PP y Cs nombran el Comisionado para la Concordia que exige Vox “para reemplazar la Ley de Memoria Histórica”

La Junta de Andalucía ha nombrado, en plena pandemia del coronavirus, al Comisionado para la Concordia, Francisco Javier Arroyo Navarro. Un cargo nuevo que afronta como mayor reto una exigencia de la extrema derecha de Vox: eliminar la Ley de Memoria Democrática para reemplazarla por una Ley de Concordia, como informó eldiario.es Andalucía en enero de 2019.

Arroyo Navarro asume así las competencias que tenía la pasada legislatura el director general de Memoria Democrática, Javier Giráldez. Se trata de un comisario ajeno –al menos hasta ahora y que se sepa– al mundo memorialista y las reclamaciones de las víctimas del franquismo en torno a las violaciones de Derechos Humanos cometidas por los golpistas y la dictadura de Francisco Franco y no resueltas por España.

El nombramiento ya está publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), como adelantó La Razón, en una resolución por “libre designación” de la viceconsejería de Cultura y Patrimonio Histórico. El Comisionado para la Concordia tiene rango de director general con un sueldo de 57.202 euros brutos anuales más “complementos, trienios y similares”, al ser funcionario de carrera, según informa ABC.

Pasos “contra” la Memoria

El Gobierno andaluz sigue dando pasos “contra” la Memoria Histórica, según las asociaciones de víctimas del franquismo. Como máximo estandarte del frenazo a las políticas públicas está la parálisis en las exhumaciones de fosas comunes: no hay ninguna nueva intervención arqueológica aprobada desde que gobiernan PP y Ciudadanos. Andalucía es la región de España con más asesinados por el fascismo: al menos 45.566 personas en 708 fosas comunes, según el Mapa de Fosas oficial.

Además, la consejería de Cultura que dirige Patricia del Pozo (PP) todavía no ha ejecutado las subvenciones a proyectos de investigación y divulgación que afectan a Ayuntamientos, Universidades andaluzas y colectivos sociales. Y el perfil bajo en el cumplimiento de la legislación provoca que la Junta no se posicione en temas como la simbología franquista, caso de la tumba del golpista Gonzalo Queipo de Llano en la basílica de la Macarena en Sevilla.

Y para cumplir el pacto con la extrema derecha que posibilitó que el popular Juan Manuel Moreno Bonilla sea presidente de la Junta de Andalucía, una de las medallas políticas exigidas por Vox es la Memoria Histórica. El punto 33 de este acuerdo, titulado ‘Promover una Ley de Concordia’, está llamado a sustituir la actual Ley de Memoria Democrática de Andalucía, aprobada en 2017 en el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra.

La Consejería de Cultura ha sido preguntada por eldiario.es Andalucía sobre el nombramiento, objetivos y relación de Arroyo Navarro con la Memoria Histórica. El departamento prefiere “no hacer declaraciones de momento” al respecto y remite al currículum de un “abogado con experiencia” y con “amplia trayectoria como alto funcionario”.

El perfil del Comisionado: especialista en turismo y administración pública

Ahí es donde entra en juego Francisco Javier Arroyo Navarro. Un exalto cargo del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) sin vinculación, hasta ahora, con las víctimas del franquismo. El nuevo Comisionado para la Concordia es licenciado en Derecho y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1998.

Arroyo Navarro posee un Máster en Empresas Turísticas y otro en Turismo y Administración Pública. Ha sido consejero de Turismo de las embajadas de España en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador durante los mandatos de Rajoy. Y ha sido antes jefe del Servicio Jurídico y secretario general de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

El Gobierno andaluz informó el pasado febrero de 2019 que crearía un Comisionado para la Concordia que “amplíe y mejore” la Ley de Memoria. Que el Ejecutivo regional de PP y Ciudadanos buscará una norma “donde todo el mundo se sienta cómodo y representado”, en palabras del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

El objetivo, decía, era trabajar desde el “consenso”. La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía salió adelante sin votos en contra. El trámite parlamentario solo registró la abstención de los grupos parlamentarios que hoy conforman el Gobierno andaluz, PP y Ciudadanos.

Arroyo Navarro tendrá que lidiar con un teórico marco en el que quepan todos los partidos representados en el Parlamento de Andalucía: PSOE, PP, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox. Para sacar de ahí una nueva Ley de Concordia en la que “todo el mundo se sienta cómodo y representado”, como declaraba Bendodo.

Una “agresión” a las víctimas del franquismo

Pero el apoyo como socio externo de la extrema derecha pone en la diana a la Memoria. La exigencia de Vox pasa, precisamente, por dinamitar aquel consenso y acabar con la protección legal a las víctimas del franquismo.

“El objetivo de la Junta de Andalucía es cargarse la Ley de Memoria y es una agresión a las víctimas del franquismo”, resume Paqui Maqueda, presidenta de la Asociación Nuestra Memoria. Y este paso viene a “satisfacer las peticiones de los fascistas de Vox”, entiende.

“Y si es una agresión, hay que contestar”, advierte Maqueda. El Gobierno andaluz queda posicionado contra “un movimiento memorialista con mucho músculo social y que busca verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición con el respaldo de la comunidad internacional de defensa de los Derechos Humanos”.

La creación de un Comisionado para la Concordia “no tiene sentido”, dice. “Las víctimas del franquismo no tenemos que pedir concordia a nadie, nuestra máxima es que no olvidamos ni perdonamos, queremos justicia, y el perdón se hace de forma particular, cada familia tiene derecho a perdonar y olvidar”, explica.

El nombramiento del Comisionado para la Concordia “es preocupante”, coincide Cecilio Gordillo, de Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA-CGT.A). PP y Ciudadanos “han hecho una barrera a todo aquello a lo que se habían comprometido con su abstención en la aprobación de la Ley de Memoria”, afea.

En la práctica el Gobierno andaluz viene jugando a “la misma estrategia Rajoy, decir ‘vale, sí, pero no doy un duro’, eso hasta hoy”, subraya Gordillo. De ahí la “ralentización en los trabajos en las fosas, que es muy importante”. O en la “paralización real a todos los proyectos y subvenciones” y que no haya desde la consejería de Cultura “ninguna iniciativa en materia de callejero o simbología” franquista, asevera.