Los autóctonos copan las adjudicaciones de vivienda frente a la mayor demanda de los extranjeros
Es corriente escuchar en la calle la denuncia de que los inmigrantes copan las viviendas de protección oficial y que gozan de más facilidades que los autóctonos para acceder a ellas. Pero la realidad, de nuevo, desmonta los tópicos. Efectivamente, la mala situación económica general del colectivo extranjero (el 35% tiene problemas para hacer frente a necesidades básicas y su renta mensual media es de sólo 795 euros) hace que la proporción de demandantes de un piso protegido (27%) sea mucho mayor que su peso en el conjunto de la población (6%). Sin embargo, “están accediendo a la vivienda en una tasa inferior a su representación” en la lista de demandantes de Etxebide, ya que el 87% de las casas subvencionadas y del presupuesto se destinan a los nacionales.
Los datos forman parte de un amplio informe sobre extranjeros y alojamiento publicado recientemente por el Observatorio Vasco de la Vivienda. Una de las grandes matizaciones que introduce es la explicación de por qué los foráneos presentan una mayor demanda de viviendas o, en su defecto, de prestaciones económicas sustitutorias. Hay correlación entre ser extranjero y necesitar más apoyo de las instituciones, pero nunca causa y efecto. La verdadera razón de este desequilibrio es que la crisis económica y la precariedad han golpeado mucho más a los inmigrantes, con 4.000 euros menos de media de renta anual individual. Tan es así que el 82% de los que tuvieron que emigrar de Euskadi en 2014 no eran precisamente jóvenes ‘ni-nis’, sino extranjeros que habían fracasado en la búsqueda de oportunidades. Ni rastro de un ‘efecto-llamada’.
Los extranjeros destinan una media del 65% de sus ingresos mensuales (518 de los 795 euros) a gastos de vivienda, en la mayoría de los casos el pago del alquiler. “En este contexto, una de cada tres personas (35,1%) reside en hogares que presentan dificultades para hacer frente a sus necesidades económicas básicas”, incide el informe. De hecho, uno de cada cuatro estima que su casa tiene una “superficie inadecuada” para acoger a toda su familia, aunque es también una realidad que las infraviviendas son muy excepcionales en Euskadi.
Los cambios normativos impiden hacer una comparativa de la evolución de la demanda de pisos protegidos en Etxebide, la ventanilla del Gobierno vasco. Los 20.000 solicitantes no españoles de 2013 y los 14.000 de 2015 no son comparables, aunque entre 2014 y 2015 la cifra se ha mantenido estable. Son alrededor del 27% del total de ciudadanos inscritos en busca de vivienda pública. Una gran diferencia con los españoles es que únicamente el 3% de los foráneos reclama a la Administración que le subvencione un piso en propiedad. Entre los autóctonos, aunque la demanda de propiedad ha caído en picado en la última década, todavía son un 28% los que quieren acceder a una VPO propia y no en régimen de alquiler (en 2005 eran el 49%).
El desequilibrio, en Gipuzkoa y Bizkaia
Para el Observatorio Vasco de la Vivienda es “especialmente reseñable” que entre los adjudicatarios de pisos públicos la proporción de extranjeros no rebase el 13% cuando son el 27% de los demandantes. Y el dato encierra un importante matiz. En Álava, con un 22%, hay mucho más equilibrio, pero en Bizkaia y Gipuzkoa el 94-95% de las viviendas es para la población local.
En 2015, un 90% de los extranjeros beneficiarios de una vivienda la lograron en régimen de alquiler. En el caso de los nacionales, todavía el 53% la obtuvo en propiedad pese a que varios responsables de Vivienda del Gobierno vasco hayan advertido ya de la incoherencia de que se subvencionen con fondos públicos bienes particulares de personas cuya situación económica de necesidad puede cambiar con el paso de los años. La nueva Ley de Vivienda, que ha entrado en vigor en 2016, apuesta de manera decidida por el arrendamiento como fórmula para conjugar el derecho constitucional a una vivienda digna y el interés público del parque de VPO.
El documento del Observatorio recoge también el impacto presupuestario de los inmigrantes en las políticas de vivienda, aunque con datos de 2012. Ese año, en la línea con la proporción de adjudicaciones, el 87% del presupuesto se destinó a la población autóctona (250 de 290 millones). “Los ingresos públicos que genera este colectivo superan el gasto que realiza”, recoge el informe.
