Infravivienda: una familia de Pilas pide “con urgencia” ayuda para arreglar su casa antes del invierno

Sara asoma la cabeza por la ventana. Está, junto a su marido Miguel, en el primer piso de una infravivienda en la barriada Las Palmeras, en Pilas (Sevilla). Sus cuatro hijos (de 3 a 11 años, los tres menores con bronquitis crónica) están en el colegio, ahora lejos de las paredes agrietadas y las omnipresentes manchas de humedad. En 2012 pidieron una ayuda al ayuntamiento local –que se aprobó pero aún no se ha ejecutado– para adecentar su casa. Ahora, ante las pésimas condiciones de habitabilidad, temen la llegada de otro invierno y, sobre todo, de la lluvia.

No es un caso único. En la misma localidad, el propio Consistorio pileño admite la existencia de otras familias, al menos tres, en circunstancias similares. Y la situación es extrapolable a nivel regional a tenor de las ayudas de las administraciones. De hecho, la Junta de Andalucía destina desde agosto una partida de 13 millones de euros que beneficiará a 2.615 familias andaluzas con recursos limitados para rehabilitar sus casas y combatir así la infravivienda en al menos 292 municipios de la comunidad autónoma.

Barriada en trámite de legalización

Sin embargo, el domicilio que Sara y Miguel compraron hace una década se encuentra en trámites de legalización. Aunque pagan sus impuestos municipales, como el resto de residencias familiares de la urbanización Las Palmeras, esa especie de limbo jurídico las deja aún, a efectos administrativos, como construcciones ilegales. De ahí la dificultad de acceder a los programas de Rehabilitación Autonómica e Infravivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda o los de la propia delegación local de Servicios Sociales.

Esta situación propició en 2012 la apertura de un expediente a través del cual se concretó una ayuda directa por las especiales circunstancias familiares (el progenitor, Miguel, es además pensionista por enfermedad grave) y el estado de deterioro de la vivienda. Unos 4.000 euros para, sobre todo, adecentar las paredes con un proyectado aislante. Pero no se ha llevado a cabo, según el Ayuntamiento de Pilas, por “falta de liquidez”.

Una problemática común

Según la delegada de Servicios Sociales, María Isabel Manzano (PSOE), “a la familia se la ha atendido y ayudado en numerosas ocasiones”, pero la situación económica del Consistorio, que adeuda a sus trabajadores el 60% de la nómina de agosto, impide ejecutar una partida de emergencia prevista para casos así. Además, incide, “hay informes de otras viviendas con menores, cuatro en total”, con una problemática semejante que el Ayuntamiento baraja remitir a la Consejería de Vivienda “para hacer una petición de urgencia por si tiene alguna posibilidad de actuar y ayudar”.

En este caso, la Junta de Andalucía no puede pronunciarse al respecto al menos hasta que el Ayuntamiento no haga la petición formal, indican desde la Consejería de Fomento y Vivienda. Sara y Miguel esperan en todo caso una respuesta de las administraciones. “Nosotros no entendemos de política”, comentan mientras muestran la humedad que compite con las grietas en las diferentes habitaciones, para hacerlas cada vez más inhabitables.

“Tenemos miedo por nuestros niños”, repite Sara, “que se pongan peor cuando empiece a llover o que se les caiga un trozo de techo o de pared encima”. Por su parte, la edil pileña Marisol Suárez (IU) entiende que se trata de la “denuncia social de una emergencia” y que, aunque se trata de una “zona urbana en proceso de legalización”, la actuación en la vivienda sería un acto “de justicia social”.