La justicia da la razón a los profesores interinos expulsados de las bolsas por un fallo telemático
La justicia está resolviendo en favor de los profesores interinos que fueron expulsados de la bolsa de trabajo de sus respectvas especialidades por un error a la hora de tramitar telemáticamente su solicitud para las oposiciones de 2017. El pasado 19 de junio, los tribunales fallaron a favor del primero de los excluidos que ha tenido el juicio frente a la Consejería de Educación.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla ha estimado la demanda interpuesta por los servicios jurídicos de CCOO en defensa de uno de estos docentes, declarando su derecho a ser admitido en el proceso selectivo convocado. Aunque la Junta ha eliminado en 2018 la obligatoriedad de que el profesorado interino deba presentarse a las oposiciones, en las del año anterior expulsó definitivamente de la bolsa a aproximadamente un centenar de docentes que no pudieron culminar correctamente su solicitud pero no por su culpa, según empiezan a reconocer los tribunales.
“La causa de exclusión no se corresponde con la realidad de los hechos”, dice la última sentencia, que añade que el profesor presentó su solicitud para participar en el proceso selectivo y que lo que ha ocurrido es que “la tramitación telemática de la solicitud ha sido imperfecta por causas ajenas a su voluntad y a su propia diligencia”. El docente “obró de forma diligente, con buena fe” e hizo la solicitud “conforme a las instrucciones del sistema” y tal y como se exigía en la Orden de la convocatoria, de 31 de marzo de 2017.
El profesor, explica la sentencia, “fue excluido de forma incorrecta” de la bolsa de trabajo de su especialidad en la lengua extranjera inglés, a la que pertenecía desde septiembre de 2013, y el juzgado estima íntegramente el juzgado su recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, con “expresa imposición de las costas” a la Consejería de Educación.
El juzgado considera que “el recurrente realizó alegaciones frente a la lista provisional del personal admitido y excluido presentando la documentación en PDF de inscripción generado, una vez completado el proceso, el número de registro de entrada, la fecha en la que se había realizado, el justificante de pago bancario, entre otros documentos, solicitando la subsanación de los posibles errores que hubiese podido cometer y, en consecuencia, su admisión al proceso selectivo convocado”.
Medida “desproporcinada”
En todo caso, no es la primera sentencia que falla a favor de estos docentes, cuya situación ha llegado hasta el Parlamento andaluz y ante del Defensor del Pueblo, según indican fuentes del colectivo, que cifran en otros diez los casos en los que se han adoptado medidas cautelares por parte del TSJA favorables a los intereses de los excluídos, alguno de los cuales está ya trabajando de nuevo gracias a la intermediación de la justicia.
El departamento de Maeztu aprobó en marzo una resolución que consideraba “desproporcionada” la decisión de la Junta de excluir del procedimiento selectivo y de las bolsas de trabajo a los docentes, concluyendo que se podrían “corregir” las consecuencias padecidas por estos profesores introduciendo una modificación en el Decreto 302/2010, que ordena la función pública docente y regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo) sin caer en ilegalidades ni prevaricación como esgrime el PSOE-A.
La sentencia conseguida por CCOO es la primera que se refiere a un juzgado ordinario, señalan las fuentes. Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Diego Molina, “la sentencia señala como incomprensible que la Consejería de Educación no permitiera la subsanación de los errores que impidieron la participación en las oposiciones del profesorado por problemas telemáticos, a pesar de haber reclamado en tiempo y forma, evitando así la expulsión de la bolsa de trabajo y el consiguiente perjuicio”.
Fuentes del colectivo de afectados señalan que hay profesores ya reingresados en la bolsa y que están trabajando ya “a pesar de que la Junta lo haya recurrido en varias ocasiones”. “Si realmente lamentan lo que ha pasado, ¿por qué no aceptan una solución como la que plantea el Defensor del Pueblo Andaluz en vez de seguir haciéndonos daño?”, se preguntan.
El “muro insalvable” de la normativa
La consejera, Sonia Gaya, es cierto que se ha mostrado en más de una ocasión preocupada por la situación originada. En julio del año pasado dijo concretamente “hemos tratado de analizar todas las soluciones posibles para estas personas, porque nos preocupa, efectivamente, cómo va a afectarles laboralmente esta situación. Pero, desgraciadamente, nos hemos encontrado una y otra vez con un muro insalvable, que es el cumplimiento de la norma. Y, como usted comprenderá, la ley está para cumplirla y no para hacer excepciones (...) una normativa que hasta ahora ha funcionado, que ha estado consensuada a lo largo del tiempo, pero que efectivamente pues este año ha tenido unas consecuencias complicadas, unas consecuencias que tienen efectos laborales.
Ante aquellas declaraciones de Gaya “no comprenderíamos ahora que, tras un fallo de la justicia, decidieran recurrir la sentencia”, consideran las fuentes del colectivo afectado. Contra la sentencia, fechada este pasado 19 de junio, cabe recurso de apelación.
“Nos tenemos que esto sea una venganza personal hacia quienes hemos destapado las vergüenzas de un sistema que falla y cuyos responsables no cuidan al personal que ha defendido la educación pública andaluza año tras año. Sinceramente, no entendemos este maltrato”, lamentan fuentes del colectivo afectado.
“Empecinamiento” de Educación
El sindicato de CCOO lamenta igualmente que “el empecinamiento de la Consejería en no ceder ante las peticiones de subsanación de errores, en alrededor de 100 docentes, a pesar de la petición expresa y contundente de CCOO y de las reclamaciones del propio profesorado afectado, haya generado un daño injustificado en las expectativas y derechos de todo el personal excluido de las bolsas de trabajo por este motivo”. “La Consejería de Educación, actualmente, debería corregir esta situación de manera urgente a favor de todo el personal perjudicado por la exclusión de las bolsas por este mismo motivo”, argumenta el sindicato.
CCOO recuerda que, con la nueva normativa que regula las bolsas de trabajo del profesorado interino, ya no es requisito de permanencia en bolsa presentarse a las oposiciones “pero, como sucede con frecuencia, para los docentes afectados esta solución normativa llega tarde, pues este el cambio de criterio no ha sido contemplado retroactivamente para los afectados en las oposiciones de 2017”, denuncia Molina.
El sindicato inició una campaña entre el profesorado afectado para acudir con los servicios jurídicos a los tribunales de justicia, “con el perjuicio de demora en tiempo de servicios y en efectos económicos”. Molina recuerda que “este profesorado excluido en 2017 perdió la opción de trabajar en el curso escolar que ahora finaliza, sufriendo las consecuencias de la falta de sensibilidad de la Consejería de Educación que la Justicia finalmente ha venido a reconocer”.
Por todo ello, “y ante la sentencia de la demanda interpuesta por CCOO y las próximas que de seguro se van a suceder, CCOO exige que de modo urgente a la Consejería de Educación que readmita en bolsa a todo este profesorado afectado”.
Admisión cautelar para todo el colectivo
Por su parte, la plataforma de docentes excluid@s 2017 señala en un comunicado que en la que valoran la noticia como “enormemente positiva para el colectivo de maestros y profesores excluidos”. “A la espera de la celebración del resto de juicios pendientes, supone el respaldo por parte de los tribunales a las demandas que hemos estado reclamando públicamente desde que esta penosa situación comenzara”, explican.
“Con el fallo a favor de uno de los afectados, esperamos que la administración sea coherente con sus declaraciones y se allane, aceptando la resolución del juez sin dilatar mediante recursos una situación absurda y que ha provocado mucho sufrimiento a profesionales docentes por un aspecto burocrático que nada tiene que ver con su desempeño en las aulas”, insiste el comunicado.
Además, la plataforma solicita que, “ante la obtención de diversas medidas judiciales que favorecen a este colectivo, la Consejería tenga a bien aprobar una admisión cautelar para todo el colectivo y así poder estar en los centros el curso que viene, mientras que se resuelven los diversos pleitos pendientes, algunos fechados para 2020”.
