Fiscalía inspecciona las residencias de mayores gallegas para proteger los derechos de las personas ingresadas
La Fiscalía se ha interesado por la situación de las residencias de mayores en Galicia. Inspectores del organismo están realizando visitas a los centros públicos y privados y recabando información sobre sus usuarios y funcionamiento, en medio de numerosas polémicas por la gestión de los servicios sociales en la comunidad. “Son inspecciones jurídicas periódicas, aparte de controles puntuales más informales”, explica a elDiario.es una portavoz de la Fiscalía de Galicia. “La importante afectación de los derechos de las personas ingresadas”, dice el oficio recibido en una de estas residencias, pública en este caso, “exige una actitud vigilante y proactiva del Ministerio Fiscal, en el ejercicio de sus funciones de tutela de derechos”. Las viviendas comunitarias, que en las últimas semanas han registrado problemas graves, quedan al margen, a no ser que haya una denuncia específica.
El documento al que ha tenido acceso elDiario.es incluye una lista de la información requerida al centro y que trata sobre las personas usuarias e ingresadas y sobre las condiciones laborales de las trabajadoras -es un sector altamente feminizado. Así, la Fiscalía reclama el número y relación de ingresos, y su desglose en aquellas con auto judicial o con resolución judicial de apoyo. También quiere saber cuántas y quiénes sufren “deterioro neurológico severo” y en qué casos se usan contenciones, físicas o farmacológicas. Además de ese pormenorizado censo, los inspectores también han preguntado por el reglamento de derechos y deberes de las personas residentes y por el plan anual de actividades dirigidas a las mismas para prevenir la dependencia, de terapias ocupacionales, ocio y tiempo libre.
Pero el Ministerio Fiscal no solo ha reparado en los usuarios. El reglamento general de la residencia y la relación de puestos de trabajo -el incumplimiento de los ratios de empleados por usuario es una protesta sindical recurrente- forman parte de los papeles solicitados por una inspección que, al menos en el caso del que este periódico ha tenido conocimiento, fue presencial y duró más de cuatro horas. Nunca en al menos 18 años, asegura un empleado del centro a este periódico, había sucedido algo así. Según informaron en el lugar los propios inspectores, serán acciones rutinarias y no debidas a ninguna denuncia concreta. La Fiscalía señala que la fiscala o fiscal responsable de las inspecciones comunica al juzgado los ingresos involuntarios, las contenciones “y todo lo que juzgue como reseñable”.
Un nuevo modelo que no fue tal
Las residencias de mayores en Galicia son uno de los muchas y diversas áreas conflictivas bajo administración de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia. Hay un total de 22.096 plazas. De ellas, el 75,4% de titularidad pública, aunque en buena medida en concesión a empresas privadas y tercer sector (ONG, fundaciones u otras entidades sin aparente ánimo de lucro) y el restante 24,6%, privada, según datos recogidos por Europa Press en enero de este año. Durante la pandemia, los centros en manos privadas -bien de empresas, bien del tercer sector, e independientemente de la titularidad de las plazas- acapararon el 94% de las muertes por coronavirus, pese a ocuparse solo del 77% de las plazas.
La Xunta de Galicia, entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo pero con Fabiola García, la actual conselleira, ya al mando del departamento, hizo propaganda con el anuncio de un nuevo modelo de geriatría. Este, que desde el principio descartó reducir la propiedad privada de las residencias o de las camas, nunca acabó de concretarse. De hecho, la donación al Gobierno gallego de siete centros, uno en cada una de las siete ciudades gallegas, por parte de la Fundación Amancio Ortega ha desembocado en su cesión a entidades privadas. Política Social se escuda en que la titularidad de las mismas será pública y que “se trata de una figura de gestión pública”.
El ingreso de pacientes psiquiátricos en residencias públicas de mayores también ha generado un enorme malestar entre usuarios y trabajadoras. La convivencia entre personas de 90 años y en situación de dependencia, por ejemplo, con otras diagnosticadas de graves enfermedades mentales y de 50 o 60 años provoca, denuncia sindicatos y asociaciones, enormes riesgos. Porque además sucede en centros sin médicos especializados ni empleados capacitados profesionalmente para atenderlos. Esta práctica, iniciada hace algunos años, ha llevado a Inspección de Trabajo, dependiente del ministerio, a elaborar un informe en el que alerta de peligros para “la vida, la integridad física y la salud mental” de las trabajadoras.
La Xunta se defendió en su día alegando que ha puesto en marcha algunas de las medidas solicitadas por Trabajo, aunque los sindicatos aseguran que no. El Gobierno gallego reduce además la dimensión del problema y asegura que solo el 1,7% de los residentes en centros públicos responde al perfil de paciente psiquiátrico. Fuentes del sector explican sin embargo que en algunos son casi la mitad.
Denuncia por aviso de inspecciones
En agosto de 2023, la Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais denunció que “la conselleira Fabiola [García, la titular de Política Social] permite que las visitas de las inspecciones se conozcan de antemano en las residencias”. El Gobierno gallego lo negó y anunció la apertura de un “expediente de investigación” contra la persona que firmaba la denuncia. Ahora es la Fiscalía la que “periódicamente” se está personando en las residencias de mayores de la comunidad.
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