13 exparlamentarios cobran la prestación de paro de la Cámara
Un total de 13 antiguos parlamentarios que no revalidaron su escaño en las pasadas elecciones autonómicas de septiembre están percibiendo la denominada prestación económica temporal (PET) de la Cámara vasca, un equivalente al paro que abona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a los trabajadores pero al que no tienen derecho los políticos al no cotizar al régimen general de la Seguridad Social. La ayuda por desempleo se puede recibir durante un máximo de 12 meses y asciende a 1.978,67 euros brutos mensuales, el 40% del salario base de un parlamentario, 4.946,68 euros.
Los beneficiarios, según la documentación hecha pública esta semana en el portal de transparencia del Parlamento, son: Eva Juez, Josune Albizua y Leire Corrales (PNV); Dani Maeztu, Diana Carolina Urrea, Estitxu Breñas, Igor López de Munain, Iñaki Lazarobaster y Maribi Ugarteburu (EH Bildu); Bixen Itxaso y Txaro Sarasua (PSE-EE); Cristina Ruiz (PP) y Gorka Maneiro (UPyD). Todos la percibirán durante un año excepto Juez y Ruiz, que al no haber estado los cuatro años en la institución percibirán la asignación económica durante tres y seis meses, respectivamente.
Además, en el último año la han solicitado también Arantza Quiroga y Hasier Arraiz, exlíderes de PP y EH Bildu que abandonaron la política por distintos motivos. La PET también se puede reclamar cuando el cese en el cargo es voluntario, no sólo al término del mandato.
Tras las anteriores elecciones, la primera vez en que existió esta posibilidad, nueve aforados solicitaron la prestación. Fueron Mari Carmen Liñares, Nerea Antía y Garbiñe Sáez de Molinuevo (PNV); Mertxe Agúndez, Aitor Casado, Carlos Gorostiza y Óscar Rodríguez (PSE-EE); Aintzane Ezenarro (Aralar) y Mikel Arana (IU).
En la novena legislatura, con Quiroga al frente del Parlamento, se planteó igualar en derechos ante la Seguridad Social a los parlamentarios vascos a efectos de cotizaciones y desempleo. Para que esas medidas sean efectivas, las Cortes Generales han de modificar la Ley de la Seguridad Social y, de hecho, la propia Cámara instó por unanimidad al Congreso a que se produjera ese debate. La PET fue concebida como un mecanismo transitorio hasta que los parlamentarios accedan al régimen general como el resto de los trabajadores.
Fue en 2013 cuando se sustanció la discusión en Madrid. Tres parlamentarios vascos defendieron la modificación normativa, pero recibió un portazo de la mayoría absoluta del PP, que lo había apoyado en Euskadi. “No se puede pretender que los diputados tengan los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena porque no lo son, ya que su vínculo con la institución no es laboral”, zanjó María Jesús Susinos. Otros partidos como PSOE, UPyD, IU, PNV, CiU o Amaiur sí secundaron la medida.
