Incubadoras legales: especializando a abogados contra los delitos de odio
A principios de 2016, la Federación Nacional de Asociaciones de mujeres gitanas, KAMIRA –con sede en Córdoba- en colaboración con varios despachos de abogados, importó por primera vez en Europa el proyecto de incubadoras legales que nació en Estados Unidos hace una década. Lo hizo en la capital cordobesa, donde desde hace un año se viene desarrollando esta iniciativa que, de un lado, forma a jóvenes abogados especialmente en delitos de odio y, de otro lado, ofrece sus servicios jurídicos a colectivos y personas en riesgo de discriminación.
Las cuarenta Incubadoras Legales que existen en EEUU de la mano de la Open Society Justice Initiative y las que se implantaron después en República Dominicana, Pakistán, India y Kenya, sirvieron de espejo para esta primera experiencia en Europa, que en Córdoba permite formarse actualmente a varios jóvenes que acaban de terminar sus estudios de Derecho. Una experiencia que en España también se ha extendido después a proyectos en Málaga y Madrid.
El objetivo de la iniciativa es claro: apoyar a los recién licenciados en su formación práctica a la vez que ofrecen ayuda para el acceso a la justicia a ciudadanos pertenecientes a comunidades con riesgo de discriminación cuyas necesidades legales no estén satisfechas. “La iniciativa permite a estos jóvenes entrar a trabajar en un despacho de abogados asesorando a colectivos vulnerables”, explica la abogada y presidenta de KAMIRA, Carmen Santiago. “Permite la especialización de estos jóvenes, adquiriendo una formación práctica en esta materia”, que se centra en todo el abanico de delitos de odio y discriminación.
Unos delitos que -cuenta desde su experiencia la presidenta de KAMIRA- se extienden contra personas de distintas etnias como es la comunidad gitana, contra inmigrantes o el colectivo LGTBI, personas con distintas capacidades como las que presentan el Síndrome de Down o menores que sufren bullying en su entorno por su identidad sexual. “Ahora, con las redes sociales, nos encontramos con auténticas barbaridades”, advierte Santiago sobre la comisión de delitos de odio y discriminación con el uso de las nuevas tecnologías. “Más allá del hecho en sí, con las redes sociales tienen una repercusión enorme, un gran alcance, y son asuntos difíciles”.
Seguimiento y compromiso
Ante esta realidad, desde el proyecto de incubadora legal de Córdoba se actúa así desde la propia praxis jurídica. Los integrantes de un despacho de abogados colaboran para convertirse en tutores de formación práctica de los jóvenes recién graduados que, con un contrato laboral, se especializan y ofrecen sus servicios para asesorar, entre otros, a miembros de la comunidad gitana de Córdoba a través de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas.
Desde KAMIRA explican cómo, de un lado, “se lucha contra la carencia de práctica universitaria en el sector jurídico” y se incentiva así a los jóvenes que están dispuestos a prestar sus habilidades profesionales a personas y colectivos que carecen de capacidad económica suficiente para acceder a servicios de profesionales del Derecho. Y, de otro lado, se combate “la carencia de abogados especializados al servicio de las comunidades marginadas”, objeto de delitos de odio y discriminación.
“Esta experiencia conlleva un seguimiento y un compromiso de tus tutores”, explica Isabel Reyes, una joven abogada que forma parte del proyecto de la ‘incubadora legal’. “Aquí aprendes verdaderamente, coges tablas y te especializas en casos donde no hay abogados especialistas”, cuenta sobre los delitos de odio y discriminación. Su experiencia en estos meses la ha llevado a ayudar a personas discriminadas “sobre todo en el ámbito laboral” y a asesorarlas para “identificar que están siendo objeto de un delito. Hay veces que asumen como normal ese trato discriminatorio o veces que, por temor o desconocimiento, no saben identificar el delito”.
Aparte de eso, asuntos civiles, desahucios o convenios reguladores también pasan por las manos de estos jóvenes abogados que comienzan su carrera profesional dentro de estas ‘incubadoras’. A su alcance, además de la práctica, cuentan con la realización de cursos especializados, tanto en el tipo de delitos que tratan como en las nuevas tecnologías a través de las cuales ahora se extiende su ejecución.
