales

La condena contra el grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía por el despido “por razones ideológicas” de un trabajador y militante de Huelva hace un año ha sentado como un jarro de agua fría en el equipo de Teresa Rodríguez, que trata de minimizar el daño en la imagen de la formación de este fallo, y contrarrestar los efectos del uso que de la noticia está haciéndose tanto desde dentro como desde fuera por parte de otros partidos.

Coincide esto con que este jueves por la tarde se sienta Teresa Rodríguez con el secretario general, Pablo Iglesias, en un debate organizado por la cadena Ser en la capital hispalense sobre el desarrollo de la autonomía de Andalucía desde el 4 de diciembre de 1977, mientras las redes sociales y los canales de comunicación internos arden con la condena del Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla por el “despido nulo” de Antonio Castellano, que era responsable de la oficina parlamentaria en Huelva.

La condena no es firme, pero es muy dura en sus términos, dado que se refiere a la “vulneración de los derechos laborales” con un despido “fulminante” y sin explicarle los motivos, lo que lleva a la jueza a concluir que fue por razones políticas, dado que concurrió en la lista con la que la diputada del mismo grupo parlamentario Begoña Gutiérrez disputó el poder a Teresa Rodríguez. Fue echado después de que se impusiera la candidatura de Teresa Rodríguez. Hechos por los que la jueza condena a su readmisión y a una indemnización de más de 6.000 euros por “daño moral”, si bien el grupo parlamentario no descarta recurrir. 

En la formación son conscientes del golpe porque se trata de la primera condena por un tema relevante contra Podemos y además ha sido contra el primer grupo parlamentario que logró la formación, con el que el partido se estrenó en las instituciones en 2015.

En este contexto, la dirección ha tenido que ver cómo, sobre todo desde el PSOE, han empezado a aprovechar esto para sembrar dudas sobre el compromiso del partido con los derechos laborales. Entre otros, el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y la vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Teresa Jiménez, se han referido a ello en redes sociales, centrándose en que Podemos “usó la reforma laboral del PP” para despedir a un crítico. En el equipo de Teresa Rodríguez saben que lo próximo podría ser que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se lo soltara en una sesión de control. 

Pero si preocupa lo que venga de fuera, no menos lo que sale desde dentro. Por eso, se ha ordenado frenar campañas como la que había comenzado en un círculo de la provincia de Sevilla recogiendo firmas para exigir explicaciones por la sentencia, a la vez que se ha difundido un escrito con las mismas. 

Desde la formación insisten, en dicho comunicado interno, que “el motivo del despido fue una reestructuración de las funciones atribuidas a las oficinas parlamentarias y de la forma de selección del personal”. Recuerdan que dos personas fueron despedidas de la de Huelva y que el otro trabajador que cayó “estaba vinculado a la candidatura que ganó la asamblea, y se trató a los dos por igual”. 

En el mismo escrito se apunta que hasta las últimas primarias en Andalucía “se decidían las contrataciones por acuerdo del diputado provincial y la secretaría general de la capital de provincia”, pero desde entonces se acordó que “se harían en un proceso abierto a los círculos con convocatorias públicas, donde todo el mundo pudiera mandar su currículo y la decisión fuera colectiva y orgánica”.

#YoSoyCaste en la Comisión de Garantías Democráticas

Insisten también en que “nunca se ha aplicado la reforma laboral del PP y se le abonó la máxima indemnización” y niegan, pese  que la sentencia lo recoja, que hubiera vulneración de los derechos laborales. “La sentencia apunta a motivaciones políticas en su despido. Respetando la sentencia, insistimos en que nunca hubo motivaciones políticas. La decisión estuvo basada en la reordenación de las funciones y mecanismos de contratación de las oficinas parlamentarias. Por ello, en estos momentos se está reflexionando acerca de la oportunidad de recurrir o no la sentencia”, subrayan.

Ya en su día la dirección intentó evitar que el despido de Antonio Castellano propiciara el malestar de las bases y dañara la imagen del partido. De hecho, la ejecutiva aprobó el 23 de diciembre de 2016, por consenso, instar a que la Comisión de Garantías Democráticas valorara “las acciones oportunas” contra la formación en Huelva y otros círculos de la provincia “por la campaña llevada a cabo a través de Twitter contra Podemos de Andalucía”. En concreto, según consta en los hechos probados de la misma sentencia, se refería a la campaña de apoyo a Antonio Castellano que es había impulsado con hastag #YoSoyCaste en la que se “hacían acusaciones graves contra la organización”.