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Denuncian un deterioro premeditado del registro civil para justificar su privatización

Funcionarios de la Administración de Justicia aseguran que el servicio “está colapsado adrede” y exigen que siga siendo público.

Advierten de que el Ministerio quiere trasladar la competencia a los registradores de la propiedad, con lo que los ciudadanos tendrían que empezar a pagar por gestiones hasta ahora gratuitas.

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Funcionarios de la Administración de Justicia se manifiestan contra la privatización del registro civil. /G. A.

Funcionarios de la Administración de Justicia se manifiestan contra la privatización del registro civil. /G. A.

Funcionarios de la Administración de Justicia se han manifestado esta mañana frente a los juzgados de Bilbao para denunciar el intento de privatización del registro civil. Según han relatado los trabajadores, el servicio se encuentra en estos momentos “colapsado adrede” para justificar el trasvase de competencias a los registradores de la propiedad. Si este traslado a manos privadas llegara a producirse, la principal consecuencia para los ciudadanos sería que muchas gestiones dejarían de ser gratuitas.

La protesta de esta mañana ha estado convocada por los sindicatos CCOO, ELA, LAB, UGT, CSIF y CGT y se ha repetido delante de las dependencias de la Administración de Justicia de las tres capitales vascas. El principal objetivo de la misma ha sido concienciar a los usuarios del registro civil de que su gratuidad puede tener los días contados y reclamar que el servicio siga siendo público y de calidad.

“Hoy mismo hay más de 90 personas haciendo cola delante del Registro, estamos completamente saturados”, ha relatado Amaia Goiri, sindicalista de CCOO y portavoz en la concentración de hoy. En su opinión, el principal problema está en una dotación de personal “muy por debajo de lo necesario”, especialmente para dar respuesta a la gran demanda de expedientes de nacionalidad y de bodas entre extranjeros y autóctonos.

“El Ministerio nos está dando una carga de trabajo que no podemos asumir para así decir que no funcionamos bien y pasar el servicio a los registradores”, ha criticado Goiri. “Esto va a suponer que una serie de trámites que nos vemos obligados a hacer a lo largo de la vida y que eran gratuitos, a partir de ahora habrá que pagar por ellos”, ha añadido.

Según han comentado hoy los representantes de los trabajadores la modificación legal “podría ser inminente, incluso en el próximo Consejo de Ministros”.Para las 300 personas que actualmente trabajan en los registros de la propiedad de Euskadi este cambio legislativo añadirá incertidumbre sobre su futuro laboral. “Los que tienen plaza en propiedad serán reubicados en otro sitio, pero a los interinos los echarán a la calle”; ha advertido la portavoz sindical esta mañana.

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