La Ley de la Función Social de la Vivienda ha iniciado un expediente diario contra los desahucios
Los 150 días que lleva en vigor la Ley de la Función Social de la Vivienda -desde el pasado 8 de octubre- se han saldado con otros tantos expedientes, es decir, a un ritmo de uno diario para evitar desahucios a los que las entidades bancarias condenan a ciudadanos sin recursos para pagar cumplir con sus obligaciones en el pago de las hipotecas. Para la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, esto ha sido determinante para que el Gobierno de la Nación haya decidido pararle los pies a la norma, tras haber aprobado en el último Consejo de Ministro la presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional, entre otras cosas porque considera que va contra el principio de igualdad de todos los españoles.
“El Gobierno de España ha sido incapaz de soportar una norma que ha paralizado un expediente al día, incapaz de soportar una ley que demuestra que hay alternativa e incapaz de soportar que la mayoría social se empodere”, ha resumido la consejera este sábado, molesta todavía por el hecho de haberse enterado por la prensa de este recurso pese a que horas antes de que trascendiera había estado con la ministra de Fomento, Ana Pastor. De hecho, ni siquiera en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría había hecho referencia a esta decisión, algo que sí hizo cuando hace unos meses el recurso se presentó contra el decreto ley que precedió a esta norma y que finalmente quedó derogado por la misma.
De esos 150 expedientes, dos se han culminado con las expropiaciones temporales por tres años de las viviendas, para que, a cambio de un alquiler social, sus habitantes -familias con varios menores a su cargo y sin apenas ingresos- se quedaran en la calle. Otros 33 están ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) a la espera de que sean aprobados por el Consejo de Gobierno, paso que no se podrá dar mientras la ley esté recurrida. Es por ello que la Junta de Andalucía pretende que el Tribunal Constitucional levante la suspensión cautelar de los artículos objeto de la discordia, que decretaría por un plazo máximo de cinco meses mientras decide si admitir a trámite o no la impugnación. El objetivo del Gobierno de Andalucía es evitar que las entidades bancarias afectadas procedan al levantamiento mientras dura esta situación.
La idea del Gobierno de Mariano Rajoy es presentar el recurso antes de que, tal y como recoge la ley, se proceda a un segundo aspecto que contiene -junto a las expropiaciones temporales- y es la sanción contra las personas jurídicas, en su mayoría bancos, que tengan las viviendas vacías y no las saquen al mercado de alquiler. “Estos son los verdaderos motivos del recurso del PP, políticos y no jurídicos. Primero, defender los interes de la elite financiera; segundo, poner una alfombra roja a especuladores de viviendas y, en tercer lugar, impedir que se abarate el alquiler”, ha dicho, en referencia a los más de 700.000 inmuebles en esta situación en la comunidad autónoma.
La Consejería de Fomento y Vivienda seguirá aplicando la ley hasta que les comuniquen el recurso, para a continuación pedir al alto tribunal que levante la suspensión cautelar y dirigirse a los juzgados que llevan el caso de las 33 familias con expedientes en el BOJA, para que “en ningún caso se produzcan esos desahucios”. En el caso de los dos ya consumados, no se puede volver atrás. “Si piensan que la Junta de Andalucía se va doblegar, la llevan clara. Nadie ha dado la cara en el Gobierno de la Nación -en alusión a la ocultación del recurso- y no han sido capaces de volver a sentarse en la comisión bilateral y se lo hemos pedido cientos de veces”, ha sentenciado Elena Cortés.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha advertido de que la decisión refleja “el rostro antisocial” del Gobierno de España, al que ha acusado de posicionarse del lado de “los poderosos” y actuar contra una regulación que responde a las “demandas” de la propia ciudadanía. En declaraciones a la agencia Europa Press, ha manifestado que muestra así “su dureza con los más débiles y desfavorecidos y su extrema benevolencia con los poderosos”, en referencia a las entidades bancarias. El este recurso ante el Tribunal Constitucional, a su entender, prueba que “está al lado de los bancos y no con los más débiles”.
