Andalucía fuerza el pulso con el Gobierno por la financiación y exige más ayudas extras para atender a menores migrantes
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha comunicado por escrito al Gobierno andaluz que no renovará la “financiación extraordinaria” que destinó el año pasado a las comunidades para atender la llegada de menores extranjeros no acompañados, porque “la situación en este año 2019 no presenta la excepcionalidad que revistió el año pasado en que se produjo un incremento del 115% respecto al año anterior”.
La carta sale de la Dirección General de Servicios para la Infancia del Ministerio y va dirigida al órgano homólogo en la Consejería andaluza de Igualdad. Está fechada el pasado mes de septiembre y desde entonces ha sido motivo de debate entre los grupos políticos en el Parlamento andaluz. No es un asunto nuevo. Sin embargo, ha sido ahora cuando la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha elevado un informe al respecto para ponerlo en conocimiento del Consejo de Gobierno reunido este martes. Ruiz acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber retirado la financiación extra de 27,6 millones de euros que concedió a Andalucía el año pasado para atender a la población de menores migrantes ante el aumento de la llegada en pateras a las costas españolas. Los recursos extra desaparecen, pero la necesidad no, lamentan en la Junta: Igualdad mantiene 1.389 plazas para atender a estos niños y ahora tendrá que hacerlo con recursos propios, sin apoyo del Gobierno central.
La denuncia de la Junta por la falta de financiación estatal para acoger a los menores migrantes se solapa con otra denuncia de mayor espectro: justo esta semana, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno ha acusado al Ministerio de Hacienda de impedirle seguir financiando su deuda en los mercados por un incumplimiento de los objetivos de estabilidad en 2018, cuando aún gobernaba el PSOE. La denuncia reabre una recurrente vía de confrontación entre el Estado y la comunidad autónoma andaluza a cuenta de la financiación. El informe de Igualdad sobre la falta de recursos estatales para atender a los menores migrantes tutelados por la Junta es una deriva más dentro de este magma político de alto voltaje. Así lo manifestó el propio portavoz y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, al incluir el asunto de los menores no acompañados dentro de la protesta contra Sánchez por el “castigo” al que somete a Andalucía.
Así las cosas, el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha vuelto a colocar, por sorpresa, a los menores migrantes en el epicentro de la confrontación política, esta vez sin la intermediación de sus socios de extrema derecha. La realidad de los menores extranjeros no acompañados en Andalucía ha copado el debate político durante meses, siempre a iniciativa de Vox, que vincula los centros de acogida de estos chicos con la delincuencia y la inseguridad.
Hasta ahora la Junta siempre se había desmarcado de la estrategia del partido de Santiago Abascal. Primero había advertido a sus socios de que los datos oficiales de la Consejería de Presidencia -responsable de las políticas de seguridad- no permitían relacionar la delincuencia con los centros de menores migrantes: apenas se registraba un 0,54% de incidencia. Segundo, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, había pedido expresamente a Vox que no utilizase a los niños extranjeros ni “criminalizase” su situación con objetivos partidistas. Menos aún, con objetivos electorales, en velada alusión al acto de campaña que convocó la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, a las puertas de un centro de acogida para menores migrantes de la Macarena, en Sevilla.
Las críticas que vierte el nuevo informe de la Consejería de Igualdad no van en esta línea, pero sí agitan la confrontación con el Ministerio de Sanidad a cuenta de este asunto. En septiembre de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez distribuyó entre las comunidades 40 millones de euros para mejorar la atención de los menores extranjeros no acompañados. Una de las condiciones para recibir el dinero era favorecer la redistribución de estos menores entre comunidades, ya que más del 50% se quedaba bajo tutela de la Junta de Andalucía. Fue una medida extraordinaria ante la situación de colapso que vivieron algunas regiones ese verano: se registraron oficialmente más de 10.100 niños extranjeros que llegaron solos, sin la compañía de un adulto (un 75% más que en 2017). Andalucía era responsable de más de 4.000 niños, de ahí que acaparase el grueso de las ayudas: 25,5 millones de euros de los 38 millones repartidos en la primera entrega (otros dos millones de reserva se distribuyeron más adelante).
Tras el verano de 2019, la Junta de Andalucía solicitó por escrito al Ministerio una renovación de los fondos extraordinarios porque, si bien el ritmo de llegadas en pateras a través del Estrecho había disminuido, las plazas creadas para atender a la población de menores migrantes seguían estando ocupadas. El Ejecutivo se negó: “Este Gobierno es consciente de las dificultades que atraviesan determinadas comunidades ante el importante aumento en las llegadas de menores extranjeros no acompañados, así como de la obligación de proporcionarles una atención adecuada”, reza la carta del Ministerio. No obstante, continúa, “lamento informarle que sobre aplicación presupuestaria de este Ministerio que permitió la concesión de subvenciones directas por importe de 40 millones de euros para complementar los recursos de los que disponen las entidades públicas de protección de menores de las comunidades que recibieron un gran número de menores extranjeros no acompañados a o largo de 2018, los últimos datos del Registro MENA para 2019 no presentan esa excepcionalidad del año pasado”.
