“Una sociedad democrática y justa como la española no se puede permitir estas cifras. Algo está fallando”

Encarnación Aguilar (Sevilla, 1966) es directora general de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Consejería de Justicia desde el pasado 21 de octubre. Psicóloga y experta en drogodependencias y adicciones por la Hispalense, cuenta con una nueva obsesión en su carrera: la protección de las víctimas de violencia de género, tanto de manera preventiva como garante de su seguridad una vez que da el paso de denunciar a su pareja o expareja. Entiende que si esta lacra social se sigue produciendo, las administraciones públicas tienen que seguir invirtiendo presupuesto en tratar de atajarla y atenderla desde todos los frentes.

¿Está de acuerdo con esta frase, precisamente de un antecesor suyo en el cargo, Miguel Lorente: “Los homicidios futuros en violencia de género se están planificando en el momento actual; si no hacemos algo por evitarlos, irremediablemente se producirán?Los homicidios futuros en violencia de género se están planificando en el momento actual

Todo aquello que desde la Administración Pública ponemos en marcha tiene que llevar una dotación presupuestaria. Desde 2011 ha descendido el presupuesto en esta materia para las comunidades autónomas en atención social a las víctimas en un 24,7%. Es decir, estamos en caída libre. Las ayudas a familias e instituciones sin ánimo de lucro han acumulado un recorte del 6%. Nosotros hemos mantenido el presupuesto y lo hemos aumentado en un 1,7%. El presupuesto es la forma en que se traducen las políticas que se hacen a la ciudadanía.

¿Ve compatible el plan gubernamental aprobado antes del verano (Estrategia para la Erradicación de la Violencia de Género) con que la partida destinada a esta materia baje un 1,5% y se quede en 21,85 millones de euros como reflejan los últimos presupuestos del Estado?el plan gubernamental aprobado antes del veranocomo reflejan los últimos presupuestos del Estado

No debe serlo. Los presupuestos se aprueban en función de las prioridades de cada gobierno.

¿No cree que sea una prioridad para el Gobierno central?

Debe ser una prioridad pero no lleva un acompañamiento presupuestario. Y aquí el movimiento se demuestra andando. Debería llevar una partida más potente de la que realmente tiene, sobre todo teniendo en cuenta que, en una situación de crisis, las mujeres son las primeras que salen perjudicadas. Las cifras son claras. Un ente tan serio y apolítico como la Organización Mundial de la Salud alude a la violencia de género como una epidemia. Llevamos más de 700 muertes a manos de sus parejas desde que se empezaron a contabilizar.

Según los datos de la macroencuesta de 2011, se ha producido un aumento de los casos de violencia: desde los 400.000 anuales que recogía el estudio de 2006 hasta los casi 600.000 de 2011.macroencuesta de 2011

El número de mujeres asesinadas es sólo la punta del iceberg del grave problema que hay debajo de todo eso. Los datos que da la macroencuesta es que hay 600.000 mujeres que sufren malos tratos, de las cuales sólo 134.000 denuncian. Me preocupan éstas pero también las más de 400.000 que están sufriendo esa violencia y no la han denunciado.

Con ese objetivo, vamos a establecer un convenio con los ayuntamientos para detectar situaciones de violencia de género antes de que se produzcan, con un proyecto piloto en Sevilla, Huelva y Cádiz. ¿Cómo? Haciendo que el cinturón que rodea a esas mujeres, que tiene información sobre posibles malos tratos (vecinos, amigos, agentes de policía, servicios sociales comunitarios, servicios de de salud, etc), a la más mínima voz de alerta que den, se ponga en marcha un protocolo de detección para que empecemos a intervenir antes de que se produzca ningún acto delictivo o antes de que ocurra una desgracia como pueda ser que sean asesinadas. Es nuestro plan de detección precoz.

Usted dijo que se marcaba como primer objetivo dar mayor seguridad a las mujeres que denuncian un caso de violencia de género. ¿De qué manera lo están haciendo?

El plan de seguridad personal prevé la conexión del sistema de protección social (los Puntos de Coordinación de la Consejería de Justicia) con los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las órdenes de protección que se dictan en los juzgados llegan a nuestro Servicio de Asistencia a Víctimas (SAVA), desde donde se va orientando a la víctima, y también al centro de información de la mujer para que pongan los recursos disponibles de la Junta (una casa de acogida, por ejemplo). El objetivo es cerrar el circuito social y el circuito de seguridad, y que cada víctima tenga su propio plan e itinerario personalizado. Esto es muy necesario.

Necesario porque hay muchas mujeres que renuncian a continuar el procedimiento iniciado con la denuncia, ¿no?

Efectivamente. El 25% de las mujeres que han sido asesinadas han denunciado previamente. Una vez que salvamos eso, ¿cómo hacemos para que ese 25% no renuncie? Conocemos un estudio de la Universidad de Sevilla que habla de los motivos de por qué las mujeres renuncian al proceso judicial: porque no se sienten acompañadas durante el proceso (de ahí el plan de seguridad), porque tienen la ilusión de volver con su pareja, porque no estén de acuerdo con el itinerario que los abogados siguen y, sobre todo, lo que les preocupa son sus hijos y su manutención. Nosotros tratamos de que ellas se sientan seguras y tengan las medidas de protección adecuadas durante todo el procedimiento.

Pero muchas víctimas se quejan de que están solas en el camino judicial ¿Qué se puede hacer para evitar ese abandono tras haber iniciado el proceso?

Acabamos de presentar una guía divulgativa procesal donde se les explica todo el proceso que van a seguir desde el momento en que el juez dicta una orden de protección, con un lenguaje claro y sencillo. A quién pueden acudir, qué les va a ir ocurriendo, qué recursos tienen a su disposición, etc. Uno de los mayores problemas es el de la doble victimización. Cargamos las tintas sólo y exclusivamente sobre la víctima una vez que denuncia. Queremos acompañar a la víctima y, con el plan de seguridad, recopilar la información necesaria para que todo llegue a buen término, coger todas las valoraciones y hacer una atención, efectivamente, integral. La atención integral no es sólo a la víctima sino a sus hijos, a su entorno, a todo lo que le preocupa que tiene alrededor y todo lo que ha dejado en el camino, porque en medio se dejan muchas cosas. Las víctimas se van encerrando y tienen un aislamiento bastante importante.

De cualquier forma, el número de denuncias presentadas por violencia de género ha disminuido en los últimos años. ¿A qué cree que se debe? ¿La crisis también alcanza este ámbito?

Las denuncias han bajado desde 2011 a nivel nacional un 4,1%. En 2012, en Andalucía se presentaron 26.194 denuncias, un 5,5% menos que en 2011. Este 2013 estamos igual que en 2012. Que la crisis afecta a las denuncias está claro. Una mujer lo primero que se plantea a la hora de denunciar son sus hijos, la manutención y qué va a pasar entonces. Las mujeres están siendo relegadas de nuevo al ámbito familiar. El paro se ha cebado fundamentalmente en las mujeres. En los últimos años, la incorporación de la mujer al trabajo ha sido masiva pero de los datos de parados que aumentan día a día la mayoría son mujeres, creo que un 78%. Para ser libre se necesita ser autónoma económicamente. La independencia de la mujer pasa por ahí. Nos vamos a enfrentar a una situación bastante complicada si no resolvemos antes la cuestión de la autonomía.

¿Quiere hacer alguna consideración respecto al llamado ‘mito de las denuncias falsas’ en violencia de género?

La denuncia falsa supone un 0,045% del total de denuncias, según el CGPJ. No es un dato ni siquiera para mencionarlo.

El hecho de que la violencia de género siga estando presente en la sociedad y el número de denuncias descienda, ¿supone que las víctimas no ven salida en el hecho de denunciar?

En un problema tan complejo y tan multifactorial como éste, que requiere de tanto apoyo y de tantos recursos, y de un esfuerzo personal tan grande por parte de la víctima, la recuperación espontánea no puede representar un tanto por ciento alto. Una mujer sola puede salir pero no es lo habitual. Lo que va a pasar con esto es que la bolsa de mujeres invisibilizadas que están siendo víctimas de violencia de género siga aumentando y que probablemente las muertes también aumenten. El hecho de que se reduzcan las partidas o el hecho de que no haya una apuesta política y decidida en ningún caso va a venir a solucionar el problema. En ningún caso. Porque de este problema se sale con apoyo y los apoyos, sean policiales, sociales o judiciales, requieren de dotación presupuestaria.

Una mujer que decide denunciar lo primero que necesita es ayuda y una valoración del riesgo, y eso supone una inversión económica porque requiere una persona formada en violencia de género que sepa valorar adecuadamente, porque su vida depende de ello. Una vez que se valora el riesgo se decide si la mujer va o no va a un recurso de internamiento como una casa de acogida. Mantener esas casas, facilitar luego su salida y ofrecer tratamiento psicológico posterior cuesta dinero. Esto es un proceso de vida y todo cuesta dinero.

¿No invertir para erradicarla es, de algún modo, dar continuidad al problema?

Yo creo que sí. Llevamos mucho tiempo invirtiendo en esto. Hay leyes, hay recursos, hay de todo. Se ha hecho un esfuerzo muy importante pero no hemos erradicado la violencia de género y sigue estando ahí, y las cifras son muy llamativas. Tendremos que seguir invirtiendo no sólo en actuación sino en prevención, sensibilización e igualdad. Porque una de las cosas que nos preocupa muchísimo es que una sociedad democrática y justa como la española no se puede permitir estas cifras que nos estamos permitiendo. Algo está fallando en algún punto. La violencia de género es una de las manifestaciones más crudas de la desigualdad. Y que no se nos olvide que hay unos jóvenes y unos niños que están siendo también víctimas también y que van a requerir inversiones.

Precisamente en ese colectivo joven se están dando nuevas formas de violencia de género mediante las tecnologías, las redes sociales, los mensajes… ¿De qué manera lucha la Junta contra estas situaciones?

El IV Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres del 25 y 26 de noviembre se centra precisamente en el impacto que el uso de las TICs tienen sobre la violencia de género. Vamos a abordar y hablar sobre el ciberacoso, que representa ya el 12%. El 12% de los jóvenes ha declarado que en algún momento ha sido víctima de ciberacoso. Son muchos jóvenes. Presentaremos estudios que dicen que esto está ahí y que es algo que hay que empezar a atajar. Ya existen programas específicos en prevención a través del IAM y del IAJ.

Publicaremos un decálogo para que los jóvenes aprendan a cómo moverse dentro de la nuevas tecnologías, con situaciones cotidianas. “El control de tu móvil por parte de tu pareja no es un síntoma del amor, tampoco lo es monitorización constante de tu actividad en las redes, en sistemas de mensajería multiplataforma”, es uno de los consejos, que también advertirán del riesgo de compartir fotografías o la manipulación de las mismas, el control de la cuenta de correo electrónico, la suplantación de identidad en algún red social, las llamadas persistentes por parte de la pareja o expareja. Igual que pasa con todo, hay que denunciar. Pero está claro que es una nueva forma de violencia.

¿Cómo afectan las reformas legislativas y la reforma del Código Penal a la asistencia a víctimas?

La reforma de la Administración Local altera todo el sistema actual de asistencia a víctimas de violencia. Es la Administración que está más cercana a la ciudadanía, la que le pone el rostro al problema. Los puntos y centros de información a la mujer son ahora mismo referente y a ellos acuden las mujeres, y de allí las derivan a los recursos especializados. Esas mujeres ya no van a tener ese punto de referencia. Seguramente sí que va a afectar, y mucho. La reforma local es un grave retroceso para las mujeres, es un atentado fundamentalmente a las mujeres.

Pero no es el único, se están cometiendo muchísimos, se están llevando a cabo muchísimas reformas como la del aborto o la del Código Penal, que considerará los delitos de violencia como delitos leves, despenalizando las vejaciones que suelen ser la base del maltrato. La violencia es una espiral y lo primero son los insultos y las vejaciones. Si lo consideramos como faltas leves, el recorrido judicial va a ser más largo y con menos castigo. Eso va a ser grave. La reforma legislativa no aboga por juzgados especializados ni por la agrupación de partidos judiciales para que las mujeres reciban una atención especializada, con independencia del juzgado al que acudan. El Gobierno ha dicho que no son necesarios porque la carga de trabajo que asumían estaba al 50% de su capacidad.

¿Qué le parece que las televisiones dediquen cada vez menos minutos a hablar sobre casos de violencia de género? Según el Consejo Audiovisual de Andalucía, sólo el 22% de las noticias sobre episodios de violencia informan de la existencia del teléfono de atención a las víctimas el 016.

Me gustaría subrayar la importancia que los medios de comunicación tienen como vehículo de transmisión de valores, ya que es fundamental que comprendan que deben sumarse a las administraciones públicas y a toda la sociedad en la lucha contra la erradicación de la violencia de género. Además, los últimos acontecimentos deben hacernos reflexionar a todos y a todas sobre este fenómeno complejo y complicado y que supone una lacra social para cualquier sociedad avanzada, democrática y con Estado de Derecho como la nuestra.

Le pediría a los medios que cumplan el acuerdo firmado para hacer visible este problema a la sociedad y recordar a la ciudadanía que existe un teléfono de denuncia que es el 016 y conjunto de recursos y servicos de ayuda para las víctimas, ya que sólo mediante la incentivación de la denuncia podemos parar este grave problema.