Un juez condena al Ayuntamiento de Vitoria a pagar 9 millones más de euros por una expropiación forzosa
Una sentencia dada a conocer por el EH Bildu obliga al Ayuntamiento de Vitoria a pagar 9 millones y medio de euros más de lo que en su día abonó el consitorio a los propietarios de unas tierras expropiadas. Los terrenos confiscados, unos 212.000 metros cuadrados, pertenecían a agricultores afincados en la zona de Olarizu. El procedimiento de expropiación conjunta se inició para establecer en aquel espacio el Jardín Botánico de Olarizu. El jurado encargado de la tasación determinó que las fincas se pagarían a 24 euros por metro cuadrado. Los propietarios, que no estaban de acuerdo con estos números, denunciaron el caso ante los tribunales. Ahora el juez ha dictaminado finalmente que la valoración no debería haber sido de 24 euros el metro cuadrado sino de 90.
Este dictamen obliga ahora al Ayuntamiento a pagar esos 9 millones y medio más de euros a los que han de sumarse los intereses. En total, entre la cuantía pendiente de pago y lo ya entregado, el parque va a costar a los vitorianos cerca de 14 millones de euros.
La operación la gestionó el exalcalde de la ciudad y ahora portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. “Puedo afirmar con rotundidad que el entonces alcalde Alfonso Alonso tomó una decisión valorada y avalada por un Jurado de Expropiación Forzosa que es un órgano administrativo del Gobierno Vasco”, aclaraba la teniente de alcalde, Idoia Garmendia.
Argumento falso según Bildu
El jurado, según insiste el PP, estaba conformado por un juez de la Audiencia Provincial, un técnico municipal y un funcionario del Gobierno vasco. EH Bildu ha negado este extremo. Afirman que los populares intentan contrarrestar la mala noticia con un “argumento falso”, ya que aseguran que la valoración se realizó desde los propios servicios técnicos municipales.
El Ayuntamiento aun no ha revelado cómo y cuándo se van a abonar esas cantidades. “Por el momento vamos a pedir a los Servicios Jurídicos que nos informen sobre la conveniencia o no de recurrir. También pediremos a Urbanismo que haga la valoración exacta de lo que supone ya que aun no está hecha”, explica Garmendia.
