El Defensor del Pueblo afea a la Junta llevar tres meses “esperando” una respuesta sobre la crisis de los cribados

“Todavía sigo esperando”. Ya no son tres meses, si no, en total, cinco meses desde que la Junta de Andalucía mantiene su silencio ante los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz en funciones. Tras la apertura de la investigación de oficio derivada de la crisis de los cribados, Jesús Maetzu confirma que se reiteró la petición en diciembre al gobierno de Juanma Moreno, sin embargo, la disolución del Parlamento andaluz con la convocatoria de elecciones ha dejado un vacío tras de sí: “No se podía responder objetivamente a la ciudadanía con los datos que la Junta de Andalucía nos dio”.

Los fallos en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM) en Andalucía volvieron a salir a la palestra a lo largo de la semana pasada después de que desvelara, a través de una investigación de El País, que la Junta ya era conocedora de la obstrucción que había en el sistema con dos alertas realizadas por el servicio de Radiodiagnóstico en 2023 y, posteriormente, en 2025. En este sentido, el material que remitió la administración al Defensor del Pueblo el pasado diciembre era “claramente insuficiente”. Así, pesa la indiferencia. “Hemos reiterado una respuesta, de manera urgente y preferente”, señaló Maetzu durante la rueda de prensa en la que presentó el balance de 2025 de la institución, donde hay un apartado específico para esta crisis.

“No duden de que, en cuanto esté la información, se informará a la ciudadanía”, reiteró en la casa del pueblo andaluz, ya que las pacientes “tienen inapelablemente el derecho a la información”. Hay un total de 2.317 mujeres que fueron afectadas por los fallos del cribado de cáncer de mama y, pese a la gravedad de la situación, el informe remitido conjuntamente por la Viceconsejería de Salud y Consumo y por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la defensoría fue poco esclarecedor. “Decían que unas llamadas se hicieron y otras no, unas notificaciones se hicieron por carta y otras al correo electrónico... Era insuficiente, y la defensoría tiene que ser muy seria con esto, porque es un caso muy grave”, aseveró.

“El problema real no es de forma sino de fondo”

Las respuestas demandadas son relativas a tres ejes fundamentales, tal y como se cita en el balance de la defensoría: el derecho a la información sanitaria, la respuesta asistencial analizando el cumplimiento de los plazos clínicos recomendados y la evaluación global del propio programa, en particular, de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz. En el informe enviado al Defensor del Pueblo Andaluz, se reconoce haber identificado “una falla de comunicación” o “incidencia comunicativa”, que afectó a las mujeres con hallazgos mamográficos catalogados como BI-RADS 3, especialmente en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, pero se expresa que tal incidencia “no implicó errores clínicos ni disminución de la calidad asistencial”.

Además, se especifica que el programa de cáncer de mama incorpora un sistema automatizado de comunicación para resultados sin hallazgos relevantes y que, en los casos que requieren valoración especializada (BI-RADS 0, 3, 4 y 5), se genera directamente la derivación hospitalaria, aunque la comunicación depende parcialmente de los circuitos de cada hospital. En este punto, se especifica que existían diferencias en las formas de contactar con las mujeres, haciéndolo algunos por vía telefónica y otros mediante envío directo de la citación por correo postal.

No obstante, la defensoría, a la hora de estudiar las respuestas de la Junta, entiende que el enfoque para justificar las respuestas es “parcial”, ya que se reduce la “falla de comunicación” a una mera cuestión de forma, es decir, “una simple diferencia en la práctica de los medios empleados”, pero “no responde al problema de mayor calado planteado en la crisis del cribado de mama, por la ausencia misma de contacto dirigido a informar del resultado incierto del cribado, ni del estudio adicional preciso, ni de la derivación a su centro hospitalario”.

“El problema real no es de forma sino de fondo, esto es, de la ausencia misma de comunicación autónoma de los resultados del Programa de Cribado a las afectadas”, en donde no se clara si debían o podían realizarse conjunta o separadamente, a quién correspondía la realización de cada una y porqué se omitía la primera. A su vez, se omiten datos sobre la carga asistencial de los Servicios de Radiodiagnóstico, su dotación de personal y el volumen de mujeres en lista de espera. Tampoco se pronuncia sobre los mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados del programa de cribado, aunque sí determina que se inició en octubre de 2025 la actividad de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Actividades Preventivas de Detección Precoz. “Todo lo cual nos lleva a cursar una petición de informe complementario”, determina la evaluación de la defensoría.

Balance de 2025

A lo largo de 2025, el Defensor del Pueblo Andaluz incrementó su actividad y desarrolló más de 34.000 actuaciones: una media de 95 al día. En comparación con el periodo anterior, hubo un 30% más de quejas presentadas, con un total de más de 13.000 nuevas quejas iniciadas. Además, se atendieron 17.494 consultas atendidas y se realizaron 53 actuaciones de oficio, viéndose que hay una mayor incidencia en Dependencia, Salud, Educación, Consumo, Vivienda, Personal del sector público y Discapacidad.

En dependencia, advirtió que “Sevilla está colapsada”, ya que hay unas 100 quejas diarias en la materia dentro de la provincia. Hay escritos que quedan grabados en su memoria, como el de un hombre de 49 años, con ELA, y cuyos dos hermanos, que sufrían la misma enfermedad, habían fallecido sin que les llegara respuesta por parte de la administración, “me preguntaba, ¿usted cree que también me moriré sin la ayuda?”. “Las listas de espera y los retrasos en dependencia merman la confianza de la ciudadanía en el sistema público: no hay mayor desafección”, subrayó. En vez de hablar de retrasos y demoras, el término que usó fue “desprotección”, desprotección para las familias con personas mayores, las que esperan por el bono de alquiler, aquellas que necesitan unos ingresos mínimos, es decir, las que no pueden esperar un día más ante los desmanes de la vida.

En cuanto a la vivienda, fue tajante: “Es el termómetro más visible de la desigualdad”. Con 2.423 expedientes gestionados, es una de las mayores preocupaciones de la población andaluza. La carrera de obstáculos, tal y como definió, incluye la falta de oferta, los precios desmedidos del mercado inmobiliario, sobre todo en el alquiler, la amenaza de las viviendas de uso turístico o la “especial crudeza” de las zonas costeras. “Hay una avaricia patrimonial”, determinó a tenor de la visión especulativa que se mantiene sobre la vivienda. Una realidad en la que la defensoría se posiciona “con la exigencia de que este derecho subjetivo sea cada vez más preponderante”. Para ello, pidió una planificación estructural en el sistema, en vez de las construcciones a mansalva que afloran en esta nueva burbuja inmobiliaria y que, de una forma u otra, tiene una repercusión en la infancia y la adolescencia, como ha analizado con asociaciones del sector.

“La vivienda acelera procesos de sustitución social”, añadió, siendo él mismo uno de los afectados. Oriundo de Cádiz, admitió que en el centro de su ciudad apenas reconoce a los vecinos y a los pequeños comercios de los que disfrutaba hasta hace apenas una década. Por tanto, pide leyes autonómicas que “alivien” la presión sobre aquellos que intentan acceder a una propiedad. Ampliar y proteger el parque público, así como la coordinación efectiva de los servicios sociales y la mejora de la gestión de las ayudas son alguna de las claves que ofreció para intentar paliar la situación.

Jubilación

El informe anual, concebido como una hoja de ruta, da un decálogo de buenas prácticas para las instituciones, ya sea en materia de vivienda como dependencia y sanidad, en el que se reitera que el marco común debe ser la defensa y el robustecimiento del espíritu democrático.

Maetzu vio como positivo el aumento de casos a atender, que significaría un mayor conocimiento del organismo entre la sociedad, pero, de cara a las elecciones autonómicas que se avecinan, advirtió: “Se van a empezar a pelear todos los grupos, pero tiene que haber un suelo democrático”, donde el compromiso sea con “la igualdad, la no discriminación, los derechos laborales, la migración, los ingresos suficientes, la sostenibilidad ambiental, así como la memoria democrática”. Valores por los que construir una sociedad mejor, más rica y diversa, en donde la convivencia sea la prioridad frente a los discursos de odio y xefonobia, comentó, sobre todo en el entorno de las redes sociales. Todo ello, con tal de evitar la erosión de la convivencia social, deseó.

A sabiendas de la importancia de su cargo, insistió en que su deseo es jubilarse cuando se forme un nuevo gobierno en Andalucía. “Después de las vacaciones, que se sienten todos los grupos que quieran a la institución a negociar”, con tal de llegar a los tres quintos que se requieren para su sustitución. En las dos últimas décadas, ha desempeñado esta labor en tres períodos diferentes, estando desde septiembre de 2024 hasta la actualidad en funciones. “Quiero una soledad deseada”, sonrió. A la espera de lo que ocurra tras el 17 de mayo, Maetzu protegerá el cargo que le confía el pueblo andaluz.