El juez archiva una de las causas contra el Gobierno andaluz por los contratos sanitarios a dedo con clínicas privadas
El juzgado de Sevilla que investiga al Gobierno de Juan Manuel Moreno por un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas entre 2021 y 2024 ha decidido decretar el sobreseimiento provisional y archivo de las querellas presentadas por el PSOE andaluz y por Podemos contra la actual gerente del SAS, Valle García, y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega, por considerar que “no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito”.
El juez da carpetazo a la primera de las tres causas abiertas en los juzgados por posibles irregularidades en la contratación a dedo del SAS con la sanidad privada, tras algo más de un año de instrucción (hay otras dos en juzgados de Cádiz y Córdoba), al no detectar ni delito de prevaricación ni desvío de fondos públicos.
Ésta también era la investigación más avanzada, que recabó ingente documentación de la Junta y citó a declarar como imputados a los tres últimos gerentes del SAS y, como testigos, a la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez (exinterventora general de la Junta), a la consejera de Medio Ambiente (exconsejera de Salud), Catalina García, al exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, y al exresponsable de Contabilidad del SAS, José Antonio Miranda, entre otros.
El archivo de la causa contra el SAS, que figura en un auto del juez José Antonio Gómez dictado el pasado jueves 22 de enero, concluye que “prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no solo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento”, según ha adelantado Abc y ha confirmado Europa Press.
El juez Gómez considera que los contratos de emergencia del SAS con la sanidad privada estaban amparados en la Ley de Contratos del Sector Público y en las resoluciones del Consejo de Gobierno dictadas a resultas de la pandemia de coronavirus. La normativa estatal permite a las administraciones contratar de urgencia, sin publicidad ni concurrencia competitiva, cuando se producen acontecimientos “catastróficos” e imprevisibles.
Los querellantes denunciaron que esa situación, generada por la pandemia de coronavirus a principios de 2020, no justificaba estirar ese sistema de contratación a dedo hasta 2024, pero el magistrado avala la postura de la Junta, que siempre ha defendido que la presión asistencial en la sanidad andaluza por el impacto de la pandemia hacía necesaria esa contratación a dedo dos años después. “No puede concluirse que la finalidad de las prórrogas fuera la elusión de las normas de Orden Público de la contratación, sino que respondían a necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación, sin modificación de lo contratado, dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria”, advierte el auto.
El archivo de la instrucción es recurrible ante la Audiencia Provincial de Sevilla y Podemos ya ha anunciado que lo hará.
Carpetazo 48 horas después de declarar la exconsejera de Salud
La causa se abrió tras una denuncia interpuesta en septiembre de 2024 por una treintena de parlamentarios del PSOE andaluz contra los dos citados exgerentes del SAS “por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias en los años 2021-2023”. La denuncia del PSOE-A, a la que posteriormente se sumó Podemos, cifraba en 243 millones de euros el valor de los contratos cuestionados.
La oposición ha cargado duramente contra el Gobierno de Moreno por su gestión de la sanidad pública, por el aumento de las listas de espera quirúrgicas, y la derivación sistemática de miles de pacientes a la sanidad privada, usando contratos de emergencia que se amparaban en un marco legal habilitado en pandemia después de que hubiera sido derogado. El archivo de la causa, a pocos meses de las elecciones andaluzas, refuerza a Moreno frente a sus rivales socialistas, que hasta la semana pasada exigían la dimisión de la gerente del SAS imputada por prevaricación.
El juzgado de instrucción número 13 de Sevilla acordó, el 1 de octubre de 2024, incoar diligencias previas “por la existencia de un posible delito de prevaricación administrativa”. Posteriormente, en noviembre de 2025, los diputados del PSOE-A presentaron una “ampliación de querella” por “posibles irregularidades en la contratación a través de procedimiento de urgencias por el SAS en el año 2024” contra su actual directora gerente del SAS, Valle García.
Además de Valle García y sus dos antecesores en calidad de investigados, en la causa también han comparecido como testigos el exdirector económico del SAS José Antonio Miranda y el exdirector de asistencia sanitaria y resultados en Salud Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás el pasado mes de noviembre.
El auto del juez se produce apenas 48 horas de que el pasado martes 20 de enero comparecieran en calidad de testigos la actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente y ex consejera y ex viconsejera de Salud, Catalina García, y el exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa.
Ni delito ni desvío de fondos
Los gerentes del SAS han justificado en todo momento el mantenimiento de los contratos de emergencia en la necesidad de seguir atendiendo las urgencias asistenciales derivadas de la pandemia y han restado relevancia al cambio de la fiscalización previa al control financiero permanente acordado por el Consejo de Gobierno.
El juez echa mano de jurisprudencia anterior y cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 2010, que establece que “lo que ampara una normativa de emergencia es una situación administrativa inmediata, absolutamente necesaria para evitar, o remediar en lo posible, las consecuencias del suceso en cuestión”.
El auto reconoce que el uso de la contratación de emergencia por parte del SAS con clínicas privadas disfrutó de “mayor discrecionalidad”, pero los gerentes “no tomaron decisiones que conculcaron directamente el Orden Jurídico”, añade. El magistrado también resuelve uno de los elementos más críticos de la investigación: la retirada del control previo de la Intervención de la Junta a los contratos del SAS -por acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020- y su sustitución por auditorías a posteriori, que fueron las que finalmente sacaron a la luz las irregularidades que dieron pie a la apertura de diligencias.
“Resulta cuanto menos jurídicamente discutible que la modificación del control previo al control financiero permanente supusiera una minoración de garantías, además de que posibilitó una mayor agilidad y eficacia en la gestión de los recursos públicos en semejante situación de emergencia”, concluye el auto.
46