A los 13 años y cinco meses el CIE de Tarifa se cerró

El martes día 23 de junio se anunció el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Tarifa.

28 años antes, en marzo de 1992, se empezó a detener a personas migrantes usándose para ello unas instalaciones del puerto de Tarifa y, posteriormente, una escuela abandonada. Tras muchas denuncias y la actuación de los Defensores del Pueblo de Andalucía y España, se cerraron las instalaciones en octubre de 1993, aunque esto no implicó que se dejara de detener a personas migrantes. De hecho, el encierro continuó sirviéndose de varios tipos de instalaciones: calabozos, polideportivos o barracones militares de la Isla de Las Palomas. Finalmente, el 19 de junio de 2003, empezó a funcionar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras en las instalaciones de su antigua cárcel.

La Fiscalía General del Estado, en su memoria anual del año 2007, señalaba que “el día 10 de octubre de 2006 se haya erigido en la Provincia de Cádiz un nuevo Centro de Internamiento de Islas de las Palomas (Tarifa) que se ha utilizado como ampliación del CIE de Algeciras y que padece todas las deficiencias propias de un centro provisional”. Asimismo, añadía que “las dependencias de la Isla de las Palomas presentan deficiencias difícilmente superables”. Posteriormente se realizaron obras de urgencia indicando que su utilización quedaría “reservada para situaciones de urgencia y para uso transitorio”.

Esta supuesta transitoriedad del CIE de Tarifa ha durado más de 13 años, funcionando en la práctica de forma independiente al CIE de Algeciras y sirviendo para encubrir una situación de alegalidad dado que no existía una orden ministerial que indicara su creación (algo que sí que existe en el resto de los CIE del Estado). Este centro en Las Palomas inicialmente tuvo capacidad para retener a 160 personas, que ha llegado a reducirse a menos de 80 personas en los últimos meses a instancias de la Jueza de Control del CIE.

Por este Centro de Internamiento de Extranjeros han pasado miles de personas migrantes durante sus más de 13 años de existencia, aunque nunca han proporcionado los datos separados de los del CIE de Algeciras. Su uso en los últimos años ha sido superior al del CIE de Algeciras, dada la semiruina de éste, que ha ido limitando su capacidad, desde 190 a menos de 40 plazas en el último año.

La mayoría de estas personas internas procedían de países subsaharianos y se ha expulsado a menos del 50% de ellas. En los dos últimos años las expulsiones han sido inferiores al 20%, lo que confirma lo innecesario e injusto de privar a estas personas de libertad, sobre todo existiendo otras alternativas tal y como establece la Ley de Extranjería, que indica que el internamiento debería ser la última de las opciones, aunque, en la práctica, es la primera. Amén de sufrir las condiciones infrahumanas en las que han estado privados de libertad.

La situación del CIE de Tarifa se ha denunciado desde su creación, primero por su alegalidad y después por las deplorables condiciones del mismo por ONG, grupos políticos, Defensores del Pueblo, etc. Desde 2009 la sociedad civil se ha movilizado regularmente organizando actos donde denunciaban las condiciones del CIE y se exigía su cierre, impulsadas fundamentalmente por Algeciras Acoge y la APDHA. Las denuncias han llegado incluso al ámbito medioambiental por verter aguas residuales al Parque Natural del Estrecho en 2018.

El emplazamiento del CIE de Tarifa en una isla tiene gran importancia, porque se ve obligado a combatir tanto los vientos de levante como los de poniente, siendo un sitio bastante húmedo y con unas instalaciones no adaptados a un enclave como ese. Estas condiciones provocaron que, dada la ausencia de ropa de abrigo adecuada, un año las organizaciones sociales tuvieran que recoger ropa de abrigo para las personas internadas.

En el año 2016 la Jueza de Control del CIE inspeccionó los CIE de Algeciras y Tarifa y corroboró las denuncias que desde hace años se han venido haciendo. En el Auto 206/2016 y 53/2017 de 8 de mayo exigía, entre muchas otras cosas, las siguientes condiciones sobre el CIE de Tarifa: la construcción de espacios lúdicos adecuados en espacio y contenido; la instalación de luz natural en las habitaciones de los internos; la supresión de rejas en las habitaciones de los internos; la instalación de apertura inmediata de las habitaciones desde el exterior; la supresión de habitaciones con más de tres internos, así como la instalación en cada una de ellas de ducha, retrete y cisterna y lavabo, así como de una pared o una puerta que cubra todo el cuerpo del interno; la supresión de las duchas colectivas; y la supresión de rejas en las habitaciones de los internos. A raíz de estos autos disminuyó el número de personas privadas de libertad.

El 23 de junio de 2020, por fin, se ha cerrado el CIE de Tarifa. Sin embargo, ello no supone que el Gobierno haya cambiado su política respecto al encierro de personas migrantes. Para muestra un botón: el expediente de construcción de un nuevo CIE en Algeciras para 400 migrantes sigue su curso.

Durante estos más de 13 años el Gobierno ha preferido dedicar la Isla de las Palomas a vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes frente a permitir a todas las personas que disfrutaran de un espacio como este. Porque la Isla de las Palomas es un enclave natural único y privilegiado, parte del Parque Natural del Estrecho, una zona de extraordinaria riqueza biológica tanto en superficie como en su espacio marino, y excepcional para la observación de las migraciones de aves entre los continentes africano y europeo. Desde la isla se pueden observar gran cantidad y diversidad de cetáceos que viven o pasan por el Estrecho de Gibraltar. Además, tiene una gran importancia cultural e histórica, con restos arquitectónicos que datan desde el siglo VI a.C.

Desde ahora se podrá hacer un disfrute sostenible de este espacio. Pero los derechos fundamentales de las personas migrantes se siguen vulnerando en otros lugares.