Parados y colectivos populares, contra las “políticas antisociales” del Gobierno vasco y Lanbide
Los diversos colectivos sociales y asambleas de parados de Bizkaia han presentado este lunes ante la delegación Gobierno vasco en Bilbao un informe elaborado en denuncia de las políticas antisociales aplicadas por el propio Ejecutivo autonómico y el Servicio vasco de empleo Lanbide, a través del cual denuncian que se trate el tema de las prestaciones sociales como “una concesión de migajas que da el sistema a las personas en situación económica complicada y no como un derecho, que es lo que es”, ha recriminado Liz Quintana, portavoz de Mujeres del Mundo. El llamado 'Código de malas prácticas de Lanbide', que ya ha sido presentado ante el Parlamento vasco y el Ararteko, se resume en catorce puntos que recogen “las infracciones que se cometen a diario en Lanbide y que conllevan, en la práctica, restringir los derechos sociales de las familias con escasos recursos económicos para desarrollar una vida digna, así como una serie de propuestas para hacer frente a estas injusticias”, han declarado.
Entre las 2malas prácticas“ que los colectivos sociales vizcaínos denuncian al Servicio vasco de empleo se encuentran, fundamentalmente, la demora en la tramitación de los expedientes y el incumplimiento de la normativa que rige la tramitación, así como las suspensiones cautelares en el cobro de las prestaciones. ”Cuando una persona acude a Lanbide a solicitar cualquier tipo de prestación, en muchos casos lo hace porque está ya en una situación dramática y no se puede permitir, que es lo que se está haciendo, demorar las primera citas para tramitar los expedientes, porque eso supone que hay personas que tienen que estar esperando entre 6 y 8 meses hasta la resolución y nos preguntamos durante todo ese tiempo de qué van a vivir“, denunciaba Quintana, quien por otro lado argumentaban la existencia de una serie de requisitos ”tan exhaustivos, que hay que ser un experto en la materia para conocerlos todos“, puesto que ”en muchas ocasiones la falta o el incumplimiento de uno de ellos lleva a suspender automáticamente la prestación, sin siquiera dar primero paso a que esa persona pueda explicarse para alegar en su defensa lo que estime oportuno“.
En este sentido, han denunciado la existencia de algunos casos “tan dramáticos” como los de gente que a pesar de trabajar recibía algún tipo de complemento y que han sido despedidos. “Los empleadores alegan que se trata de una baja voluntaria cuando en realidad es un despido, por lo que existe una controversia que no se tiene en cuenta puesto que se suspenden automáticamente las ayudas hasta que ese procedimiento se resuelva. Pero el problema es que eso tarda entre 8 meses y 1 año, y mientras tanto la persona está sin percibir las prestaciones, algo que nos parece gravísimo”, recriminaba la portavoz.
Modificaciones concretas para la percepción de la RGI
Según los diversos colectivos, en la actualidad se han dado dos modificaciones concretas para la percepción de la RGI. “La primera de ellas es que todas las familias monoparentales, matrimonios o personas que están en situación desahucio, que se han visto obligadas a residir con familiares, se les retira la RGI simplemente por convivir con sus familias, que son quienes asumen su subsistencia”, explicaba Quintana sobre una situación que roza el 22% de los expedientes que está tramitando Lanbide sobre las RGIs concedidas en estos momentos. Es decir, “se trata de una parte muy importante de personas que están recibiendo las ayudas que se van a ver afectadas por esta medida”, ha asegurado.
Por otro lado, la segunda de las modificaciones se basa en la retirada al cabo de 3 años de la RGI a todas las personas o familias que tengan empleo, a pesar de que este sea precario. “Ahora mismo un tercio de las personas que perciben RGI se encuentran en esta situación”, manifestaba la portavoz sobre “mucha gente que sobrevive con estos empleos que no permiten siquiera vivir en unas condiciones dignas”. “Solamente se les concede la RGI por un periodo de tres años, como si después de tres años, de repente, estuvieran en la riqueza más absoluta para poder mantenerse”, recriminaba.
Por estas medidas y todas las que recoge el informe, los colectivos sociales de Bizkaia reclaman “una revisión de la legislación para que se apliquen, por lo menos, a las personas en situación de precariedad las condiciones que están establecidas, sin utilizar subterfugios o artimañas para ir más a la contra de lo que ya realmente se concede, que es muy poco”. Así, han recalcado que “no se trata de una denuncia por parte de cuatro iluminados”, sino que son reclamaciones presentadas y estudiadas por el Ararteko, “quien también ha denunciado públicamente esta situación y ha dado toques de atención a Lanbide diciendo que tal y como se está aplicando la normativa, no es como se debe hacer de acuerdo con la legalidad vigente”.
