La sanidad andaluza oferta más de 10.200 plazas para reforzar la plantilla y cubrir jubilaciones

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) correspondiente al año 2025, que asciende a un total de 10.289 plazas. Esta oferta cuenta con el objetivo de “reforzar su estructura, mejorar la calidad asistencial y avanzar en la estabilidad del empleo”, al tiempo que incorpora una tasa específica destinada a reducir la temporalidad en el empleo público y anticipar jubilaciones previstas en los próximos años, con el objetivo de alcanzar en 2026 el 96 % de estabilización de la plantilla, según ha explicado la Junta.

Del total de plazas ofertadas, 8.293 corresponden al turno libre y 1.996 a promoción interna, lo que supone un “impulso significativo” a la carrera profesional del personal estatutario. Asimismo, el 10 % de las plazas queda reservado para personas con discapacidad, en cumplimiento de la normativa vigente y como muestra del “compromiso del sistema sanitario con la inclusión y la igualdad de oportunidades”.

En concreto, la OEP 2025 integra distintos bloques de actuación. Por un lado, contempla la tasa de reposición de efectivos del 120 % autorizada para el sector sanitario, junto a plazas que no computan en dicha tasa, como la puesta en marcha de nuevos servicios. Por otro, la citada tasa específica incorporada para reducir la temporalidad y anticipar las jubilaciones previstas.

Según la Junta, una parte relevante de las nuevas incorporaciones se destina a acompañar la apertura y ampliación de infraestructuras sanitarias, reforzar la atención primaria y consolidar programas estratégicos como los cribados poblacionales de cáncer. En este contexto, la oferta incluye también plazas de nueva creación, como la reciente categoría de podólogo, y refuerzos estructurales orientados a garantizar la continuidad y la calidad de la atención sanitaria.

Bajo este contexto, la ejecución de la Oferta de Empleo Público deberá desarrollarse en un plazo máximo de tres años y las convocatorias se realizarán mediante procedimientos que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, con tramitación electrónica obligatoria.