La Junta de Andalucía quiere aumentar su aportación a las subvenciones a la tauromaquia

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias trabaja en una modificación de la orden que regula la concesión de subvenciones a los 'municipios taurinos' andaluces que contempla, entre otros cambios, un aumento del porcentaje de la cuantía de las ayudas que asumirá la Junta de Andalucía, que se elevará del 50% al 80%, reduciendo del 50% al 20% la aportación de los ayuntamientos, para que les resulte “menos oneroso” el pago.

Así se desprende del borrador del proyecto de Orden “por la que se modifica la Orden de 26 de febrero de 2024, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a municipios de la comunidad autónoma de Andalucía adheridos a la Red de Municipios Taurinos de Andalucía para actuaciones de promoción y fomento de la tauromaquia”, consultado por Europa Press.

La Consejería de Presidencia ha abierto recientemente trámite de información pública en relación a este proyecto de orden de modificación de la referida iniciativa de febrero de 2024, con la que se regulan las subvenciones a los citados 'municipios taurinos' para actuaciones de promoción de la tauromaquia.

La resolución de la Consejería por la que se acuerda la apertura de dicho trámite de información pública ha aparecido publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), tras lo que se abre un periodo de 15 días hábiles para que se puedan formular por parte de la ciudadanía alegaciones a esta iniciativa.

Que sea “menos oneroso” para los municipios

El borrador del proyecto de orden en tramitación, firmado por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, razona que, “para favorecer y facilitar el ejercicio de esta actividad de fomento de la tauromaquia”, desde el Gobierno andaluz han decidido modificar “los porcentajes de financiación que deben aportar los ayuntamientos” para que “sea menos oneroso para éstos” el pago de dichas subvenciones, que actualmente se financian al 50 por ciento entre la Junta y los consistorios.

De esta manera, la Junta elevará al 80 por ciento su aportación a estas subvenciones, mientras que reducirá al 20 por ciento la parte a sufragar por los ayuntamientos.

Por otro lado, con esta modificación la Junta pretende unificar en un solo órgano la gestión de estos procedimientos, después de que, “tras la tramitación y resolución de anteriores convocatorias de estas subvenciones, la experiencia en la aplicación de la norma” haya “puesto de manifiesto la necesidad de incorporar unos cambios puntuales en las mismas para que sea la persona titular del órgano directivo central competente en materia de espectáculos públicos y de promoción y fomento de la tauromaquia la que tenga la competencia para iniciar y resolver los procedimientos de reintegro y los procedimientos sancionadores, cualquiera que sea el municipio beneficiario de la subvención”.

De esta manera, con la nueva orden se quiere unificar “en un solo órgano la gestión de estos procedimientos, lo que redundará (en) una gestión coordinada de los mismos”, según razonan desde la Consejería de Presidencia.

El proyecto de orden contempla así una modificación parcial del cuadro resumen de las bases reguladoras de dichas subvenciones a conceder por el “procedimiento de concurrencia no competitiva”, en virtud de la cual el “porcentaje máximo de la subvención” a aportar por la Junta será del “80% de la base imponible del importe del proyecto de la acción a subvencionar”, teniendo en cuenta que la “cuantía máxima” de la subvención se fija en 4.000 euros, mientras que la mínima es de 800 euros.

Como “conceptos subvencionables” en la orden que ahora se quiere modificar figuraban “acciones de promoción, fomento y apoyo de la tauromaquia en todas sus manifestaciones culturales y artísticas en Andalucía”, así como “acciones de información y concienciación a la población sobre la importancia de la tauromaquia como seña de identidad de la cultura andaluza y sobre la necesidad de su defensa desde una actitud socialmente responsable tanto por parte de la ciudadanía como por las entidades públicas y privadas”.