Una pareja de Chiclana litiga con la Junta de Andalucía para recuperar a su hija de tres años: “Me engañaron y se la llevaron”

La pesadilla de Mila y Jorge, padres de Paula, empezó en febrero de 2020. Para ellos la pandemia fue lo de menos porque en esas fechas les fue retirada la custodia de su hija por parte de la Junta de Andalucía. La administración tomó esta medida de desamparo basándose en unos indicadores de riesgo o desprotección de Paula, que entonces tenía un año y medio. Corría el 18 de febrero de 2020 y desde entonces sus padres aseguran que su situación ha mejorado y que no han parado de pelear para recuperarla.

“Nos quitaron la niña por pedir una ayuda. La asistenta social de Chiclana vino a la casa donde vivíamos en ese momento. Era una casa pequeña y las cosas las teníamos en casas y en bolsas. Vivíamos con mis padres, nos dijeron que había que limpiarla y nos dieron 15 días para arreglarlo todo. Al día siguiente se colaron técnicos del Servio de Menores junto con policías, entraron dando una patada, nos pegaron a mi madre y a mí después de partir la puerta. Me engañaron diciendo que nos llevaban a casa de mis suegros, pero realmente nos llevaron al cuartel de la Guardia Civil. Allí ya me llamaron a mi sola y yo le iba a dar la niña a mi marido y me dijo que no y fui y me quitaron la niña de mis brazos”, relata Mila a este periódico.

En espera de la Audiencia de Cádiz

A partir de ese momento solo han podido verla en visitas concertadas y ya Paula ha cumplido tres años. Para recuperar la tutela acudieron a los tribunales, pero el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cádiz falló en su contra y argumentó que la situación familiar había mejorado pero no lo suficiente, por lo que decretó el desamparo provisional.

La abogada de la familia, Tamara Huelga, presentó un recurso a la sentencia, pero la Audiencia de Cádiz todavía no se ha pronunciado y el caso todavía se ha complicado más. “Sin tener una sentencia firme que les legitime, han dado a la niña en adopción, algo a lo que nos opusimos; el recurso también ha sido admitido a trámite”, explica la letrada.

Las visitas puntuales a la niña las han realizado a través de la Fundación Márgenes y Vínculos, una organización sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos y servicios sociales destinados a la infancia, las familias, la mujer, personas con discapacidad, migrantes o personas en situación de vulnerabilidad desigualdad. Después del puente de la Inmaculada, esta entidad señaló a los padres que se acababan las visitas. Ellos también han acudido a la Justicia para quitarle la potestad a esta Fundación y que las visitas se hagan en otro lugar. La abogada de la pareja interpuso medidas provisionalísimas que han paralizado la prohibición de esas visitas.

“Hemos recurrido para que dejaran a Paula venir con la familia a las fiestas como cumpleaños o la Navidad, con la familia, pero nos siguen diciendo que es demasiado pronto. Cuando la visito en Márgenes y Vínculos veo que llora mucho y está asustada. Me dice cosas con miedo porque hay cámaras. Además, tenemos prohibido darle besos”. Este periódico se ha puesto en contacto con la Fundación Márgenes y Vínculos y se limitan a comentar que están cumpliendo con la ley, sin querer hacer más valoraciones.

“No se han modificado las circunstancias”

El objetivo final de Mila y Jorge es conseguir que Paula regrese con ellos. Aseguran que ahora viven en otra casa en Chiclana y que ambos están trabajando, pero para la Junta de Andalucía la situación no ha cambiado lo suficiente. “En este caso concreto de Chiclana, desde que se declaró el desamparo el 19 de febrero de 2020, se ha trabajado de manera continua con los progenitores. En este año y diez meses no se han modificado las circunstancias por las que fue declarado el desamparo”, explica en un comunicado el Gobierno regional.

“Desde la Administración se cuenta con los informes y con la ratificación judicial que avalan la decisión adoptada de manera fehaciente y evidente y que en este momento la decisión adoptada por la Comisión Provincial de Medidas de Protección de Cádiz es la que mejor da respuesta a las necesidades actuales y futuras de la menor”, añade.

Los padres de Paula está estudiando la posibilidad de tomar medidas penales contra la Administración en el mes de enero. Tamara Huelga comenta que “a raíz de este caso hemos conocido otros iguales o peores”.