El drama de 47 familias sanluqueñas sin vivienda llega a los tribunales
Ni una ni dos. 47 son las familias que están siendo juzgadas en Sanlúcar de Barrameda, acusadas de un delito de usurpación por ocupar varios edificios en esta población gaditana. No hay lugar para el arrepentimiento porque “es la única posibilidad que tenemos de vivir bajo techo”. Un pensamiento en voz alta que se repite en todos los acusados, que se enfrentan a multas de entre tres y seis meses.
Sanlúcar es, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a primeros de marzo, el municipio español con mayor tasa de desempleo (49,6%), duplicando de largo la media nacional. Desde que el salvavidas de la industria del ladrillo se fue a pique, las alternativas para los sanluqueños escasean y por eso no sorprende que sean más de 300 las familias que han dado el paso de tomar una vivienda que no es de su propiedad.
El lunes fue el turno en los juzgados de la ciudad de las ocho familias de la Corrala de Bonanza y el martes han pasado el resto, de las zonas del Carril de los Ángeles y de Martín Miguel. En los primeros juicios se ha sabido que el promotor del edificio ha acreditado ante el juez que ese inmueble ya no le pertenece porque le fue embargado, por lo que las multas que podrían recaer contra los acusados están en el aire, aunque el fiscal sigue pidiendo el desalojo.
Este martes tenía lugar una concentración frente al juzgado para apoyar a las familias. Pilar, una de las acusadas, todavía espera una solución. “Yo estaba de alquiler, debía siete meses y me veía en la calle. Vi que se estaban metiendo en el Carril de los Ángeles y me vi en la obligación de hacer lo mismo. Llevamos dos años y yo lo que pido es un alquiler social. No tenemos trabajo y no podemos hacer otra cosa”.
Todas las miradas se centran en el Ayuntamiento de la ciudad, al que piden que medie con los propietarios y los bancos. David Alhambra, concejal de Sí se puede Sanlúcar defiende que “el Ayuntamiento no ha querido saber nada de la oferta que le hizo el Sareb en su día. A base de hacer movilizaciones se paró un desalojo y el Sareb ofreció esas viviendas al Ayuntamiento para que las diera en alquiler social, pero no hizo nada. Las viviendas están construidas, pero abandonadas y son estas familias las que las han arreglado. Sólo queremos que se distribuyan de manera organizada y justa”.
Desde el Consistorio municipal se ofrece una versión muy distinta en relación a las gestiones efectuadas por la Oficina Municipal de Mediación en Defensa del Derecho a la Vivienda Digna de Sanlúcar. La información que maneja señala que las tres promociones no pertenecen aún a ninguna entidad bancaria. Lo único que existe es un derecho de crédito garantizado con las mismas y desde la Oficina se están buscando viviendas desocupadas del fondo social de viviendas de los bancos.
Sea como fuere, la realidad es que en Sanlúcar hay 15 edificios ocupados y la sensación que tienen sus vecinos es que no tienen otra alternativa. “Las viviendas ocupadas de Bonanza no tenía ni ventanas, habían sido desvalijadas. Hay muchos niños pequeños y no ocupamos por gusto, somos gente en exclusión social. Nunca hay viviendas en Sanlúcar y no podemos quedarnos en la calle. El Ayuntamiento lo que querría es echarnos a todos”, afirma convencida Cristina en la misma puerta del juzgado.
El parlamentario andaluz de Podemos, Jesús Rodríguez, ha acudido a la concentración y ha criticado que con estos juicios se “criminalice la lucha por conseguir una vivienda y que aquellos que pelean por este derecho acaben en los juzgados y no con soluciones”.
