El gerente que robó 144.000 euros del Instituto Valenciano de Servicios Sociales no ha devuelto un euro pese a la condena

El Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) ha sufrido dos grandes robos en los últimos 20 años de los que todavía no ha podido recuperar ni un euro. Uno de ellos cuenta con sentencia judicial, en la que un exgerente acabó condenado a cinco años de cárcel, según se desprende del informe de sus cuentas realizado por la Sindicatura de Comptes de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2024. En total, la entidad dependiente de la Conselleria de Bienestar tiene pendientes de cobrar 250.000 euros de las dos sustracciones: una apropiación indebida y una estafa. Además, en el ejercicio analizado, el IVASS también tenía pendientes de ingresar 330.921,27 euros de cuotas pendientes que corresponden “a los gastos personales ordinarios de los usuarios, como peluquería, farmacia o podología”.

Según el informe de la Sindicatura de Comptes, en 2024 “permanece en los registros contables el saldo de 144.794,31 euros, como consecuencia de la apropiación indebida de fondos públicos en el ejercicio 2009, a la espera de cobro por ejecución de sentencia, habiendo instado la entidad los oportunos procedimientos judiciales en materia penal”. Estos fondos fueron robados por su exgerente, José María Vicent, exadministrador del IVASS cuando era denominado Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social (Ivadis). Vicent fue condenado a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación.

El exgerente condenado fue contratado en su día para gestionar la administración del IVADIS, que recibía sus recursos de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana. El hombre era el encargado de ordenar los pagos a proveedores. Lo que hizo, según consta en la sentencia del Tribunal Supremo, fue alterar el fichero informático con los datos de las empresas. Mantuvo el nombre del destinatario, pero modificó la cuenta en la que se debía hacer el ingreso. Así, insertó otras a su nombre o al de una mercantil que estaba controlada por él. También disponía de un segundo método para ejecutar el fraude. En lugar del pago a proveedores, hacía constar que se trataba de anticipos de nómina para algunos funcionarios, pese a que estos nunca solicitaron el adelanto. En este caso, realizaba depósitos a nombre de su mujer, que desconocía las prácticas irregulares en las que andaba inmersa su pareja.

José María prolongó esta actividad ilícita durante dos años, desde noviembre de 2008 hasta diciembre de 2010. En total, realizó seis transferencias fraudulentas. La de mayor importe fue un traspaso superior a los 66.000 euros.

La otra estafa de la que el IVASS no ha recuperado ni un euro se produjo en 2020. En este caso, se trató de un fraude por suplantación de identidad. Según revela la Sindicatura de Comptes, se realizaron transferencias por valor de 106.413,98 euros «cuya recuperación se considera remota», por lo que los fondos se han registrado igualmente como deudores de dudoso cobro, a la espera de una sentencia judicial.

El IVASS detectó la comisión de una estafa por valor de alrededor de 100.000 euros en los procedimientos de pago a una de sus empresas proveedoras, de la que los estafadores habían suplantado la identidad mediante la falsificación de diversos documentos, según explicó la Conselleria de Bienestar Social en un comunicado de 2020, en el que precisó que la cantidad sustraída se correspondía únicamente con el pago de una de las mensualidades a esta empresa.

Los estafadores tramitaron por escrito una petición de cambio de cuenta corriente haciéndose pasar por la empresa proveedora, en la que adjuntaron un certificado de la nueva entidad financiera con el cuño de la misma para dar autenticidad a la cuenta corriente, y otro documento con cuño y firma de la empresa respaldando el cambio. A pesar de la verosimilitud, ambos documentos eran falsos.

En este sentido, se indicó que los delitos que supuestamente se habrían cometido serían varios, ya que, además de la estafa, se estaría hablando de suplantación de identidad y falsificación de documentos. Se presentó una denuncia ante el juzgado de guardia por los delitos de estafa, falsificación de documento público, apropiación indebida y usurpación de identidad, para que se inicien los procedimientos necesarios encaminados a la recuperación del dinero sustraído y a la reparación de los daños que se hayan podido producir, tanto a la empresa pública como a su proveedor. De momento, según explica la Sindicatura, no se ha podido recuperar el dinero.