Arranca el juicio por la muerte (invisible) de un preso a manos de otro en Córdoba
El 11 de junio de 2014, José D. Márquez Peláez, de origen colombiano y 32 años, ingresó de urgencia en el Hospital Reina Sofía de Córdoba proveniente de la prisión de Córdoba. Había recibido numerosos golpes que le llevaron a la muerte unas pocas horas después. El supuesto agresor fue otro interno de la cárcel pero ni los funcionarios ni las cámaras de vigilancia que debían controlar de manera permanente a estos internos 'vieron' nada. Dos años después, este martes 14 de junio se inicia el juicio por la muerte de José.
Su familia pide también responsabilidades a la Administración Penitenciaria por una falta de vigilancia que, en su opinión, facilitó la agresión. “Se les dejó juntos y solos, sin supervisión funcionarial alguna, a dos presos catalogados entre los más peligrosos de la prisión de Córdoba”, denuncia en la misma línea la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), que apoya a la familia del fallecido.
Los dos internos entraron a un mismo baño con una breve diferencia de tiempo. Ahí se pierde la pista de lo ocurrido, porque en un espacio de unos 15 a 20 minutos, ni presencialmente ni a través de las cámaras, se supo qué hacían los presos. La administración penitenciaria realizó en su día un informe y explicó que por “un error humano” no se pudieron grabar las imágenes. Y cuando se alertó de lo ocurrido, José debió ser atendido y enviado al hospital, donde falleció finalmente. El acusado, para quien el Ministerio Fiscal pide una pena de 20 años de prisión, declaró que viendo que la víctima había entrado al baño y sabiendo que las cámaras no lo captarían, le golpeó la cabeza y le propinó patadas por todo el cuerpo.
El acusado tenía 40 sanciones por agresiones
Ambos presos se encontraban en el régimen de vida más estricto en prisión, en el departamento especial para quienes se consideran peligrosos para la vida o integridad de los funcionarios, autoridades, otros internos o personas ajenas a la institución. De hecho, el acusado de la paliza que provocó la muerte a José acumulaba más de 40 sanciones por agresiones dentro de la cárcel y estaba allí condenado por asesinato.
“Lo mataron a golpes. No sé dónde estaban los funcionarios. ¿Por qué estaban juntos dos presos peligrosos sin vigilancia? ¿Por qué no estuvieron pendientes de dos personas que estuvieron discutiendo durante un rato?”, se pregunta en voz alta Aura Rocío Peláez, madre del preso fallecido. Su hermana, Janet, acusa a la administración de “lavarse las manos” en este caso y alega que su hermano “llevaba dos meses de más en ese módulo”. “Ya no tenía que estar allí. ¿Por qué lo dejaron solo con un preso peligroso? ¿Dónde estaba la administración?”, lamenta.
Para APDH-A, más allá del autor material de la muerte de José, el juicio que se inicia este martes debe servir también “para depurar responsabilidades de la administración”. La institución penitenciaria “tiene como fin primordial velar por la seguridad, el control y la reinserción” de los presos, una vigilancia que en este caso no se produjo. “Se quedaron sin control durante un tiempo”, incide el coordinador de APDH-A, Valentín Aguilar, que recuerda que “la instrucción que regula cómo deben actuar los funcionarios ante este tipo de presos con peligrosidad extrema dice que deben ser objeto de control directo en todo momento”.
“El peligro se percibe sólo para los funcionarios”
Desde esta asociación reclaman que el caso de José sirva para mejorar los medios con los que se ejerce la vigilancia y la seguridad en las prisiones, pero no sólo para los funcionarios sino también para los presos, de manera que se eviten este tipo de casos. Según las estadísticas de APDH-A, sólo entre los años 2006 y 2014 fueron 20 los internos fallecidos en prisión por agresiones. “El peligro se percibe sólo para los funcionarios, olvidándose de que los presos también son susceptibles del peligro y pueden sufrir agresiones. ¿Cómo es posible que el supuesto autor de los hechos tenga cerca de 40 sanciones por agredir a presos?”, se preguntan.
En su día, la Dirección General de Institucionales Penitenciarias abrió un expediente de información reservada que determinó que la actuación de los funcionarios de la prisión a cargo del control de los internos ese día fue “correcta” y al no apreciar indicios de responsabilidad archivó el expediente. No obstante, APDH-A incide en que ese informe “constató que con los medios e infraestructura existente no era posible realizar un control que evitara el fallecimiento”, concluyendo la necesidad de ampliar y mejorar los medios materiales con los que los funcionarios cuentan para el control de los presos.
