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La multa y los ingresos públicos

Los niveles de gasto público, en general y social en particular, en España, están muy alejados de los niveles medios de la eurozona y a distancia casi sideral del de las economías socialmente más avanzadas

Mientras no se modifique la Constitución el debate sobre los ingresos públicos no debiera de ser un debate técnico, como se plantea habitualmente, sino fundamental y prioritariamente político

Es hora de reflexionar sobre nuevas figuras impositivas que amplíen el espacio fiscal, dote de mayor estabilidad a los ingresos y contribuya a la equidad y a la mejor asignación de los recursos productivos                 

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Se veía venir. Después de décadas de proclamar simultáneamente que bajar impuestos es de buenos gobiernos (de derecha o de izquierda) y que hay que sostener y mejorar el estado del bienestar, el déficit público se ha hecho crónico. Y ahora, los contables de la Comisión Europea acusan a España (la Unión Europea no identifica gobiernos) de no respetar los compromiso pactados para cumplir los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

La cosa se puede resolver por 2.200 millones de euros, salvo que las habilidades negociadoras y contables de los representantes españoles obren un milagro, lo que no es imposible. Pero sería conveniente no olvidar que esa bonita cifra significa nada menos que una multa de unos 50 euros por español, incluidos niños, ancianos y militares. Podríamos decir también que sería un plus de sobrecoste del 5% del salvamento de Bankia y una minucia en el coste total del salvamento del sistema financiero. Quizá sea esta perspectiva que se ha tomado en los círculos más afectados (Ministerio de Hacienda, por ejemplo) y la posible multa se ha tomado con cierta tranquilidad. En una actitud que recuerda a Méndez Núñez (el de la honra y los barcos), pareciera que se ha impuesto la idea de que “si pudimos con el rescate bancario, cómo no vamos a poder con una multa”.

Pero si no la multa -aunque, obviamente, 2.200 millones es una cifra muy elevada, nada despreciable- sí debiera de ser motivo de preocupación la caída de los ingresos públicos. Sería un error seguir discutiendo hasta dónde debe llegar el ajuste, no solamente por lo erróneo (suicida es un término más adecuado) que está resultando para la solución de los problemas ocasionados por la crisis financiera internacional y europea, sino porque los niveles de gasto público, en general y social en particular, en España, están muy alejados de los niveles medios de la eurozona y a distancia casi sideral del de las economías socialmente más avanzadas.

Baste recordar que a pesar del incremento del gasto público español en relación al PIB durante los años de la crisis no se ha reducido su distancia. Así, el gasto público ha pasado de significar el 41,3% del PIB en 2008 al 43,3% en 2015, mientras que en los 19 países de la eurozona este mismo indicador se incrementó desde el 46,6% en 2008 hasta el 48,6% en 2015. (Las cifras para países como Dinamarca y Francia son 50,5% y 55,2% para el primero y 53% y 56,8% en el caso francés, para cada uno de los años de referencia). La diferencia de 5,3 puntos porcentuales se ha conservado a pesar de que el desempleo y, en general, la debilidad de las políticas sociales ha sido y es mayor en España. Volver a insistir en la reducción del gasto público no haría sino incrementar la desprotección económica y social de los españoles lo que agudizaría su situación periférica en la eurozona.

¿Por qué insistir en los ingresos? Mientras no se discuta la necesidad de mantener y mejorar el estado del bienestar, por una razón fácil de entender: porque los gastos públicos, salvo circunstancias excepcionales, se deben de financiar prioritariamente por los resultados de la actividad económica, es decir, por las rentas generadas en el proceso económico. Además, y al gusto de los defensores del orden legislativo, porque así obliga la Constitución española de 1978. (Artículo 128.1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general). Así pues, mientras no se modifique la Constitución el debate sobre los ingresos públicos no debiera de ser un debate técnico, como se plantea habitualmente, sino fundamental y prioritariamente político. Por si fuera poco, nunca se recuerda bastante que los ingresos públicos suponen en España importes relativamente inferiores a los de la eurozona. En 2008 equivalieron al 36,7% del PIB español, mientras que en la eurozona este dato fue del 44,8%, y si en 2015 en España se elevaron hasta el 38,2% del PIB, en la eurozona lo hizo hasta el 46,6% del PIB total. En Francia o Dinamarca, los ingresos públicos superaron este último año el 50% de su PIB.

En resumen, en España se destina un 6% del PIB menos que en la eurozona al gasto público y se recuda también un 8% menos. Pero hay más, se ha producido un cambio radical en la contribución de cada tributo en el conjunto de los ingresos fiscales.

A pesar de que se aceptó sin críticas el mantra de que “el dinero de cada uno está mejor en el bolsillo de cada cual”, lo cierto es que han sido los beneficios empresariales los grandes beneficiarios de los cambios normativos del último decenio. Los ingresos sobre beneficios de sociedades pasaron de aportar el 22% del total de ingresos tributarios en 2007 a hacerlo en un 16% en 2008. Un 16% menos, consecuencia de una caída en la recaudación del 39% en 2008 respecto a 2007. Resultado asombroso si se recuerda que el PIB en 2008 fue un 3,3% superior al de 2007. Como la participación de la recaudación por IVA y por impuestos especiales se ha mantenido dentro de unos márgenes de estabilidad (en torno al 28% para el IVA y del 11% para los impuestos especiales) queda claro que han sido las rentas de las personas físicas las que han mantenido al gasto público. De hecho, los ingresos por IRPF han incrementado su participación en la recaudación desde el 36% en 2007 al 42% en 2014, cifra que ya alcanzó en 2008.

La totalidad de los tributos quedan por debajo de los correspondientes a la eurozona en relación al PIB. En España el de sociedades es del 2%, mientras que en la eurozona es el 2,4%, el IRPF es de 7,7% del PIB por el 9,3% de la eurozona, y el IVA es del 6,2% del PIB y en la eurozona el 7%, lo que recoge el efecto de la armonización fiscal comunitaria. Es decir, no se puede argumentar en contra del incremento de los ingresos por su alejamiento de la situación en nuestros socios y competidores, además es absolutamente necesario corregir las desigualdades que la situación crea. A título de ejemplo, mientras que el tipo impositivo oficial sobre los beneficios de las grandes empresas es del 30%, su tipo efectivo es del 3,5% (milagros de la globalización), sin embargo, más del 80% de la base imponible del IRPF está constituida por rentas salariales, a la que hay que añadir el 5% aportada por los rendimientos del capital inmobiliario y patrimonio y otro 5% por rentas de capital mobiliario.

Por otro lado, es hora de reflexionar sobre nuevas figuras impositivas que amplíen el espacio fiscal, dote de mayor estabilidad a los ingresos y contribuya a la equidad y a la mejor asignación de los recursos productivos. En Economistas sin Fronteras se ha dedicado el número 20 de sus dossieres a estos asuntos, bajo el título general de Fiscalidad: eficiencia y equidad, en el que los autores sitúan y explican las dificultades para iniciar una reforma fiscal en España teniendo muy presente su necesidad.

La complejidad de estos asuntos no debe de ocultar el hecho de que, en las democracias liberales, los impuestos son los que permiten reclamar el ejercicio de los derechos ciudadanos: “no taxation without representation”.

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Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor.

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