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La realidad de las asociaciones de memoria desmonta el acuerdo del presupuesto andaluz: "Ponemos dinero propio y mucho trabajo voluntario"

El documento que desbloquea el Presupuesto 2019 habla de que las subvenciones de memoria no podrán "financiar gastos estructurales" en "más del 20%" y las asociaciones niegan la mayor: eso no sucede

"Están deslizando que sirve para mantener lo que ellos llaman chiringuitos" y es "absolutamente falso", según la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica

“Lo que es muy curioso son las subvenciones y el dinero público que se lleva la Fundación Franco, esto sí lo podría analizar la ultraderecha, que no hay transparencia en la gestión"

"Es un señalamiento ideológico contra los movimientos sociales", afina Cecilio Gordillo, del grupo de trabajo memorialista de CGT

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Fosa común con víctimas del franquismo en Monturque (Córdoba). | JUAN MIGUEL BAQUERO

El acuerdo de PP, Ciudadanos y Vox para desbloquear el Presupuesto 2019 de la Junta de Andalucía pone en el punto de mira a las asociaciones de Memoria Histórica. No "más de un 20%" de las subvenciones podrán "financiar gastos estructurales", dice el documento. Deslizando, así, la existencia de lo que llaman ‘chiringuitos’ de Memoria Histórica. Una idea falsa, según explican las asociaciones memorialistas y demuestran los requisitos de ayudas.

Las exhumaciones de fosas comunes están en manos de la Junta. No hay partidas "cedidas" a colectivos memorialistas. Y la convocatoria anual de ayudas, vigente desde 2006, está destinada a proyectos de investigación y divulgación. Nunca a pagar gastos corrientes como alquiler, luz o nóminas.

"Están deslizando que esto ha servido para mantener otros chiringuitos" y es "absolutamente falso", según la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática. "Es un señalamiento ideológico", afina desde CGT. "Para subvencionarnos hemos tenido que vender bolígrafos", dice Nuestra Memoria. "Un nuevo desprecio al movimiento memorialista", define la Asamblea Andaluza de Asociaciones Memorialistas y Víctimas del Franquismo.

Las asociaciones memorialistas funcionan con trabajo voluntario y aportaciones de sus socios. Es la norma común. Y es erróneo afirmar, por tanto, que los colectivos de derechos humanos ligados a las víctimas del franquismo están financiados con dinero público. Salvo casos excepcionales, no participan de programas subvencionables.

¿Qué son gastos estructurales?

Alquiler, teléfono, luz, gasto de personal… Todos aquellos costes fijos necesarios para satisfacer la estructura de funcionamiento de una entidad. Son costes recurrentes y que no dependen de la adjudicación o evolución de proyectos determinados.

Uno de cada cuatro euros, perdidos

De existir estos coladeros de dinero público, uno de cuatro euros se habría perdido entre las tablas del quiosco. Porque el año pasado "solo se ejecutaron 83.000 euros" de estas partidas, como confirman fuentes del Gobierno andaluz a eldiario.es Andalucía.

No hubo proyectos ni peticiones suficientes para cubrir la cantidad disponible. Y este es el motivo de que la cuantía descienda en 2019 hasta los 182.200 euros, desde los 310.000 del año anterior, según la Junta. El supuesto ‘chiringuito’ de la Memoria se habría dejado atrás 227.000 euros.

Esto, si el acuerdo entre PP, Cs y Vox se refiere a las subvenciones de la Junta. El punto 14 –titulado ‘Delimitación de actuaciones en materia de Memoria Democrática’– dice que la "ejecución" del presupuesto por la Consejería de Cultura será para actuaciones en fosas y banco de ADN.  Y continúa. "En el caso de realizarse mediante subvenciones a asociaciones sin fines de lucro, la normativa reguladora de las mismas no podrá prever que más de un 20% del total de la subvención venga a financiar gastos estructurales de la asociación, debiendo por tanto el resto corresponder a actuaciones directas en el proyecto que se subvenciona".

Memoria. | JUAN MIGUEL BAQUERO

Memoria. | JUAN MIGUEL BAQUERO

La convocatoria anual de ayudas es un programa dirigido a proyectos de investigación, estudio y divulgación en materia de Memoria democrática del ámbito territorial andaluz. Pueden participar asociaciones memorialistas y, como novedad desde 2018, ayuntamientos y universidades públicas de la región.

Cada propuesta estará dotada con un máximo de 6.000 euros, que serán 10.000 en el caso de los centros universitarios, según la normativa. El año pasado, el total ascendió a 310.000 euros con tres líneas para los beneficiarios: 120.000 euros para entidades memorialistas, 100.000 para municipios y 90.000 para universidades.

Si, por el contrario, el documento firmado por los partidos de derechas apunta a la financiación de las exhumaciones, se trata de una política que la Junta abandonó desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía. La administración regional atendió así al requerimiento de Naciones Unidas: que el Estado asuma el deber de Memoria y la no privatización de la búsqueda de los desaparecidos forzados. A partir de entonces, es la propia administración la que contrata equipos técnicos encargados de las excavaciones arqueológicas.

"No existen chiringuitos" de la Memoria

"Para subvencionarnos hemos tenido que vender bolígrafos, por ejemplo. Nosotras para nada vivimos de dinero público sino que muchas veces nos cuesta el dinero", cuenta la presidenta de la Asociación Nuestra Memoria, Paqui Maqueda. "Tenemos una cuota anual de 20 euros y no llegamos a 35 socias", indica. "Ahí tenemos las cuentas abiertas para quien quiera mirarlas", sugiere.

Así funcionan las asociaciones. “Hacemos virguerías para llevar a cabo el día a día”. En el caso de Nuestra Memoria sí han percibido “una subvención en los pocos años que llevamos activas que fue para el libro del ADN de la Memoria”. Fue a través de la Dirección General de Memoria Democrática, “de 4.874 euros creo recordar”, dice Maqueda.

Esta obra nació de una exposición que el colectivo sufragó con fondos propios y con la colaboración de las familias de víctimas del franquismo y una treintena de fotógrafos. “Lo que es muy curioso son las subvenciones y el dinero público que se lleva la Fundación Franco, esto sí lo podría analizar la ultraderecha, que no hay transparencia en la gestión, o la Fundación Queipo –que este medio contó en exclusiva–, en vez de poner el foco en las asociaciones que sobrevivimos de las cuotas y vendiendo bolígrafos”, anima la presidenta de Nuestra Memoria.

Exposición 'El ADN de la Memoria'. / LUIS SERRANO

Exposición 'El ADN de la Memoria'. | LUIS SERRANO

“No existen chiringuitos” de la Memoria Histórica, subraya Cecilio Gordillo, coordinador del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT. “Ponemos dinero de nuestro bolsillo y mucho trabajo voluntario”, sostiene.

“Las entidades memorialistas no reciben un solo euro para su mantenimiento como tal”, dice. Por eso, apunta, la actitud de PP, Cs y Vox “es un señalamiento ideológico”. Además, “el propio programa de subvenciones indica que estas ayudas son para trabajos de investigación, difusión..., no para otros gastos”.

“Que yo recuerde nunca ha existido ese 20% de gastos propios, eso creo que solo lo han cobrado las universidades, un 15% por proyecto, y los ayuntamientos, que no tienen que justificar la subvención mediante facturas, solo con la certificación del interventor”, señala Gordillo.

Recorte en las ayudas

“Es absolutamente falso, nunca ha ocurrido así”, defiende el portavoz de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, Antonio Manuel Mateos López. “Esto es un desprecio más a las víctimas”, denuncia. “Que digan –PP, Ciudadanos y Vox– cuáles son esas asociaciones, que la pongan encima de la mesa y lo demuestren”, reta.

“No van por ahí los tiros, están faltando a la verdad si quieren hacer entender a la opinión pública que la estructura de las asociaciones está financiada con dinero público, no es correcto”, continúa. “No hay ninguna asociación que se conozca que mantenga su funcionamiento con dinero de la Junta, se mantiene con dinero de sus socios”, refiere.

“Aportaciones de socios y trabajo voluntario, esa es la realidad de las asociaciones y no otra”, subraya. “Funcionamos con mucho voluntarismo, mucho trabajo desinteresado… es un gasto de dinero para nosotros mismos en muchas ocasiones”, prosigue. “Pero eso no lo quieren ver, porque están deslizando que esto ha servido para mantener otros chiringuitos”, explica.

Trabajo arqueológico en la fosa de Puerto Real (Cádiz). / JUAN MIGUEL BAQUERO

Trabajo arqueológico en la fosa de Puerto Real (Cádiz). | JUAN MIGUEL BAQUERO

No existen subvenciones para abrir fosas

“Las exhumaciones y el ADN son la prioridad de las familias con seres queridos desaparecidos. Nos tuvimos que constituir sobre el año 2009 en asociaciones, a raíz de la legislación emergente que surgía sobre Memoria Histórica, para poder exhumar”, recuerda María del Carmen España, desde la Comisión por el Derecho a las Exhumaciones.

En aquel momento, hace memoria, “nos convertimos en gestores de ese dinero público para poder contratar a esas empresas para llevar a cabo las intervenciones, cargando sobre nuestras espaldas todo el peso de las exhumaciones”. Ahora, esta realidad no existe y es la Junta la que abre fosas “de oficio”, según la Ley de Memoria Histórica andaluza.

“Lo que siempre hemos querido es que el Estado se haga cargo de los desaparecidos, porque es su responsabilidad”, alude España. Y apunta: “Que no se les vaya a olvidar nunca que el Estado no puede suplir ni dejar de lado a las familias, que han sido y seguirán siendo la columna vertebral del memorialismo”.

Con el recorte en la convocatoria de subvenciones 2019 a proyectos de investigación, estudio y divulgación “estamos ante un nuevo desprecio al movimiento memorialista que lleva años trabajando, con muy pocos recursos pero con mucha determinación, para lograr la justicia que reclaman las víctimas”, en palabras de uno de los portavoces de la Asamblea Andaluza de Asociaciones Memorialistas y Víctimas del Franquismo, Francisco Vigueras.

La reducción de las ayudas a las asociaciones es un “desprecio a la capacidad de propuesta de la ciudadanía organizada”, según Juan Morillo, de Unidad Cívica por la República. Y este “bloqueo a las iniciativas participativas de la sociedad” responde a una forma de “entender la política como un ejercicio de poder de las instituciones”.

Además, apunta, “se intenta trasmitir que son las subvenciones a las propuestas de las asociaciones quienes están frenando las exhumaciones”. Cuando “la mayoría de las exhumaciones realizadas han sido a propuesta de las asociaciones memorialistas”.

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