Las izquierdas logran que el Parlamento andaluz vete un debate sobre la ley del 'solo sí es sí' propuesto por el PP

El Parlamento andaluz ha impedido por primera vez en su historia llevar al Pleno un debate sobre un asunto de competencia exclusiva del Estado, en aplicación de un artículo de su propio reglamento que no se ha usado en los 18 años que lleva en vigor. Ese precepto ha permitido que el veto salga adelante con una minoría de votos, los que suman los tres grupos de izquierdas, que han logrado doblar el pulso a la mayoría absoluta del PP de Juan Manuel Moreno.

El debate que se ha frenado no es baladí: se trataba de hablar sobre la llamada ley del sólo sí es sí, una reforma del Código Penal que ha facilitado la rebaja de penas de más de 500 agresores sexuales en toda España (unos 122 contabilizados por ahora en Andalucía).

Es el asunto que más ha desgastado y desgasta al Gobierno de Pedro Sánchez, enfrascado en una disputa interna con sus socios de Unidas Podemos, a favor y en contra de una reforma a la ley para evitar los “efectos no deseados” que está provocando su aplicación en los juzgados de toda España. La polémica en torno a esta ley está arañando de forma abrupta al Ejecutivo de coalición a pocos meses de las elecciones municipales del 28 de mayo.

El PP andaluz ha registrado una proposición no de ley (PNL) para incluir este asunto en el orden del día del Pleno de la semana que viene, pero se ha encontrado enfrente a todo el arco de fuerzas de izquierdas para cerrarle el paso. Durante la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento, el PSOE-A ha pedido que la inclusión de esta PNL en el orden del día se someta a votación, en virtud del artículo 171 del reglamento de la Cámara, que restringe la tramitación de aquellas iniciativas que versan sobre competencias exclusivas del Estado. Dichas iniciativas, reza el artículo, “sólo podrán ser incluidas en un orden del día si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres Grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma”.

El presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, ha pedido a los grupos que manifiesten el sentido de su voto, durante una sesión tensa de la Junta de Portavoces. PP y Vox han apoyado la inclusión de la PNL, argumentando que la rebaja de condenas a agresores sexuales también se estaba dando en esta comunidad (el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acreditó 112 casos a 27 de enero). Pero a pesar de tener mayoría absoluta (58 diputados) y sumar los 15 del grupo ultraderechista, se han quedado a un voto de la mayoría de dos tercios que exige el artículo 171.

El grupo mixto Adelante Andalucía y la coalición Por Andalucía han respaldado el veto planteado por los socialistas, logrando que la iniciativa popular no llegue al Pleno. Ambas formaciones de izquierdas comparten con el PSOE que el PP y el Gobierno de Juan Manuel Moreno vienen usando “de manera sistemática” este tipo de iniciativas sobre competencias del Estado para arremeter duramente contra el Gobierno de Sánchez desde el Parlamento, con una “clara motivación electoralista”.

El portavoz del PP-A, Toni Martín, visiblemente enfadado, ha acusado a su homóloga del PSOE-A, Ángeles Férriz, de inaugurar la “oficina de censura” en el Parlamento andaluz y le ha conminado a explicárselo a las “víctimas andaluzas de agresiones sexuales”. La semana pasada, la consejera de Igualdad, Dolores López, aseguró en sede parlamentaria que desde la entrada en vigor de la Ley de Garantía Sexual, el número de consultas de mujeres agredidas al teléfono de ayuda del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) “se había triplicado”. En torno a 50 mujeres habían pedido información sobre la revisión de las condenas de sus agresores, dado que los servicios jurídicos de la Junta defendieron sus causas en los juzgados.

El PSOE de Juan Espadas ha desempolvado dicho artículo en esta legislatura para “frenar el abuso” de las iniciativas legislativas del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez en la antesala de las elecciones generales [PP y Vox no alcanzan juntos, por un solo escaño, los 73 diputados que exige el artículo 171 para sortear ese veto].

En los cuatro primeros meses de legislatura, el PP había presentado 20 proposiciones no de ley y 19 de ellas versaban sobre competencias exclusivas del Estado, que derivaron en debates muy broncos y duros ataques de la derecha contra el Gobierno de Sánchez y, de rebote, contra la bancada socialista.

El caso más significativo fue el debate sobre “la revisión de los delitos de sedición y malversación”, que fue rechazada por el Parlamento en medio de una sonora bronca entre derechas e izquierdas. El diputado de Vox, Javier Cortés, terminó llamando “golfos” a los socialistas y Aguirre, visiblemente enfadado, le ordenó abandonar la tribuna tras negarse varias veces a retirar los descalificativos del diario de sesiones.

El PP andaluz ya ha denunciado que el “uso masivo” del artículo 171 para vetar sus PNL supondría un “ataque a la libertad parlamentaria”, “una mordaza a la Cámara” y “un bloqueo a la democracia parlamentaria”, en palabras de su portavoz. Martín avisó hace semanas a los socialistas de que si persistía en la idea de “recurrir a una argucia parlamentaria para intentar limitar la libertad de esta Cámara”, su grupo no descarta contraatacar, bien con un recurso ante el Constitucional -la vía lenta- bien con una reforma exprés del reglamento para eliminar de un plumazo dicho artículo (la vía rápida). Los populares, con 58 diputados, tienen la mayoría absoluta necesaria para abordar dicha reforma sin necesidad de pactarla con el resto de formaciones políticas.

“No vamos a permanecer impasible. Inicialmente vamos a denunciar sistemáticamente cuando lo hagan, pero nos reservamos todas las iniciativas necesarias para preservar la calidad democrática de este Parlamento”, sentenció Martín.