Los activistas lanzan una campaña para avalar la rehabilitación de la Casa Invisible
La Casa Invisible ha iniciado un proceso de recogida de avales para suscribir un crédito de 150.000 euros con la cooperativa Coop57. En realidad, la campaña del centro social y cultural pretende señalar las contradicciones del ayuntamiento de Málaga, que ha iniciado el expediente de desalojo del edificio pese a que en el pasado negoció la cesión directa al colectivo de activistas que lo gestiona desde 2007. El crédito, de suscribirse finalmente, iría destinado a adelantar parte de la financiación para rehabilitar el edificio.
La idea de los activistas es indicar que están en disposición de iniciar la rehabilitación del inmueble si se produce la cesión directa. “Si el alcalde cede el edificio, nosotros al día siguiente estamos ultimando la concesión del préstamo”, explica Florencia Cabello, portavoz de La Invisible: “Frente a las especulaciones de buscar los reyes magos cataríes o en San Petersburgo, que se dé cuenta de que aquí tiene un proyecto solvente, un proyecto de rehabilitación que ya está hecho y un adelanto de dinero”.
El inmueble, que data del siglo XIX y tiene grado de protección 2, necesita de una rehabilitación profunda. Con este movimiento, La Invisible interpela nuevamente al alcalde, aunque sea de forma simbólica. “Si de verdad al alcalde le preocupa la rehabilitación, nosotros somos sus mejores aliados inmediatos. Lo que queremos es no dilatar más los plazos”.
El ayuntamiento es el propietario del edificio, expropiado en su día a un coste final de 3,8 millones de euros. Como propietario, es también el responsable de su conservación. En 2007, el edificio fue okupado, y desde entonces alberga un centro autogestionado que ha aportado una visión alternativa a la cultura “oficial” y el germen de gran parte de los movimientos sociales de la ciudad.
Los activistas pretenden interpelar al alcalde anunciando que pueden adelantar lo que cuesta rehabilitar un edificio que está muy deteriorado. “Proponemos un aval social distribuido y muy capilar, que dote de garantías, y que da una idea de sostenibilidad económica, porque un inversor se puede ir, pero muchos te garantizan que hay una base social muy amplia que va a hacer que el proyecto salga adelante y el préstamo se pueda devolver”, defiende Cabello.
Las alternativas: un uso cultural “muy comprometido”
El problema es que el préstamo no se hará efectivo sin la cesión del edificio, y esa premisa es ahora muy dudosa. Más aún después de que el ayuntamiento iniciara los trámites de desalojo hace unas semanas, pese a que los activistas constituyeron una fundación de interés municipal y presentaron un proyecto de rehabilitación, a priori bien visto por los técnicos de Urbanismo.
Ni siquiera los técnicos municipales tienen claro qué pasará finalmente con el inmueble. Un informe preparado por Urbanismo para justificar el inicio del desalojo constata la “necesidad” de rehabilitar el edificio. Los técnicos también anticipaban la dificultad de que un privado que asuma la rehabilitación recupere la inversión destinando el edificio a un uso estrictamente cultural. Según Urbanismo, la solvencia de los hipotéticos inversores quedaría “muy comprometida” por la proporcionalidad entre los ingresos previsibles y los gastos de rehabilitar el inmueble, que según los activistas tiene un coste aproximado de 1,2 millones de euros. La otra opción, según el propio informe, es que sea el ayuntamiento el que ejecute las obras y saque a concurso el uso cultural del inmueble ya rehabilitado.
Frente a esto, los activistas advierten de que podría ocurrir que el edificio se quede sin rehabilitar después de que les desalojen. O que ante la dificultad de buscar un privado que rehabilite, lo haga el ayuntamiento con la incertidumbre de a quién adjudicar el proyecto y en qué términos. “Si alguien entra y se le pide un uso cultural, aquí podemos encontrarnos una farsa que sea una tapadera de un mercado gourmet, hotel, terraza, o de un uso para nada cultural, y en beneficio exclusivo de un privado que no pone inversión ninguna”, opina el portavoz de La Invisible. “Frente a eso, tenemos un proyecto cultural solvente, reconocido por ellos porque somos fundación de interés público municipal, con un proyecto de rehabilitación sobre la mesa gastado de nuestro dinero, y ahora con financiación inmediata”, argumenta.
La campaña se desarrollará durante los próximos 40 días, y tiene como avalistas “honorarios” a personalidades de la Cultura como Manuel Borja-Villel (director Museo Nacional Centro de Reina Sofía), Marcos García (director de Medialab-Prado Madrid), Amador Fernández-Savater (filósofo y pensador), Javier Gallego Crudo (locutor de radio), César Rendueles (sociólogo), Alfonso de la Pola (Premio Nacional de Circo 2017) o Chantal Maillard (Premio Nacional de Poesía 2004). También ha recibido el respaldo de colectivos como la librería Traficantes de Sueños, X.net y ZEMOS98.
