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Hasta seis y ocho meses viviendo de la nada

Colectivos sociales de Bizkaia presentan un informe que recoge testimonios sobre las "malas prácticas" de Lanbide.

Laura Murillo Rubio

Bilbao —

Son muchos los motivos que han llevado a diversos colectivos de Bizkaia, integrados por personas afectadas por el desempleo, la precariedad laboral y los recortes sociales, a denunciar lo que califican como “malas prácticas” por parte de Lanbide y el propio Gobierno vasco. De hecho, esta misma semana presentaban ante la delegación del Ejecutivo autonómico en Bilbao una nueva edición de un informe que recoge decenas de testimonios que recriminan “infracciones cometidas a diario” en el Servicio vasco de empleo. Así, las diversas asambleas de parados de la provincia denunciaban que sea “precisamente en este momento, cuando se está prestando una peor gestión, encaminada a una disminución del número de perceptores de la RGI y como consecuencia del gasto social”.

Las empleadas de hogar son, precisamente, uno de los colectivos que más está sufriendo las consecuencias de los recortes de las prestaciones económicas que hasta ahora recibían. “Se están dando casos de empleadores que están dando de baja a trabajadoras de hogar en la Seguridad Social arguyendo que se trata de bajas voluntarias en vez de despidos. Es decir, no comunican en ningún momento que se trata de un despido, simplemente dicen que es la propia trabajadora quien ha dejado su puesto de trabajo”, denuncia Liz Quintana como portavoz de Mujeres del Mundo. “Esto supone que, automáticamente, todas las que estuvieran percibiendo el complemento de la RGI dejen de optar a él, a pesar de que su salario no alcanza lo que la propia normativa exige”, cuenta sobre unas reclamaciones que pasan por procedimientos judiciales abiertos que en “muchas ocasiones se alargan hasta 6 y 8 meses o incluso un año” en resolverse. “Durante todo este tiempo que tardan los juzgados en dar una resolución a estos procedimientos por despido improcedente, muchas personas viven de la nada”, asegura en referencia al caso de las empleadas de hogar que no cuentan con derecho a paro. “Entonces si se les cierra el acceso a prestaciones y con lo que cuesta encontrar otro puesto de trabajo se quedan en la más absoluta desprotección”, recrimina.

De igual forma, los diversos colectivos sociales también han criticado las suspensiones injustificadas de RGI durante meses, por lo que consideran “criterios subjetivos que interpretan la Ley en perjuicio de las personas beneficiarias”. Así, Jesús Pérez, miembro de la Asamblea Abierta por los Derechos de los Perceptores de RGI, asegura que en su caso le retiraron “de repente” la RGI, que apenas llevaba percibiendo tres meses, por “un fallo de Lanbide”. “Supuestamente me cortaron porque yo no les avisé de una paga atrasada que me quedaba por recibir, pero es que nadie nos dijo que tuviéramos que hacerlo”, declara sobre una retirada de 420 euros, que hasta hace seis meses complementaba con otros 250 euros de la paga que le hizo perder la ayuda pública. “Me he tirado seis meses cobrando 200 euros y viviendo como podía. He tenido que ir a pedir ayuda a muchos sitios y buscarme la vida con amigos para poder llegar a fin de mes”, cuenta Pérez, a quien finalmente Lanbide le ha reintegrado la prestación, tras reconocer su error.

Desinformación por parte de Lanbide

Sin embargo, el problema radica, según los colectivos, en que cada vez se están extremando y ampliando más los requisitos para acceder a estas ayudas sociales, que muchas veces se suspenden por lo que el Servicio vasco de empleo interpreta como un “uso indebido de la prestación” y que, según denuncian las asambleas, se debe a “la desinformación o información errónea por parte del personal de Lanbide”. “Te pueden quitar la RGI porque te lleguen 200 euros de factura de móvil que puede ser debido a un error de las operadoras puesto que pasa muchas veces. Además, cada seis meses hay que seguir entregando papeles y certificando la situación de cada uno, algo que siempre hago, pero si no me informan de los cambios es imposible que lo haga bien”, señala Pérez.

Por su parte, Pello Conde también ha tenido la suerte de recuperar la RGI, que un día le quitaron por comprar con su tarjeta de crédito un billete de avión a un amigo y pagar el seguro de su coche. “Entre los requisitos para percibir la ayuda, nos permiten tener un coche y podemos salir con un límite de 15 días solo de la CAV. Tuve que comprar un billete de viaje a un amigo y pagar el seguro del coche, y hasta que no llevé los datos exactos de la renovación y un recibo en el que figuraba que el billete no era para mí sino para otra persona, no me devolvieron la RGI”, asegura Conde que se ha pasado cuatro meses reclamando. “El trato es malísimo, te tratan como a un delincuente, entiendo que tengan que vigilar pero esto es demasiado” recrimina. Y es que Lanbide lleva tiempo solicitando notificación detallada de los gastos de bienes que no se ajustan a los de primera necesidad. “No te dejan hacer un gasto mínimo de nada. Si compro componentes del ordenador, porque busco trabajo como técnico de informática, no pueden superar estrictamente los 30 euros, así que tú me dirás”, señala y a su vez reconoce: “Yo por lo menos solo soy uno y me mantengo, pero he hablado con un montón de familias que se han pasado horas y horas en las oficinas reclamando ya desesperados porque las están pasando putas”, sostiene.

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