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El Ayuntamiento de Marbella defiende la legalidad de sus adjudicaciones y vuelve a amenazar por las noticias publicadas

La presidenta del PP de Marbella (Málaga) y alcaldesa de dicha localidad, Ángeles Muñoz.

Néstor Cenizo

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El ayuntamiento de Marbella, a través de dos de sus concejales, ha asegurado este lunes que la adjudicación reiterada de contratos de obra a una empresa utilizada presuntamente para el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico se ajustó a la legalidad y fue fiscalizada por sus técnicos. El concejal Félix Romero ha asegurado que “hay determinadas manifestaciones que están realizando determinadas personas y medios” que “probablemente sean falsas” y que “probablemente tengan una repercusión para la imagen del ayuntamiento”, sin explicar cuáles son las manifestaciones “probablemente” falsas.

Por su parte, Javier García, concejal de obras durante el segundo mandato de Ángeles Muñoz (2011-2015), ha insistido en desvincular a la alcaldesa de la tramitación de los cinco expedientes, en los que, tal y como ha desvelado este lunes elDiario.es, se adjudicaron obras por valor de 642.415,22 euros a una empresa de Nils Fischer, socio del hijastro de Muñoz, Joakim Broberg. Hace una semana, la alcaldesa Ángeles Muñoz aseguró que la causa de la Audiencia Nacional en la que está relacionado su marido no supone “absolutamente ninguna implicación dentro del ámbito municipal”.

CODECOSOL (Construcciones y Demoliciones Costa del Sol), es una sociedad de Nils Fischer que habría sido usada “como tapadera para diferentes negocios inmobiliarios”, según el auto de procesamiento dictado por Manuel García Castellón, al frente del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional. García Castellón cree que Broberg es el “jefe o administrador” de una organización criminal dedicada al narcotráfico y el blanqueo en la Costa del Sol, y que Fischer es su “hombre de confianza” y “testaferro”.

El ayuntamiento no contestó cuando este medio le preguntó por las adjudicaciones a CODECOSOL.

“Procedimientos intachables”

Javier García, actualmente teniente de alcalde de San Pedro de Alcántara, ha explicado que los contratos a CODECOSOL (Construcciones y Demoliciones Costa del Sol) fueron adjudicados de forma “reglada” y “fiscalizados por los técnicos de obra, tramitados por la unidad de contratación y fiscalizados por la intervención”. “Son procedimientos intachables en cuanto a su tramitación”, ha dicho García.

Tres de los cinco contratos localizados por este medio fueron adjudicados a la empresa de Fischer por medio de un procedimiento negociado con publicidad, para lo que se requiere un mínimo de tres empresas invitadas por la administración a presentar sus ofertas. Los otros dos (por valor de 36.318,18 euros y 49.605,49 euros fueron por contratos menores). En 2017 la Fiscalía Provincial alguna de estas concesiones, según informó Marbella Confidencial. Las diligencias fueron posteriormente archivadas.

Según ha explicado García, las adjudicaciones a CODECOSOL obedecían al interés municipal por favorecer a empresas locales que, en otras condiciones, no podrían competir en las licitaciones. “Existía un plan de barrios donde se daba una respuesta a las necesidades de empresas locales que no tenían clasificación para optar a contratos mayores”.

Advertencias a quien “levante un falso testimonio”

Antes de que García justificara la contratación de CODECOSOL, Félix Romero (concejal de seguridad) ha vuelto amenazar a quien vincule a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, con la trama presuntamente criminal que investiga la Audiencia Nacional, y de la que formarían parte su marido, Lars Brogerg, y su hijastro Joakim Broberg. Sin embargo, ha insistido en condicionar la advertencia a que lo dicho sea falso, sin explicar qué falsedad se ha dicho hasta ahora: “Quien levante un falso testimonio contra un cargo o vincule falsamente al ayuntamiento con cualquier trama delictiva, si lo hace y es falso, que se atenga a las consecuencias”. “El ayuntamiento no va a permitir que se manche espuriamente la imagen de nuestra ciudad”, ha añadido luego.

Romero ha pretendido acotar la investigación y las revelaciones respecto a este asunto al contenido del auto de procesamiento. “Lo que ha dicho el juez es lo que viene en su auto, lo que hay que leer es lo que ponga en su auto, y eso estará sometido a la crítica como cualquier cuestión que se plantee por cualquier organismo público en una democracia, pero creo que el juez García Castellón no ha dicho muchas de las cosas que se están diciendo”, ha resaltado. “Yo reto a que venga cualquiera a que me diga dónde se nombra al ayuntamiento de Marbella en el auto. Yo si tengo que leer un documento público acudo al diccionario de la RAE y lo interpreto como dice el diccionario”. 

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