Un exdirector general imputado en los ERE pide a su antiguo abogado que reintegre su minuta a la Junta
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, imputado en el caso de los ERE y cesado en junio de 2012, reclama al que fuera su abogado la devolución a la Junta de Andalucía del importe percibido por llevar su defensa, un total de unos 23.000 euros. “A mí me pagó la Junta, no el señor Rivera”, señala el letrado Pedro Apalategui, quien asegura que contestará en sede judicial a la conciliación previa a la demanda presentada por el exalto cargo en los juzgados de Sevilla.
El escrito de Rivera a través de su abogado actual se presentó el pasado 26 junio, según adelanta hoy el Grupo Joly, antes de que se iniciara la polémica por el pago de la defensa a los altos cargos imputados en los ERE, cuestión sobre la que tuvo que salir al paso el portavoz del Gobierno el pasado martes. Apalategui asistió al exdirector general, ejerciendo su defensa en su declaración del 11 de julio de 2012 en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, aunque en este momento concreto fue asistido por Regina Apalategui, hija del letrado. El 16 de julio, justo hace un año, Rivera cambió de abogado defensor
“Fui yo quien renunció a su defensa”, aclara Apalategui a eldiario.es/andalucia, porque “el señor Rivera pretendía imponer la táctica defensiva” y ejercer “una recusación a la juez que no tenía fundamento, a mí entender”. El exabogado de Rivera no guarda buen recuerdo de su entonces cliente y apunta “diferencias profesionales y desde el punto de vista educacional”, que provocó que su relación “se enturbiara casi desde el primer momento”.
Apalategui señala que “fue la Junta” quien le abonó la factura, por lo que no entiende que ahora sea el exdirector de Trabajo, a través de su actual letrado, el que le pida que reintegre a las arcas públicas los 18.000 euros que cobró por sus honorarios. “El nunca me ha pagado, me pagó la Junta”, señala Apalategui, quien añade que “fue el padre del señor Rivera” el que posteriormente pagó un importe complementario de unos 5.000 euros que completó el abono de los servicios de defensa por parte de este despacho.
El abogado actual de Rivera, José Estanislao López, indica a eldiario.es/andalucia que Apalategui lo primero que debe hacer es “justificar” su minuta por los trabajos realizados (“un par de escritos”, según el demandante) y, posteriormente, “restituir” el dinero. “Lo que mi defendido pide es el mismo trato que el resto de cargos, ni más ni menos; un trato igualitario, exactamente el mismo que al resto por parte de la Junta, visto en positivo o en negativo, pero no queremos ser los únicos” en haber tenido la defensa de la Junta de Andalucía. “No queremos una imagen de lo que no es”, indica Estanislao López, quien añade que Rivera, desde que se hizo cargo de su defensa, le ha abonado siempre como particular.
Por otro lado, a juicio del abogado Pedro Apalategui, “no merece la pena ni contestar” a la reclamación paralela de indemnización de 3,5 millones de euros, en concepto de daños y perjuicios, por los hipotéticos honorarios que el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, también imputado, tendría que abonar en concepto de honorarios a Apalategui al asumir la defensa de Barberá. En cualquier caso, según informa el abogado José Estanislao López, en realidad lo que Rivera pide únicamente es la devolución de los citados 18.000 euros que abonó en su día la Junta, por perjudicar los intereses de defensa que le fueron encomendados.
Sobre Rivera, que ha sido el único imputado en el caso de los ERE al que la Administración andaluza había pagado el coste de su defensa, pesan indicios de que “continuó con las prácticas irregulares” de sus antecesores en el cargo, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, según señaló la Audiencia Provincial de Sevilla, que confirmó los que la jueza Mercedes Alaya ordenaba su imputación en enero de 2012 y la posterior ampliación de la misma.
Según la Audiencia, la “posible comisión de hechos delictivos” son “reveladores, cuando menos, de una posible prevaricación acompañada de malversación, en la tramitación y ejecución de ayudas sociolaborales a empresas andaluzas con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas de renta colectiva en la que incluían personas que no habían trabajado en las empresas afectadas por dichos expedientes, los que se han venido a denominar 'intrusos'”.
A este exdirector general, que se acogió a su derecho a no declarar hace ahora un año, se le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7.282.653,31 euros tras imputarle presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos.
