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La Ayuda a Domicilio pierde 2 millones que compensa con la cuestionada figura del asistente personal

Trabajadoras de servicios de ayuda a domicilio durante una movilización.

Natalia González de Uriarte

Vitoria-Gasteiz —

La Diputación Foral de Álava, competente en la atención de personas con dependencia leve o moderada, ha recortado la partida presupuestaria del Servicio de Ayuda a Domicilio, SAD, de los 18 millones del pasado año a los 16 previstos para el próximo 2014. Pero como contrapartida ha previsto un nuevo fondo –dotado con 600.000 euros frente a los 73.000 del 2013– para afrontar la contratación de asistentes personales, una figura que “se ajusta muy bien a las necesidades reales de estas personas”, según comentaba la propia Diputada de Servicios Sociales Marta Alaña en la presentación del desglose de cuentas de su departamento.

Sin embargo, la implantación de este nuevo modelo asistencial ha generado ciertas suspicacias entre las empresas del sector. Son varios los temores que han trasladado a eldiarionorte.es. De momento desconocen los términos exactos en los que se va a desarrollar esta prestación pero temen que la entidad foral no tenga capacidad suficiente para ejercer una control exhaustivo sobre las contrataciones de estos cuidadores. Como consecuencia puede aumentar el empleo sumergido y el intrusismo laboral de personas sin formación ni certificación profesional. “De momento han rebajado la partida para la contratación de empresas que nos dedicamos al Servicio de Ayuda a Domicilio y no sabemos cómo se va a regular esta figura, si recurrirán a nuestros servicios o simplemente entregarán una cuantía a los beneficiarios para que ellos contraten por su cuenta la ayuda. En este caso, nos preguntamos si se vigilará que den de alta a estas trabajadoras y cómo, con qué recursos y si lo hacen, obligarán a los contratantes a respetar el convenio del sector. Son muchas cuestiones las que están el aire y que de no resolverse son perjudiciales tanto para las empresas como para sus trabajadoras”, explicaban fuentes conocedoras de la situación.

En Álava actualmente son seis las empresas que prestan sus servicios a la Diputación para este cometido asistencial y dan empleo a un millar de trabajadores, que o bien disponen de la certificación profesional para desempeñar estas tareas o bien se forman para conseguirla. A estas compañías, la entrada de esta nueva figura, les hace desconfiar porque tampoco saben si ellos asumirán esas tareas con personal propio. De lo contrario, son muchos los puestos de trabajo que están en juego.

Atención de baja calidad para los usuarios

Varias trabajadoras del sector advertían además que los siguientes afectados serán los propios usuarios. “No es lo mismo que te atienda una auxiliar de enfermería, que tiene conocimientos sobre movilidad de personas con dificultades de movimiento, sobre administración de medicamentos, sobre cuidados de higiene corporal y otro sin fin de aspectos que una persona ajena a este sector. La calidad asistencial baja y los usuarios lo notarán”. Entre las funciones que debe atender el auxiliar de asistencia a domicilio destacan la ayuda personal para el vestido, calzado y la alimentación, El aseo e higiene personal, habitual o especial, arreglo personal, ducha y/o baño, incluida la higiene bucal; la transferencias, traslados y movilización dentro del hogar; en personas con alto riesgo de aparición de úlceras por presión, prevenir éstas mediante una correcta higiene, cuidados de la piel y cambios posturales; ayuda en la administración de medicamentos que tenga prescritos la persona usuaria o cuidados básicos a personas incontinentes, entre otras.

Según las explicaciones del gabinete del Gobierno foral para acceder a esta prestación los beneficiarios podrán optar entre dos modalidades, beneficiarse de los recursos forales ya vigentes o contratar los servicios por su cuenta financiándose a través de los fondos de la Diputación. En este último caso, las mismas fuentes aseguran que dichas contrataciones se efectuarán “con rigor, de forma regulada y controlada como cualquier otro servicio público. No se favorecer de modo alguno la economía sumergida”, concluían.

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