Un juez investiga a un policía granadino por manipular un acta para inculpar al agente que denunció unas oposiciones

Nuevo capítulo judicial en la Policía Local de Granada. Después de la denuncia por la presunta manipulación de las oposiciones al cuerpo para colocar a dedo a hijos de altos mandos policiales, que la Fiscalía ha archivado a la espera de que termine el proceso de selección de aspirantes, el mismo agente que la presentó ha contraatacado con otra en la que señala de nuevo una presunta “manipulación” del sindicato mayoritario de la policía granadina, SIPLG. En este caso, el juzgado sí ha admitido a trámite la querella apreciando un posible delito de falsedad en documento público.

Lo que se investiga en este caso es la presunta manipulación de un acta con el ánimo de influir en un proceso judicial abierto contra el agente que denunció las oposiciones. Como hay indicios de que haya podido ocurrir, el Juzgado de Instrucción 1 de Granada ha abierto diligencias para esclarecer los hechos y ha citado a declarar tanto al denunciante como al denunciado, que es uno de los cargos del sindicato mayoritario de la Policía Local (SIPLG). No obstante, aunque la denuncia va dirigida contra una persona concreta, en el escrito de acusación no se descarta que haya más miembros del sindicato implicados.

Según la querella, a la que ha tenido acceso este medio, los hechos ocurrieron en marzo cuando el agente denunciante fue expulsado del SIPLG y de la unión sindical entre este sindicato y el de bomberos conocido como USPLBE. En esa fecha, según la versión del denunciante, el policía dejó de formar parte de estas entidades después de que decidiera investigar y poner en conocimiento de sus superiores que había indicios de que se estaban manipulando las oposiciones al cuerpo que se están celebrando en este momento. Explica el denunciante que el portavoz del sindicato le advirtió de que no siguiera investigando “porque estaba jugando con el futuro de su hijo” y que si seguía haciéndolo se habría de atener “a las consecuencias”.

Un punto polémico

Tras aquella conversación, el pasado mes de abril el sindicato interpuso una querella contra este agente por un presunto delito de apropiación indebida de fondos del SIPLG que se investiga en el Juzgado de Instrucción 4 de Granada. A partir de ese momento es cuando se produce el caso que se está investigando con esta denuncia de falsedad documental. El sindicato remitió varios documentos al juez para acreditar la apropiación indebida incluyendo el acta del Congreso en el que se expulsa al agente en marzo de este año. El punto 2 de esa acta es el que ha llamado la atención del juzgado en esta investigación.

Ese punto del documento es polémico porque en un principio se presentó con un párrafo escueto en el que simplemente se menciona cuál es la composición del USPLBE, pero posteriormente su contenido cambia sustancialmente, como ha podido comprobar este medio. El agente relata que cambia cuando denuncia al sindicato por vulnerar su libertad sindical al haber sido expulsado y entre las pruebas que remiten los denunciados aparece de nuevo esta acta con un contenido distinto en ese punto 2. Ese epígrafe pasa de tener un escueto párrafo a ampliarse con una extensa explicación sobre los motivos por los que el policía es expulsado por la presunta apropiación indebida.

“Posible infracción penal”

Al percatarse, el agente se da cuenta de que el acta también se ha cambiado en la primera denuncia, por lo que decide denunciar por este presunto delito de falsedad en documento público que pretende manipular a los jueces para inculparle de esa apropiación indebida de la que se defiende tajantemente asegurando que no se produjo. El juez que investiga ahora esta posible modificación del acta aprecia en su auto de apertura de diligencias que “los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

Además, el agente denunciante entiende que también se ha podido producir estafa procesal tal y como está recogida en el artículo 250 del Código Penal. “El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando: se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero”.

En todo caso, aunque la denuncia está puesta contra el miembro del USPLBE y SIPLG que se encarga de las actas, el policía denunciante no descarta que este caso haya sido orquestado por otros cargos policiales pertenecientes a las mismas entidades. Una cuestión sobre la que tendrá que pronunciarse el juez conforme avance la investigación en la que ha citado a declarar a este individuo encargado del acta.

Este medio se ha puesto en contacto con la parte denunciada para contratar la información y conocer su versión de los hechos, pero las fuentes consultadas han preferido no hacer comentarios hasta que no tenga lugar la comparecencia del denunciado ante el juez. Entienden que hacer una declaración ante los medios podría perjudicar “la línea de defensa” en la que están trabajando.