Los pescadores andaluces, “preocupados” por el acuerdo entre la UE y Marruecos

El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), Pedro Maza, ha mostrado este jueves su preocupación ante la propuesta del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Melchior Wathelet de dictaminar como “no válido” el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes y espera conocer más detalles de la situación en la reunión que se celebrará este viernes en con el secretaria general de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Alberto Manuel López-Asenjo García.

En declaraciones a Europa Press, Maza ha detallado que la reunión está prevista en Madrid a las 12,30 horas y ha señalado que tras ella analizarán la situación del sector y verán cuáles son los pasos a seguir, ya que, aunque la propuesta del abogado general del TUE “no es vinculante, sí condiciona mucho el dictamen final del Tribunal”.

Ante la posibilidad de contar con ayudas para el sector si llegara la sentencia del TUE en este mismo sentido y antes del 14 de julio, fecha en la que expira el acuerdo, circunstancia que ha señalado este jueves el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, se ha mostrado “de acuerdo” y ha añadido que el FEMP --fondo de las políticas marítima y pesquera de la Unión Europea (UE)-- recoge estas ayudas para situaciones por pérdida de un acuerdo.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Melchior Wathelet ha propuesto este martes dictaminar que el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos “no es válido” por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes, al tiempo que afirma que el bloque comunitario “incumplió su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación”.

El magistrado se pronuncia de esta forma sobre la cuestión planteada por el Tribunal Supremo de Reino Unido por la denuncia presentada por la organización Western Sahara Campaing (WSC).

El actual protocolo de pesca entre Bruselas y Rabat entró en vigor en febrero de 2007 por un periodo de cuatro años y ha sido renovado en dos ocasiones, la última en 2013. De hecho, la Comisión Europea pidió este lunes autorización a los Veintiocho para una nueva actualización, puesto que las disposiciones actuales expiran el 14 de julio de este año.

La Justicia europea se pronunció en diciembre de 2016 sobre el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos y anuló un dictamen posterior que había revocado dicho acuerdo por considerar que se estaba aplicando indebidamente en el territorio del Sáhara Occidental. Sin embargo, este asunto no afectaba al acuerdo de pesca.

En las conclusiones sobre el acuerdo pesquero presentadas este miércoles, Wathelet ha destacado que el pueblo saharaui “no ha dispuesto libremente de sus recursos naturales” como obliga el derecho a la libre determinación, por lo que la explotación pesquera por parte de la UE de las aguas adyacentes al Sáhara Occidental “no respeta el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui”.

Del mismo modo, el abogado general llega a la conclusión de que Bruselas “ha faltado a su obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la vulneración por parte de Marruecos del derecho a la libre determinación” del Sáhara Occidental, así como “su obligación de no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de dicha situación”.

En segundo lugar, Wathelet señala que el 91,5 por ciento de las capturas de la explotación prevista en el acuerdo se da en aguas adyacentes al Sáhara Occidental, por lo que “la contrapartida financiera abonada por la UE a Marruecos debería beneficiar casi en exclusiva al pueblo del Sáhara occidental”. Sin embargo, el magistrado añade que el protocolo “no recoge las garantías jurídicas que son necesarias para que la explotación pesquera redunde en beneficio” del pueblo saharaui.

En este sentido, las conclusiones concluyen que “el acuerdo de pesca y los demás actos impugnados no respetan ni el principio de soberanía permanente sobre recursos naturales, ni las normas de Derecho internacional comunitario que son de aplicación a la celebración de acuerdos internacionales de explotación de los recursos naturales de los territorios ocupados, ni la obligación de no reconocer una situación ilegal”.