ANDALUCÍA

Moreno renuncia a pedir préstamos al Estado en año electoral para justificar su no a 19.000 millones de quita de deuda

Sin esperar a conocer la letra pequeña del anteproyecto de ley de condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, Juan Manuel Moreno anunció que Andalucía no sólo no se acogerá a la medida -que supone renunciar a una quita de 18.791 millones de euros-, tampoco volverá a pedir préstamos al Estado en 2026 para empezar a financiarse íntegramente en los mercados.

El presidente de la Junta estaba preparado para cortocircuitar de raíz el argumentario de la ministra de Hacienda y, a la sazón, su rival en las próximas elecciones andaluzas.

María Jesús Montero ha repetido varias veces que “Andalucía es la comunidad más beneficiada” por la quita de deuda, con la que el Gobierno asume 83.252 millones del déficit que arrastran todas las comunidades. “Es la primera vez en la historia que una legislación estatal prima a Andalucía”, remachan fuentes de su equipo.

La deuda pública de Andalucía ronda los 40.000 millones de euros -39.637,6 millones en 2025- y la oferta de condonación representa el 47% de ese total.

El cálculo del reparto entre comunidades se ha hecho siguiendo tres criterios, y dos son claramente favorables para Andalucía. Uno por razones económicas: el Estado reconoce por primera vez en un texto legal que hay comunidades infrafinanciadas con el actual modelo de reparto de fondos y compensa a las comunidadescon una financiación por habitante por debajo de la media. El otro criterio tiene razones políticas: el Estado premia el esfuerzo fiscal, esto es, a las comunidades que “entre 2010 y 2022” no rebajaron el IRPF autonómico.

Entre 2010 y 2022, en Andalucía ha habido seis consejeros de Hacienda, tres socialistas y tres populares: Carmen Martínez Aguayo [2010-2013], María Jesús Montero [2013-2018], Antonio Ramírez de Arellano [2018-2019]; Alberto García Varela [20 días en 2019], Juan Bravo [2019-2022] y Carolina España, titular de la cartera desde 2022 hasta hoy.

El contexto económico del país en 2010 no es asimilable al de 2019, cuando Moreno forma su primer Gobierno. Los socialistas capearon una contracción internacional del crédito interbancario subiendo impuestos autonómicos (alegando que debían salvaguardar los servicios públicos: educación, sanidad...); y los populares se suben a un ciclo de recuperación económica bajándolos todos.

Montero no ha explicado hoy por qué ha elegido el periodo de 2010 a 2022 para valorar el “esfuerzo de corresponsabilidad fiscal” de las comunidades a la hora de calcular la quita de deuda. Pero, en el caso de Andalucía, parece claro que el cómputo de los años de gobiernos socialistas, con subida del IRPF, ha beneficiado más en el cálculo de la quita que le corresponde -los 19.000 millones- que los años en los que Moreno ejecutó su famosa “bajada masiva de impuestos”, incluido IRPF, con una merma de ingresos notoria, sobre todo, en el ejercicio 2024.

Este criterio -eso sí lo ha aseverado la ministra- penaliza el dumping fiscal de comunidades que, “con una mano piden más financiación al Gobierno, y con la otra agujerean sus ingresos a costa de bajar los impuestos autonómicos a los más ricos”. Montero acusa de esto abiertamente a Moreno y a Díaz Ayuso, pero Andalucía no sale perjudicada, porque la política fiscal socialista en los años previos a la llegada del PP (incluidos los que ella fue consejera) se ve recompensada en el cálculo de la quita.

“Autonomía financiera y política”

El portazo del presidente andaluz a la condonación de la deuda pública está sincronizado con la dirección nacional del PP y con todos sus barones autonómicos. Es un no político, un rechazo que emana de una estrategia de partido coordinada y adelantada por su líder, Alberto Núñez Feijóo.

Pero el dirigente andaluz ha aportado este martes datos económicos para explicar que Andalucía no necesita la medida de gracia del Gobierno de Pedro Sánchez para lograr “autonomía financiera y política” porque, asegura, su comunidad ya ha avanzado hacia esa autonomía en sus siete años al frente de la Junta y está en disposición de cortar su dependencia de los préstamos estatales en 2026, año electoral.

A partir del próximo año, la Junta emitirá deuda pública íntegramente en los mercados de capital y no volverá a solicitar financiación del Estado, como ha venido haciendo desde hace 15 años, acudiendo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros mecanismos financieros habilitados por el Gobierno durante la última crisis.

El Ejecutivo andaluz ya se lo había comunicado por correo electrónico al Ministerio de Hacienda el pasado 1 de agosto, pero ha sido Moreno quien lo ha anunciado este martes, simultáneo al Consejo de Ministros, para reforzar las razones del plantón a la oferta “envenenada” de Montero.

Al PP andaluz le preocupaba que calara en la ciudadanía el mensaje de Montero, a saber: que el Gobierno de Moreno rechaza 19.000 millones para Andalucía por razones partidistas, por hacer seguidismo a Feijóo, y en contra de los intereses de la población.

La condonación parcial de la deuda de las comunidades nace de un pacto bilateral entre PSOE y ERC sólo para Catalunya, y desata la protesta generalizada de los barones regionales del PP y alguno socialista.

Moreno pidió entonces el mismo trato para Andalucía y llegó, incluso, a cuantificar la quita para su territorio en unos “17.800 millones de euros”, por encima del montante pactado para Catalunya. El relato cambia cuando la ministra Montero anuncia que la medida es extensible al resto de comunidades y que Andalucía será la más beneficiada en términos absolutos y proporcionales: 18.791 millones de euros, 1.700 millones más que para Catalunya.

Con los nuevos números sobre la mesa, el rechazo de Moreno a la medida persiste, alegan que es un “traje a medida” para los socios independentistas de Sánchez, y que se privilegia a Catalunya frente a otros territorios. Es el argumentario común en todas las comunidades gobernadas por el PP. Pero en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, perciben que el PSOE andaluz ha recuperado oxígeno en el hasta entonces incómodo debate sobre financiación, sus dirigentes salen en tromba a defender la quita.

Los de Moreno empiezan a diseñar un argumento propio que distinga su realidad económica de la de otras regiones, como la Comunidad Valenciana, cuya situación financiera es mucho más dependiente del sostén estatal que Andalucía. Andalucía no depende hoy del FLA -aunque sí está acogida al Fondo de Facilidad Financiera- y el argumento principal de Montero expuesto hoy en el Consejo de Ministros es que la quita de deuda viene a destetar a las comunidades de su dependencia del FLA, “un mecanismo cronificado que se ha convertido en una anomalía”.

“Después de 15 años, para algunas comunidades es difícil salir a los mercados a financiarse”, ha insistido la ministra. Andalucía empezó a desconectarse de la financiación estatal precisamente en el último año de Montero como consejera de Hacienda, cuando logró volver a pedir crédito parcialmente a los mercados. Desde entonces, ya bajo los gobiernos de Moreno, la dependencia de préstamos estatales ha ido progresivamente menguando.

Solvencia financiera y califiación A

Apenas había terminado Montero de presentar la quita de deuda en Moncloa, cuando la Consejería andaluza de Hacienda envió una nota a los medios para reivindicar su gestión de las cuentas públicas, el cumplimiento de las reglas fiscales y la fiabilidad que a día de hoy ofrecen en los mercados, con las principales agencias de rating “subiendo la calificación a Andalucía, como es el caso de S&P, que le ha otorgado la calificación A”.

La Junta ha recordado hoy que, en 2018, último año del PSOE en el poder, el Gobierno de Susana Díaz había pedido 4.000 millones de euros al FLA para financiar la deuda andaluza, y “generaba un déficit anual de más de 800 millones”. “Era la única comunidad que incumplió todas las reglas fiscales”, advierten.

La Administración de Moreno, que impulsó una bajada generalizada de impuestos autonómicos desde sus primeros años de gobierno, se arroga ahora la desconexión progresiva de su dependencia del Estado para financiar las políticas públicas en Andalucía. En 2025 se solicitaron 737,5 millones y en 2026 ya no se solicitará “ni un euro”, ha anunciado Moreno desde Cantabria.

“El hecho de salir a los mercados ofrece más opciones a la comunidad andaluza para refinanciar su deuda y, sobre todo, periodos más largos, lo que supone disponer de mayor liquidez para invertir en los andaluces en vez de destinarlo a pagar deuda. Andalucía ya ha alcanzado el estatus de comunidad solvente y no necesita que el Gobierno se la otorgue condonándole una deuda que, además, sólo supondrá un ajuste contable y no conllevará ni un euro más de inversión para los andaluces”, ha respondido la consejería.

Montero defiende que, diez años después de la última crisis, la salida natural de las comunidades es volver a financiarse de manera autónoma en los mercados, como ha anunciado el presidente andaluz para 2026. Pero no cree que eso sea incompatible con aceptar una quita de deuda. Aún hay regiones que no logran préstamos en los mercados de deuda o que la obtienen a unos intereses muy altos.

La ratio andaluza, con casi 40.000 millones de deuda, está dos puntos por debajo de la media, pero su agujero sigue aumentando. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha advertido recientemente de que los intereses que Andalucía paga por amortizar su deuda se multiplicarán por dos a partir de 2026.

Precisamente en la Airef deriva el pulso entre Montero y Moreno por la condonación de la deuda autonómica. La Junta defiende que el órgano supervisor independiente avisó de que el dinero que las comunidades se ahorren con la quita -más los intereses- no podrá destinarse directamente a gasto social, como sostiene el Ministerio de Hacienda. 

La Airef emitió un comunicado el pasado 27 de febrero para analizar y valorar el acuerdo entre PSOE y ERC sobre la condonación parcial de deuda en las comunidades. No dijo exactamente que las regiones no podrían aprovechar la quita para mejorar sus políticas sociales, pero sí alertó de que el gasto autonómico ya estaba muy tensionado, y que esta propuesta del Ministerio debía ser compatible con el cumplimiento de las reglas fiscales.

La senda de déficit quedó en suspenso con la pandemia del coronavirus -se siguieron usando límites de déficit como referencia- y las comunidades incrementaron el gasto público muy por encima de la regla de gasto. El Gobierno de Moreno asegura que “más o menos” ha cumplido con esos índices de contención del gasto, pero el departamento de Montero le acusa de no haber dado prioridad a este asunto en los últimos siete años.

El comunicado de la Airef concluía con este párrafo: “La condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las CCAA y un incremento en la Administración Central. No obstante, hay que considerar que los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto. En consecuencia, este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas”.

Moreno interpreta que la quita es, por tanto, “ilusionismo”, que no podría redirigir el ahorro de deuda a fortalecer la sanidad o la educación, mientras que Montero no cree que la Airef haya trazado esa línea roja.

La ley para la condonación parcial de la deuda autonómica inicia ahora su tramitación y deberá ser refrendada en el Congreso, previsiblemente en el primer semestre de 2026. El texto del anteproyecto de ley no incluye un plazo para que las comunidades confirmen si se adhieren a la medida y solicitan la quita, aunque en el desarrollo reglamentario sí se establecerá un plazo, que se fijará en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.