Ocho bancos dejan sin respuesta la petición del Gobierno de Aragón de ofrecer sus pisos vacíos a la bolsa de alquiler social
Ocho entidades bancarias, entre las que se encuentran las principales del país, no han respondido a la petición del Gobierno de Aragón para que aporten viviendas vacías y sin uso a la Bolsa de Alquiler Social, según se desprende de una respuesta parlamentaria del consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, al diputado de Podemos Raúl Gay.
Soro explica cómo solo tres de las once entidades financieras con las que los responsables de la Dirección General de Vivienda, que lleva Mayte Andreu, han mantenido reuniones para tratar de lograr cesiones han accedido a hacerlo.
Estas tres, las aragonesas Caja Rural de Teruel y Bantierrra y la catalana CaixaBank, “están en disposición” de hacerlo “mediante la suscripción de un convenio o bien mediante cesión directa”, señala el consejero.
La primera ofrece nueve casas en varias localidades de Teruel en las que existen demandantes de vivienda. La segunda se abre a aportar tres en Zaragoza y nueve en La Muela, aunque para que el Gobierno de Aragón pueda incluir estas últimas en la bolsa social habrá que esperar a que la entidad financiera termine de rehabilitarlas.
Y, por último, la tercera tiene el “compromiso de ceder un mínimo de 25 viviendas en 2018”, si bien varias de ellas se encuentran en proceso de rehabilitación, y se ha ofrecido a incrementar ese número en los dos próximos años.
Más de 4.000 pisos que ni venden ni arriendan
Por el contrario, los contactos no han dado resultado con las rescatadas y en vías de fusión Mare Nostrum y Bankia, con tres de los principales bancos del país como Santander, BBVA y Sabadell, con el extinto Popular (adquirido por un euro por Santander hace poco más de un año) ni con las cajas bancarizadas Laboral Kutxa e Ibercaja.
Llama la atención la postura de los bancos cuando, según los datos que maneja el Gobierno de Aragón, el sector financiero acumula en la comunidad 4.137 pisos y casas vacíos que ni vende ni alquila, la mayoría de ellos procedentes de ejecuciones hipotecarias y de acuerdos de liquidación de deudas tanto con particulares como con empresas.
De hecho, la mayoría de esos bancos y cajas bancarizadas mantienen acuerdos con fondos de inversión y con grandes inmobiliarias para sacar al alquiler ese parque de viviendas y/o para venderlo con grandes rebajas.
Así ocurre con la sociedad creada por Santander con Blackstone para colocar su ladrillo y el del absorbido Popular en el mercado del arriendo y con los acuerdos de Ibercaja con Casaktúa, de BBVA con Cerberus o de Bankia con Haya Real Estate. Necesitan sacárselas de encima para deducir sus gastos en suministros y comunidad y para sanear sus balances, ya que la normativa financiera les obliga a provisionar el 75% de su valor.
La oposición del Gobierno central
El Gobierno de Aragón, primero y mediante el Decreto de Emergencia, y las Cortes de Aragón después con la Ley de Emergencia, establecieron que los pisos propiedad de la banca y de grandes propietarios que llevaran más de seis meses vacíos debían ser aportados a la bolsa de alquiler social para alojar a familias sin techo, especialmente a las víctimas de desahucios.
Sin embargo, los recursos del anterior Gobierno central ( ) contra esas normas provocaron su suspensión por parte del Tribunal Constitucional, con lo que a la comunidad autónoma únicamente le queda la vía de la negociación.
Esta situación se da mientras el precio de la vivienda encadena subidas en la comunidad, tanto en la venta como en el alquiler, aunque la burbuja que se estaba inflando en torno a esta modalidad comienza a deshincharse.
Esa es una de las principales causas de que los desalojos por impago, ya sea de rentas o de préstamos, alcanzaran el año pasado la cifra de 1.789 en la comunidad: los jueces solo apreciaron vulnerabilidad en 240 de ellos, uno de cada siete; mientras que los realojos solo alcanzaron a 90 de estos últimos, uno de cada veinte del total.
