La 'Declaración de Tarifa' subraya la “aportación de gran valor” para España de los menores extranjeros no acompañados
Protagonistas de bulos, extranjeros en un país desconocido, solos y, sobre todo niños, y niñas. “El contexto del que provienen no pueden servir de excusa para construir respuestas y soluciones jurídicas que subrayen diferencias con los menores nacionales en situación de desamparo”, dicen los Defensores del Pueblo de España, que han firmado este miércoles la denominada 'Decaración de Tarifa' en defensa y protección de los niños y niñas que llegan a España sin la compañía de personas adultas que los protejan.
Los diez puntos contenidos en la Declaración promovida por los defensores, enmarcada en las 34 jornadas de coordinación, organizadas por el Defensor del Pueblo Andaluz, trata de desestigmatizar a estos menores, que en ocasiones figuran entre las vicisitudes políticas, como ocurrió el verano pasado cuando aumentó el número de llegadas en patera y las comunidades autónomas rechazaron compartir la presión migratoria de Andalucía. “La presencia de menores extranjeros sin referentes familiares no es tanto una carga para los sistemas de protección sino que, por el contrario, supone una aportación de gran valor para el desarrollo de la sociedad de acogida”, dice el decálogo.
La atención a personas menores de edad se mueve entre dos lógicas que operan, en muchas ocasiones, de forma contradictoria. La lógica de las políticas migratorias actualmente imperantes, cuyo objetivo es limitar el número de llegadas de personas, especialmente de determinados perfiles, y la lógica de la protección y defensa de los derechos reconocidos a la infancia y adolescencia en situación de desprotección.
Antes niño que inmigrante
“Estos niños, niñas y adolescentes son menores y, por tanto, han de ser objeto de protección con independencia del grado de autonomía personal que hayan alcanzado”, considera los defensores, a quienes corresponde garantizar que las actuaciones de las distintas administraciones respondan a su superior interés, “primando, en todo caso, su condición de niño o niña respecto a la condición de inmigrante”.
Por ello, instan “a los poderes públicos para que la atención a este colectivo se efectúe desde la perspectiva de protección a la infancia, cumpliendo con la normativa y pronuncimientos judiciales, y asumiendo las directrices del Comité de los Derechos del Niño, que abogan por la excelencia en el trato a la infancia más desfavorecida”.
La Declaración de Tarifa recuerda que “la especial vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes extranjeros sin referentes familiares víctimas de trata de seres humanos obliga necesariamente a los poderes públicos a incrementar y reforzar la protección de estos menores”. En esa línea recuerda también “la responsabilidad de la Unión Europea y de todas las administraciones públicas nacionales de establecer un sistema de protección garantista partiendo de los principios de racionalidad, eficacia, solidaridad y lealtad institucional”.
Planes de atención a jóvenes extutelados
Por eso instan “a los poderes públicos a lograr la plena integración de los menores extranjeros no acompañados en nuestra sociedad mientras permanezcan en territorio español, otorgándoles la oportunidad de ser parte de ella de forma responsable”. Al tiempo, abogan por “cooperar y colaborar con los países de origen de estos menores para prevenir la inmigración insegura y garantizar que, en su caso, los procesos de repatriación por reagrupamiento familiar respondan siempre al interés superior de aquellos”.
Más en clave estatal, los defensores demandan de los poderes públicos “un plan estratégico nacional de atención a menores extranjeros no acompañados, que asegure la protección de estos niños, adolescentes y jóvenes y que valore la necesidad de atenderlos de una manera coordinada, solidaria, ordenada y responsable entre los territorios”, así como “la elaboración de planes de atención a jóvenes extutelados para evitar que su protección quede interrumpida automáticamente al alcanzar la mayoría de edad, y puedan caer en la marginación y exclusión social”.
La Declaración de Tarifa se pronuncia expresamente “contra la criminalización de los adolescentes y jóvenes extranjeros no acompañados” (“inmigrantes de especial peligrosidad según todas las noticias”, ha llegado a calificarles Vox), exigiendo “una reacción pronta de las administraciones para que sus derechos fundamentales sean respetados, a la vez que una mayor sensibilización de los medios de comunicación, entidades públicas, privadas y ciudadanía en general, para no alentar su estigmatización y alarma social con informaciones falsas y tendenciosas”. Andalucía elevó el gasto en seguridad en centros de menores migrantes a petición de Vox pese a registrar un 0,54% de delincuencia.
