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La ley de custodia compartida, cada vez más cerca

Si el divorcio acaba en juicio, solo en un 9,7% de los casos se otorga la custodia al padre.

Eduardo Azumendi

La posibilidad de que Euskadi cuente con una ley de custodia compartida antes del verano es cada vez más real. La Asociación de Padres y Madres Separados de Euskadi-Kidetza ha alcanzado un acuerdo con PNV, PP y UPyD para sacar adelante la norma en el Parlamento, cuyo objetivo es paliar los efectos que los divorcios y las separaciones tienen sobre los hijos. Básicamente, se trata de que los cónyuges que se divorcien puedan compartir el cuidado de los hijos, tal y como los establece el Tribunal Supremo, que en varias sentencias incide en que los padres no perjudiquen al niño con la custodia compartida.

Justo Sáenz, presidente de Kidetza, recuerda que el actual debate en el Parlamento es fruto de la Iniciativa Legislativa popular (ILP) que impulsó su asociación en 2011, cuando entregó en la Cámara hasta 85.000 firmas. En julio de 2012, el Parlamento aceptó a trámite la ILP y tres años después parece que puede obtener la luz verde definitiva. “Hemos tratado de cerrar un acuerdo con los partidos más proclives a nuestro texto”, recalca Sáenz.

La propuesta de Kidetza recoge que la custodia compartida se podrá conceder a petición de parte y siempre que no sea perjudicial para el menor, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo. Más del 65% de las 85.000 firmas en apoyo a la iniciativa legislativa de la custodia compartida son mujeres. “La Ley vasca debe reflejar los intereses de los  menores, no las miserias y luchas de las personas que se divorcian. La custodia compartida permitirá que los hijos no tengan que divorciarse de nadie”, advierte Sáenz.

Servicios de mediación

El pacto con los partidos se centra en: aplicar la custodia compartida como norma general conforme a lo establecido por el Tribunal Supremo, en que los cónyuges puedan recurrir a la mediación familiar antes de pleitear y en contar con servicios públicos de orientación para resolver los problemas posteriores a la ruptura matrimonial.

Lo que aún falta por determinar es quién de los cónyuges se queda a vivir en el piso. “El tema resulta vidrioso”, reconoce Sáenz, pero “más o menos hemos conseguido un acuerdo”. El primer criterio a tener en cuenta es la defensa del interés de los menores; en segundo lugar, se tendrá en cuenta la situación de necesidad de los cónyuges, así como la titularidad de la vivienda. “También hemos planteado que la persona que resida con los hijos en la vivienda de algún tipo de compensación al otro progenitor, como ayudarle a pagar el alquiler”.

A la espera de que fructifique la ley, Kidetza tiene previsto manifestarse frente al Parlamento los próximos 7 y 14 de mayo. “Es un intento de meter presión a los partidos. Deben tener muy presente el compromiso que han adquirido no solo con Kidetza, sino con la sociedad. Porque detrás hay Iniciativa Legislativa Popular que vino avalada por 85.000 ciudadanos”.

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