Bachelet: dilemas y certezas de un retorno

Chile es un país que se vanagloria de mantenerse al margen de la fiebre reeleccionista de América Latina. Asistimos, incluso, a nuevas versiones como la llamada reelección conyugal. Tal es el caso de Cristina Fernández de Kirchner y, más recientemente, la tentación que parece rondar en torno a las pretensiones políticas de Nadine Humala, la esposa del primer mandatario peruano. El regreso de la expresidenta Michelle Bachelet, luego de que en 2010 le colocara la banda presidencial por primera vez a un candidato de derecha desde la recuperación de la democracia en 1990, no calza en ese marco. Pero la posibilidad de que ocupe nuevamente el sillón presidencial sería una reelección, aunque en modalidad alterna.

Lo llamativo, en su caso, es que se trata de una mujer que, además de ser la primera en llegar a dicha magistratura por la vía de las urnas en un país importante en América Latina, añadiría un nuevo récord. No solamente es la primera mujer en Chile en lograr la presidencia sino que sería la primera vez que alguien sería reelecto en dicho cargo. De hecho, el historiador Alfredo Jocelyn-Holt, revisando la historia de Chile, se refiere a ello como “una misión casi imposible”. Sumemos que no solamente ha dejado su mandato con el más alto nivel de popularidad, 80%, sino que ha logrado sobrevivir al desgaste que produce la lejanía del poder. Esas son algunas de las razones por las que su posición actual, como candidata de los partidos Socialista (PS) y por la Democracia (PPD) a las primeras primarias presidenciales legales que se realizarán en el país, generan expectación.

Al día de hoy, es la candidata mejor posicionada para repetir una hazaña porque, concedamos, a pesar de los avances femeninos en el último siglo, todavía resulta raro que una mujer llegue a dirigir un país. Según el Mapa Mundial de la Mujer en la Política 2012, solamente hay 17 jefas de Estado o de Gobierno. Sin embargo, volver a ocupar La Moneda parece no ser el problema, por ahora. El problema se produciría una vez que reincida en el cargo. Existen expectativas, pero también legítimas dudas, acerca de si sus propuestas políticas podrán hacerse cargo de los cambios que ha experimentado el país.

Desde la derrota de la Concertación en 2010, luego de veinte años ininterrumpidos de gobiernos de la misma coalición, se viene hablando de un cambio de ciclo en la política chilena. Este fenómeno, probablemente, se encuentra en desarrollo. El movimiento estudiantil de 2011, con su demanda de educación pública, gratuita y de calidad en base a la consigna de “fin al lucro”, visibilizó una crisis de representación política junto con la demanda por redistribución del ingreso las que, para algunos analistas, expresan la necesidad de cambios estructurales más profundos en un ordenamiento económico-social que el Financial Times ha catalogado recientemente como una “economía oligárquica liberal”. En el debate público, de forma lenta pero consistentemente, se ha ido instalando la necesidad de avanzar hacia una nueva Constitución que relativice el rol sobredimensionado asignado al mercado y que permita lo que los chilenos no han logrado en toda su historia: dotarse a sí mismos de una carta fundamental legitimada por vía soberanía popular.

Chile, a día de hoy, es un cúmulo de paradojas que quiebra el sentido común que dicta que si la economía anda bien, todo lo demás debe darse por sentado. Si bien ha sido un país exitoso en el combate a la pobreza y exhibe hoy cifras alabadas de crecimiento, baja inflación, inversión extranjera y empleo, coexisten con una de las desigualdades más altas de la región, según el PNUD. Ello ha venido a generar un fenómeno difuso, pero consistente en los últimos años, expresado de manera intermitente en movilizaciones sociales y en las redes, pero también por vía electoral, con una abstención de casi 60% en las elecciones municipales de 2012, que se ha dado en llamar “malestar”.

Bachelet, en esta etapa de campaña de primarias, se ha hecho cargo de estos dilemas y ha izquierdizado su discurso, proponiendo reformas tanto educacional como tributaria. Sin embargo, difícilmente podrá concretarlo si no logra mayoría parlamentaria. Las fuerzas que la respaldan, que no conforman la oposición toda por cuanto Marco Enríquez-Ominami, líder del Partido Progresista, competirá con ella en la primera vuelta presidencial, aparecen unidas en torno a su figura más porque les asegura el regreso al poder que por disponer de un proyecto político de futuro distintivo que las una.

En noviembre, no solamente tendrá lugar en Chile una elección presidencial sino también parlamentaria y se ha difundido la consigna de lograr “un Parlamento para Bachelet”. Sin embargo, la negociación parlamentaria de sus propias fuerzas se observa plagada de conflictos y reproches, lejana a la mínima disciplina que podría garantizar lo que ella hoy está prometiendo. Otros factores podrían ralentizar su giro hacia la izquierda. Nos referimos al ingreso de la Democracia Cristiana (DC) a su comando, una vez concluidas las primarias fijadas para el 30 de junio. Ello nos recuerda que cualquier coalición que sustente su gobierno no será sin tensiones por cuanto incluirá a la expresión de centro que representa dicho partido, pero también muy posiblemente a un Partido Comunista (PC) que podría llegar al Gobierno por primera vez, luego del quiebre de la democracia, en 1973.

Así como las posibilidades reales de su izquierdización están en duda, no lo está su compromiso con la igualdad de género. Es, sin duda, la exmandataria más reconocida a nivel mundial por sus políticas a favor de las mujeres, lo que seguramente le valió ser electa para dirigir ONU-Mujeres. La paridad ministerial y una reforma previsional con enfoque de género forman parte de sus políticas más recordadas. Se necesita con urgencia un nuevo embate en este ámbito, luego de un gobierno de derecha que ha debilitado la transversalización de género en el Estado y ha dejado aparcado el lenguaje de derechos por uno donde la mujer cuenta solamente en su rol de madre y como instrumento de políticas asistenciales. Chile tiene un porcentaje del 13,9% de parlamentarias y es uno de los pocos países de América Latina que carece de ley de cuotas. A las deudas que la transición dejó en materia de participación política y derechos sexuales y reproductivos se suman nuevas realidades como la demanda por políticas de conciliación. Por lo tanto, no es extraño que las chilenas vean en ella una “candidatura anhelante” con la que se identifican transversalmente.