Cuando pagar no basta: Blanca y el desahucio encubierto que amenaza su casa en Gijón

Blanca Morillo lleva 24 años viviendo en su casa de la Avenida de Shulz, en Gijón. No tiene grandes lujos —casi ninguno—, pero es su hogar, y en él quiere quedarse hasta el último día. Con poco más de 800 euros de pensión, paga 460 de alquiler, lo que supone más del 50 % de sus ingresos, muy por encima del tercio recomendado por los expertos.

Sin calefacción y con humedades que le obligan a abrir las ventanas incluso en pleno invierno, Blanca enfrenta el frío asturiano de la Navidad mientras su muleta y una bombona de butano esperan en la entrada. “Si me suben el alquiler a 600 euros como quiere el hijo de la propietaria, no puedo pagarlo, porque entonces no como”, explica.

Cuando falleció Rosario, la anterior propietaria, Blanca confiaba en que su hijo renovara el contrato de alquiler. Guardó cada mes en un cajón el dinero correspondiente durante siete meses —un total de 3.230 euros— hasta recibir un nuevo contrato con una subida que no podía asumir. “No firmé. Esto es un desahucio encubierto”, denuncia Blanca, que recurrió al Sindicato de Inquilinas de Asturias, y que explica como durante siete meses cada vez que cobraba, el 25 de cada mes, separa el dinero del alquiler para dárselo al nuevo propietario mientras se resolvía la situación.

“Es sangrante”, dice Javier Linares

Javier Linares, portavoz del sindicato, explica: “Nadie la va a echar de su casa hasta que haya una orden de desahucio. Es sangrante lo que le quieren hacer, y no tiene acceso a vivienda social porque no hay”.

Con 8.180 viviendas vacías en Gijón, Blanca solo pide poder seguir viviendo en su casa con un contrato indefinido, asumiendo las subidas anuales del IPC, tal como ha hecho durante más de dos décadas. “No me voy a mover de aquí salvo que me saquen a la fuerza”, sentencia.

Hace meses tuvo lugar un acto de conciliación entre las partes, pero no hubo acuerdo. Blanca mira el sofá del salón y el árbol de Navidad que colocó al lado de la ventana. “Tuve ánimo de ponerlo, pero estoy todo el día pensando en lo mismo. Esta es mi casa y ahora mismo no puedo alquilar nada en Gijón porque los precios están disparados”, concreta.

A sus 73 años y con la única intención de “vivir tranquila”, Blanca se enfrenta ahora a una lucha por mantener su hogar. “Siempre he pagado todos los meses, jamás les he pedido nada, y lo que les pedí no lo han hecho. Sigo con la cocina que no funciona bien, y cuando me cambiaron el colchón me dieron uno viejo…”, relata.

Ella se encargó de pintar las paredes y de mantener su hogar durante más de veinte años, y no comprende por qué ahora el nuevo propietario “me quiere subir el alquiler a 600 euros, cuando sabe de sobra que no lo puedo afrontar” y consciente de que “sé que él no tiene necesidades económicas”.

En la cocina huele a sopa, que está preparando para estos días, mientras espera con ilusión que su nieta venga a darle un abrazo y el apoyo que necesita para seguir adelante con su lucha. “Si no hubiera sido por ella…”, se emociona.

Viviendo en caravanas

Linares acompaña a Blanca en su lucha y apunta que Asturias necesita apostar por la vivienda social para evitar que casos como el de ella se multipliquen cada día. “Pensábamos que el problema de acceder a una vivienda estaba lejos, que solo pasaba en zonas turísticas, pero lo cierto es que en Gijón hay mucha gente viviendo en caravanas”, explica.

La solución, según Linares, pasa por construir más vivienda pública, y pone como ejemplo ciudades como Viena, donde una gran proporción de la población vive en viviendas sociales o subvencionadas, garantizando precios asequibles y estabilidad para los inquilinos.

Blanca cierra la ventanas mientras habla en voz baja: “ o me dejan morir aquí o me matan” y confía en que un juez le da la razón y poder “vivir en mi casa, pagando mi alquiler”. Linares advierte de que “hay muchas Blancas que saldrán a la luz este año, con los 14.000 contratos en Asturias que serán revisados después de firmarse en 2020 en plena pandemia”.