La agenda social nos devuelve hoy a la conciencia uno de los problemas más graves a los que se han enfrentado nuestras sociedades en el último medio siglo. Hoy todo son lazos rojos y actos institucionales para alabar la lucha contra el VIH y el sida. Sí, son cosas distintas, pero la desinformación y el estigma también son parte de la mochila que pesa sobre esta infección.
Días como hoy evidencian una de las contradicciones de este tiempo que algunos han etiquetado como “postverdad”. Sin tapujos, los mismos gobernantes que claman a los cuatro vientos sus grandes compromisos y esfuerzos en la erradicación del VIH, recortan a dos manos la financiación de las campañas de prevención y control de esta enfermedad, y sin que se les salten los colores ni nada. Desde 2011 llevamos más de un 90 % de recortes para campañas contra el VIH, lo que deja campo libre para que proliferen nuevas infecciones. De nuevo, los recortes matan.
El VIH sigue siendo considerado una epidemia en nuestro país por su alto índice de contagio, pero sobre todo por el alto porcentaje de personas que no saben que lo padecen. En España, durante el año 2015, las personas portadoras del virus suponían un 7,4 por cada 100.000 habitantes. Si esa cifra le parece alta, acompáñeme en esta vista rápida por las cárceles españolas, donde casi 6 de cada 100 reclusos son portadores del VIH y de ellos, el 87 % son portadores también del virus de la hepatitis C. Sí, esa enfermedad para la que existe cura, pero cuyos medicamentos el Ministerio de Sanidad se ha negado a pagar durante meses.
Si los actuales recortes en sanidad están poniendo en riesgo la vida de miles de personas en España, en las cárceles, el acceso a un derecho básico como es el de la protección de la salud parece una utopía para la población interna, donde además existe una sobrerrepresentación de enfermedades cien veces superior al de la población en libertad.
No parece que entre las prioridades del nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, esté garantizar la adecuada atención médica que reciben los presos. Nada importa que lo que para cualquiera de nosotros serían varias semanas de espera para recibir un diagnóstico o un tratamiento, para una persona presa pueda convertirse en hasta año y medio de calvario entre una cita y la siguiente.
La realidad que se vive en nuestras cárceles podría parecer el guión de cualquier cinta de cine negro, pero lejos de la ficción, las personas presas ven mermado su derecho a la salud día tras día. No son sólo las largas esperas esposados mientras acuden a los hospitales. Tampoco es la falta de intimidad en la consulta acompañados por un policía mientras los exploran. La descoordinación entre administraciones está provocando que no se compartan las historias clínicas entre los diferentes médicos, o que ni siquiera se les lleguen a suministrar los medicamentos que les han sido prescritos, porque son “demasiado caros”.
No parece que esta situación le haya importado mucho a los anteriores gobiernos de PP y PSOE. Qué más da si no se cumple la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que mandataba a que se realizara la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria a los servicios de salud de las comunidades autónomas. Tal y como nos tienen acostumbrados, las leyes sólo importan cuando se trata de garantizar privilegios o pagar las deudas contraídas con los bancos. Cuando se trata de garantizar los Derechos Humanos, mirar hacia otro lado ha sido la política de Estado.
Como de costumbre, el incumplimiento de la legalidad en esta transferencia de competencias desde Instituciones Penitenciarias hacia las comunidades tiene dos ingredientes muy habituales entre el bipartidismo, la falta de voluntad política y la lucha por los recursos públicos. Todas las administraciones hacen oídos sordos para evitar pagar la factura. Pero esto, a diferencia de otras situaciones, está costando vidas.
El pasado 26 de octubre, el Senado aprobó por unanimidad la moción presentada por Unidos Podemos para la transferencia a las autonomías de las competencias en materia de sanidad penitenciaria. La respuesta Ministro del Interior ante esta flagrante vulneración de los Derechos Humanos no ha sido otra que culpar a las comunidades autónomas de no querer asumir las competencias. Nada dice del impago que lleva acumulado Instituciones Penitenciarias con éstas desde el año 2014, año en el que vencieron todos los convenios de colaboración entre ambas administraciones.
Sin contar los medicamentos de la hepatitis C, el Ministerio adeuda a las comunidades más en torno a 25 millones de euros. Y mientras que unos y otros se pasan la pelota, el tiempo juega en contra de los enfermos que entraron en prisión por no cumplir la ley, mientras que nadie garantiza que esas mismas leyes se cumplen también para ellos.
Hoy no habrá lazos rojos para los más de 3.600 enfermos de VIH que se encuentran en las cárceles españolas. Y es que no hay lazo lo suficientemente grande que pueda ya seguir ocultando este despropósito.
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