Justicia con compromiso

Son bufetes de abogados que brindan servicios jurídicos desde una perspectiva más humana y adaptada a la crudeza de los tiempos que corren, donde derechos que parecían plenamente consolidados se ven más vulnerables que nunca. Palabras como cooperativismo, autogestión y organización asamblearia marcan el ideario de este tipo de equipos que luchan por una alternativa socialmente más responsable, solidaria y justa que el modelo existente. Autonomía Sur, desde Sevilla, y más recientemente, Abogados en Red, desde Granada, son dos ejemplos de este tipo. En breve, se les unirá Defiende-T desde Málaga. Son las cooperativas de abogados que están liderando desde Andalucía esa otra manera de entender el derecho.

Han seguido el ejemplo del colectivo Ronda de Barcelona, que cuenta con 170 letrados unidos por la misma filosofía. Prestan sus servicios especializados partiendo del principio de igualdad. Pero pese a lo que pudiera pensarse, no son una forma de subsistir ante la crisis. Se presentan como un paso adelante en la misma, abiertos a modelos como el de la economía del bien común, a la ecología y a los temas sociales en general.

La más veterana es Autonomía Sur. Autonomía Sur. Como esencia de su modo de funcionar como proyecto, existe la obligación de la reinversión del excedente económico en objetivos sociales previamente establecidos. Su funcionamiento se rige por los principios de democracia, independencia, no explotación, cooperativismo y economía social.

Óscar García Jurado, integrante de este equipo, expone que lo novedoso de este proyecto es que “convergen profesionales del derecho y la economía con la finalidad de trabajar de forma democrática en favor de las clases populares y trabajadoras”. Ofrecen servicios jurídicos y también realizan estudios socioeconómicos y asesoran para proyectos de economía social. Iniciaron su proyecto casi con la crisis, en 2008. “Hemos asesorado a corralas de vecinos de Sevilla, asociaciones de parados, y en el día a día, a personas que quieren iniciar nuevas prácticas económicas”, explica. Viven, pues, “desde el compromiso y la solidaridad en el trabajo de apoyo mutuo con muchas de las personas que están sufriendo esta época”.

Su trabajo diario se centra en el apoyo al sindicalismo combativo y a asociaciones que quieren transformar la sociedad. “No trabajamos para quien entendemos nosotros que no se lo merecen”, asevera, al tiempo que se muestra ilusionado por haber participado del nacimiento y actual crecimiento de Coop 57 Andalucía, en referencia a esta cooperativa de servicios que destina sus recursos a dar préstamos a proyectos de economía social.

Por su parte, Abogados en Red es un proyecto que comenzó a gestarse a finales de 2010. Seis abogados motivados en intentar otra forma de ejercer el derecho comenzaron a trabajar para terminar constituyendo, a finales de 2012, una cooperativa en la que actualmente están integrados nueve letrados en tres despachos de Granada y uno de Maracena.

“Contamos igualmente con otro despacho que colabora con nosotros en Málaga y varios profesionales que aportan sus conocimientos específicos”, explica Marisa Dávila. Están en pleno proceso de consolidar relaciones de colaboración con otros despachos en Andalucía y con otros profesionales con los que usualmente trabajan. “Todo ello desde un criterio esencial: generar redes de confianza”. El funcionamiento interno parte de la idea de horizontalidad en la toma de decisiones, con mucha práctica de asamblea.

“Hemos empleado el balance propuesto por la economía del bien común, porque nos ha permitido generar una serie de debates internos de cara a mejorar nuestro actuar en una dirección concreta: fomentar el desarrollo de otras formas de hacer tanto en lo jurídico como en lo económico”, apunta. “Las nuevas propuestas económicas tratan de centrar el interés o el foco de atención en la dignidad del ser humano y su entorno. Y en eso estamos, intentando hacer práctica cotidiana estos principios”, añade.

Muchos de los socios están adscritos al Turno de Oficio (que es el mecanismo apropiado para las personas que no cuenten con recursos), y personalmente cada integrante tiene sus áreas de preferencia en donde puede desarrollar su labor de forma altruista o voluntaria (desahucios, movimientos sociales, ecología, asociacionismo…), pero no por obligación impuesta por pertenecer a la cooperativa.

El empeño de estos bufetes sociales de garantizar que todo el mundo tenga acceso a servicios jurídicos de calidad, independientemente de sus recursos, hace que en muchas ocasiones ofrezcan asistencia gratuita o a “precios populares”, por lo que sus ingresos vienen principalmente garantizados por las “tarifas planas” que mantienen con asociaciones, sindicatos, etc. “Rara vez cobramos las tarifas oficiales porque, en general, la gente que solicita nuestros servicios tiene pocos recursos”, subrayan desde Autonomía Sur. Estos equipos, también cumplen su función social corporativa asesorando gratuitamente a los usuarios de distintas asociaciones y plataformas ciudadanas. Ellos, por su parte, cobran un sueldo establecido según el convenio colectivo de la abogacía y no por los casos que lleven.

Un punto de vista sobre el derecho, en crecimiento

Defiende-T es el nombre con el que verá próximamente la luz en Málaga otra cooperativa, en esta ocasión integrada por cuatro abogadas: Áurea Piédrola, Sagrario Nieto, Rocío Postigo y Encarna Páez. En estos momentos están trabajando en red, generando el espacio necesario de colaboración y confianza entre las promotoras del proyecto, y confían en que la cooperativa eche a andar en junio.

La primera habla de su filosofía: “Entendemos el derecho desde planteamientos distintos a los tradicionales y creemos que deben potenciarse otras formulas alternativas a la judicial, como la mediación, arbitraje, negociación, considerando la prestación de estos servicios como relaciones de ayuda en las que hay que situar a las personas como las protagonistas de la solución de sus conflictos, sin que en ningún momento pierdan el control de sus problemas, aunque los hayan situado en manos de los profesionales adecuados”.

En la misma línea, pretenden que sea un recurso al que no sólo tengan acceso los que cuentan con mayor capacidad económica, “más en la situación actual de dificultad de acceso a la defensa de los derechos, generada por el encarecimiento de la justicia tras la aprobación de la Ley de Tasas y la próxima reforma del derecho a la justicia gratuita”.

Por otro lado, entiende que “en estos momentos de conflictividad y complejidad social no se puede trabajar unipersonalmente, sino que es necesario actuar desde equipos profesionales especializados en los que se puedan dar respuestas multidisciplinares a los usuarios”.

Trabajarán en muchas especialidades: derecho civil, hipotecario y de familia; derecho administrativo y extranjería; derecho medioambiental y urbanístico; derecho de consumidores y usuarios; derecho laboral y de seguridad social…

En su opinión, estas fórmulas se están extendiendo porque el cooperativismo es el equilibrio entre el factor económico y el factor humano. “Las cooperativas adoptan medidas dirigidas a las personas más que a la búsqueda feroz de beneficios económicos y garantizan la cohesión social y territorial, evitando la deslocalización y favoreciendo el desarrollo sostenible”. Se trata, en definitiva, de un ejercicio activo de la economía del bien común.